La doctora Victoria Camañano explicó que la norma también fija una pena máxima privativa de la libertad de 15 años e incorpora otras formas de resolución de conflictos, como la mediación penal juvenil y la justicia restaurativa. Estas alternativas, señaló, responden a las convenciones internacionales ratificadas por el país, donde la privación de libertad debe ser el último recurso.
Sin embargo, Camañano fue clara en que una ley por sí sola no alcanza. Advirtió que muchos de los adolescentes que ingresan al sistema penal provienen de contextos de exclusión: familias con dificultades para contener, deserción escolar y situaciones de consumo problemático. En ese marco, sostuvo que junto a la normativa resulta imprescindible contar con programas de acompañamiento, equipos interdisciplinarios y supervisión territorial para que las respuestas que busca la sociedad puedan concretarse.
El panorama en Córdoba
Consultada sobre la situación en Río Cuarto y en Córdoba, la especialista señaló que la provincia cuenta con un único instituto para medidas privativas de libertad: el Complejo Esperanza, al que deben ser trasladados todos los adolescentes que reciben esa sanción. Indicó que se están proyectando nuevas estructuras para dar respuesta a la nueva normativa, y que el funcionamiento de la Secretaría de Niñez y Familia, a través de sus cuerpos interdisciplinarios, resulta clave para acompañar las medidas no privativas de libertad.
Para Camañano, el verdadero desafío no pasa por aplicar las penas más graves, sino por poner a disposición mecanismos que logren la rehabilitación del joven. Subrayó que cuando un adolescente cumple una medida y regresa al mismo entorno del que fue apartado, sin intervención del Estado, el riesgo de reincidencia es alto. Por eso insistió en que el Poder Judicial no puede ser el único actor: otras órbitas del Estado deben asumir el compromiso de generar programas que prevengan nuevas conductas y acompañen el proceso de reinserción.
La doctora también llamó a no perder de vista la complejidad del fenómeno. Lo comparó con un iceberg: la sociedad ve la punta, que es el delito, pero debajo hay problemáticas estructurales que requieren políticas públicas integrales. En ese sentido, consideró que la visibilidad que ganó el tema con la nueva ley debería traducirse también en mayor atención a esos factores subyacentes.
