“Vamos a revertir esa narrativa. Porque no se ha probado lo que acusan. Porque Brenda no es un monstruo, es una joven inocente que fue señalada en solitario mientras se abandonaban otras líneas de investigación”. Así lo afirma Gustavo Nievas, abogado defensor de Agüero, quien anticipa un alegato firme, técnico, pero también humano.
Nievas sostiene que los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini basaron su pedido de condena perpetua en apreciaciones subjetivas, sin sustento probatorio sólido. “Se limitaron a citar testimonios sin explicar por qué creen en unos y descartan otros. No ofrecieron un marco legal que le permita al jurado popular decidir con tranquilidad. No es una cuestión de gustos personales, es una cuestión de pruebas”, denuncia.
Para el defensor, el juicio, que lleva más de 40 audiencias, ha mostrado dos realidades paralelas: por un lado, la necesidad legítima de justicia para las familias, y por otro, la construcción de una hipótesis única que focalizó toda la responsabilidad en una enfermera de 27 años, aislándola del contexto institucional y del caos que reinaba en el Neonatal.
“Nosotros nunca negamos que hubo descompensaciones ni muertes. Lo que decimos es que Brenda no tiene vínculo con esos hechos. No hay nadie que la haya visto manipular una jeringa, no hay huellas, no hay videos, no hay mensajes, no hay registros clínicos que la incriminen. Ni siquiera hay un solo indicio directo de que ella haya estado sola con alguno de los bebés fallecidos en el momento crítico”, insistió Nievas.
El caso se centra en cinco muertes de bebés ocurridas entre marzo y junio de 2022, y en otros ocho recién nacidos que sufrieron descompensaciones severas en condiciones similares. Según la acusación, esos episodios fueron provocados por inyecciones intencionales de potasio, una sustancia que en dosis altas puede ser letal. Pero la defensa insiste en que los cargos se sostienen sin pruebas directas y con muchas zonas grises.
Nievas también cuestionó la desigual valoración de las declaraciones de los imputados. “La doctora Marta Gómez Flores habló tres horas, explicó causas posibles de muerte, aportó argumentos médicos, y le piden cuatro años de prisión. En cambio, el exministro Diego Cardozo habló de sus sentimientos y de lo que él creía que había pasado y dijo en 15 segundos que cree que hubo ataques intencionales y se retiró. Por decir lo que querían escuchar, le piden una pena condicional. Eso no es justicia, es conveniencia”, criticó.
La figura de Agüero ha sido el centro del juicio. Detenida desde 2022, acusada de haber inyectado potasio a varios recién nacidos, enfrenta cargos por homicidio calificado por procedimiento insidioso y tentativa de homicidio en los casos de los bebés que sobrevivieron. Pero la defensa insiste en que las pruebas son circunstanciales. Incluso refutan uno de los argumentos más repetidos: la presencia de documentos sobre potasio en su celular. “Los PDFs no los descargó ella. Le llegaron por WhatsApp en un grupo de más de 300 profesionales. Eso se probó en pericia informática”, dijo Nievas.
En paralelo, Vanesa Cáceres, madre de uno de los bebés fallecidos, ha sido una de las voces más firmes desde el lado de las víctimas. Su relato conmueve. “Nos fuimos del hospital sin saber qué había pasado con mi hijo. Nos dijeron que no entendían el daño en su corazón. Nunca hubo una explicación médica. Y después supimos que no era el único caso. Había un patrón. Y nadie hizo nada”, dice con la voz quebrada.
Para Vanesa, no hay dudas, asegura que el hospital operó durante meses con una lógica de silencio, ocultando información, minimizando muertes, evitando autopsias. “Nos daban a elegir entre autopsia clínica o judicial. Pero una autopsia clínica no detecta potasio. No te permite saber si hubo un acto criminal. Y nosotros ni nos imaginamos esto, solo queríamos volver a nuestra casa”, relata.
Nievas reconoce que el dolor de las madres es real, pero advierte que no se puede construir justicia sobre un chivo expiatorio. “Desde el primer día se descartaron otras hipótesis: medicación en mal estado, errores de farmacia, enfermedades congénitas. Incluso dijimos que se debía investigar a la empresa tercerizada que repartía medicamentos en el hospital. Nunca lo hicieron. Era más fácil decir que había una asesina serial y listo”.
Según la defensa, Brenda Agüero no tenía ni el poder, ni el conocimiento, ni la información para perpetrar los crímenes que se le imputan.
El proceso judicial ha sido descrito como histórico y sin precedentes en Argentina, tanto por la gravedad de los hechos como por la cantidad de funcionarios imputados. El juicio se encuentra en su tramo final, con la expectativa de que en las próximas semanas se presenten los alegatos finales y se dicte sentencia.
El juicio más doloroso que recuerda Córdoba también será, en definitiva, una prueba de hasta qué punto la justicia puede sostenerse en la verdad y no en la necesidad urgente de encontrar un responsable, como así también de valorar la responsabilidad de los funcionarios públicos y la independencia de los poderes.
