En la Cámara de Diputados, el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) sacó un as bajo la manga y recurrió a una herramienta constitucional que carece de antecedentes prácticos: impulsó una moción de censura contra Guillermo Francos, el responsable de aplicar la ley. En efecto, es el jefe de Gabinete quien, según el artículo 19 de la norma sancionada, está facultado a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias” necesarias para cumplir con el financiamiento.
Agost Carreño le sacó lustre al artículo 101 de la Constitución Nacional y presentó un proyecto de resolución en el que pide citar a Francos a una interpelación para iniciar el tratamiento de una moción de censura. Aunque el mecanismo no está regulado, el funcionario debería asistir al recinto para someterse a un interrogatorio de los diputados, que finalmente podrían aprobar la moción con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los miembros presentes: un número al alcance de la oposición actual. La consecuencia directa sería ni más ni menos que la remoción del jefe de Gabinete.
En su propuesta, Agost Carreño incluyó cinco causales para la moción de censura: nulidad e ilegalidad del decreto 681/25; incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793); violación de la división de los poderes del Estado; incumplimiento en la asignación de partidas; incumplimiento de la Ley de Administración Financiera; y “cualquier otra cuestión que decida incluir el pleno al momento de la comparecencia”.
“El decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta. No existe resorte constitucional que contemple la opción de ‘devolver’ al Congreso una ley sancionada. Forma parte de la vocación del Ejecutivo de continuar gobernando discrecionalmente y sin la ‘molestia’ de este Congreso”, señaló Agost Carreño, candidato a renovar su banca por el PRO. La iniciativa fue acompañada por Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón y Mónica Fein, todos integrantes de Encuentro Federal.
En un carril paralelo, el diputado Paulón amplió una denuncia penal que había formulado ante la Justicia el jueves pasado contra Milei, Francos, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el director del Boletín Oficial, Walter Rubén González, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El legislador socialista remarca que la ley tiene que estar reglamentada el 4 de octubre, fecha en que se cumplen 30 días desde su sanción.
“Esto es inédito. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente. El presidente tiene todas las herramientas para implementar la emergencia porque se ha estipulado una ampliación y reasignación de partidas presupuestarias”, advirtió Paulón al asentar la denuncia en los tribunales de Comodoro Py.
El decreto es, para los diputados de la oposición, nulo de nulidad absoluta. “Pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, advirtió el diputado y titular de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. En el mismo sentido, Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, indicó que “la ley no es un consejo, sino una obligación”.
Esta posición también fue abonada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien sostuvo que el decreto “viola objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes” y también “lesiona los derechos de las personas con discapacidad”.
Gil Domínguez sostuvo que ante esta situación, hay tres vías de acción posibles: las personas afectadas pueden promover acciones de amparo de forma individual y colectiva; cualquier persona puede realizar una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como la que efectuó el diputado Paulón; o incluso se podría iniciar un juicio político contra Milei por mal desempeño en el cargo y comisión de delitos.
