El gobierno de Juan Manuel Llamosas asumió en 2016 con un compromiso que convirtió en un caballito de batalla:las declaraciones juradas de los funcionarios dejarían de ser secretas y pasarían a estar a disposición de los riocuartenses en el portal web de la Municipalidad. Fue una acción política pero también una declaración de principios. Seis años después, un funcionario de ese mismo gobierno, Martín Herrera, dice una y otra vez en un escrito oficial que las notas que se publicaron en este diario sobre su declaración patrimonial y la ostensible ausencia en ella de 5 departamentos valuados en 85 millones de pesos estuvieron guiadas por la mala fe o, en su defecto, por el desconocimiento.

En el mismo texto que presentó ante el Concejo Deliberante, Herrera, subsecretario de Deportes, admite cada uno de los hechos que aparecieron en las notas de Puntal:que compró los departamentos por 735 mil dólares, que se formalizaron los boletos de compraventa, que el juez Fernando Caunedo estableció que tiene derechos sobre los inmuebles y que, además, esos bienes no fueron consignados en la declaración jurada (Herrera dice que en ese punto actuó correctamente).

Pero, aún así, el exjugador señala, en un escrito evidentemente confeccionado por un abogado, que hubo mala fe. Lo que el subsecretario no menciona es que este diario le pidió un reportaje por las vías institucionales de la Municipalidad, que nunca dio respuesta, que aún así se entrevistó a su abogado José Luis Pelleriti y que las declaraciones se reprodujeron íntegras, incluso los párrafos en los que acusó al medio de tener intencionalidad política.

¿Dónde está entonces la mala fe si una y otra vez se buscó la palabra del funcionario y se publicó palabra por palabra la postura de su defensor? En el fondo, lo que parece molestarle a Herrera es un ejercicio democrático básico y constitutivo de la función pública: dar explicaciones de los actos o de las omisiones. Pudo expresarse, defenderse, desacreditar al diario o a la investigación si así lo pretendía, pero primero prefirió el silencio y, ahora la descalificación.

Herrera también tuvo la opción de ir al Poder Legislativo y responder públicamente allí, como corresponde, las preguntas que tenían para hacerle los concejales. Optó por escudarse detrás de un escrito que, por otra parte, el oficialismo no se encargó de difundir. Un escrito reiterativo en el que evidencia su molestia por el trabajo periodístico más elemental.

Herrera ya debería asumir que no es un jugador de fútbol sino un funcionario público, político, que debe, aunque le pese, respetar y aceptar que la prensa y los controles existen.