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El ente, el socio y una fractura oportuna

El tema inseguridad se instaló con fuerza en los últimos días en la ciudad. A eso se sumó una crisis en el ex-Edecom denunciada por Walter Carranza, un sindicalista afín al Municipio. Interna, elecciones y una reacción tardía, las claves del conflicto

El video captado por un automovilista sorprende por su violencia. Parece de otra ciudad: se ve a un chico que, con un arma en la mano, golpea furiosamente a otro que está tirado en el suelo e intenta protegerse. Es pleno centro: la esquina de Alvear y Buenos Aires.

El agresor, de 16 años, fue identificado por la Policía esa misma noche pero la Justicia se demoró 72 horas en ordenar la detención.

Pocos días antes una chica había denunciado que intentaron secuestrarla también en el microcentro. Su testimonio tuvo una fuerte repercusión en las redes y se sumó a otros cuatro episodios similares. Por lo bajo, en el oficialismo sospechan de esos relatos pero hay una investigación policial en marcha.

La sucesión de hechos y testimonios, sumada a los robos y delitos violentos de todos los días, tuvieron impacto y generaron una rápida instalación del tema de la inseguridad en la agenda pública.

La explicación para la violencia, para la inseguridad, tiene raíces profundas, que combinan lo económico, lo social, lo simbólico, las frustraciones, las expectativas o la falta de ellas y tantos otros elementos. Es, para usar un término de moda, multicausal. Pero el combate a la manifestación de la inseguridad se trata de una tarea eminentemente policíaca y, por supuesto, judicial.

En ese punto es una responsabilidad del gobierno provincial. Por eso mismo, el vicegobernador Manuel Calvo se vio en la obligación el viernes de hablar del tema en Río Cuarto: dijo que el gobierno está encarando el problema y, a la vez, acusó a la oposición de intentar un aprovechamiento partidario.

La inseguridad es, obviamente, también un hecho político. Sobre todo, por el costo que genera a los gobiernos. Las causas pueden ser diversas pero la gente, muchas veces aguijoneada por el temor que genera una cadena de delitos, no suele ser demasiado analítica a la hora de asignar culpas.

Cuando la inseguridad escala en la lista de las preocupaciones ciudadanas, a la vez se afianza una sensación de indefensión y de ausencia del Estado. En Río Cuarto hubo un episodio que contribuyó a intensificar esa percepción de desprotección: mientras el tema se instalaba en la agenda, surgió un conflicto en el ex-Edecom, el ente encargado de controlar la noche y la calle.

En el plano puramente político es verdad que la oposición, Juntos por Río Cuarto, consiguió después de mucho tiempo anotarse un logro: al menos por unos días estableció la agenda sobre la que giró la política local. La audiencia ciudadana que organizó el viernes en la Sociedad Española habría pasado casi desapercibida en otro momento.

El contexto lo favoreció y supo aprovecharlo pero también de contexto se hace la política.

El gobierno municipal percibió tarde que el tema lo incluía y lo comprometía. Intentó en un primer momento bajarle el precio adjudicándole a la oposición una actitud de oportunismo de bajo vuelo. No dimensionó en las primeras horas que la denuncia de un aliado político, que señaló que el ente de control estaba siendo vaciado y que en señal de protesta no habría operativos en las calles este fin de semana, afianzó la imagen de un Estado ausente.

Quien declaró que al ente lo estaban desmantelando fue Walter Carranza, secretario general del sindicato de municipales, que está en plena campaña por la reelección. En ese punto hay dos componentes: es verdad que Carranza usó al Edecom como argumento de campaña pero, a la vez, el problema de base existía: se fue acumulando una situación de conflicto en el ente que generó el riesgo inminente de un fin de semana sin inspectores en las calles.

Lo que denunciaron el sindicalista y la oposición es grave: no sólo por el supuesto vaciamiento sino porque, además, hablaron de operativos que se desarticulan para favorecer a funcionarios que necesitan zonas liberadas después de una fiesta, o que se levantan actas y se aplica el “siga, siga” cuando el infractor es un amigo con contactos en el ex-Edecom.

El ente siempre ha sido el principal dolor de cabeza para Llamosas. Por eso, cuando el conflicto empezó a escalar en repercusión, el jefe de Gabinete, Julián Oberti, convocó a Marcelo Bressan, secretario de Servicios Públicos, y a Cecilia Márquez, titular del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, para encontrar una salida inmediata.

Finalmente hubo un acuerdo pero jamás quedó demasiado claro ni el origen de las acusaciones ni de la medida de fuerza dentro del Edecom. El viernes el Municipio anunció que la situación estaba normalizada y que los operativos se harían como siempre pero no ofreció una información detallada ni del acuerdo ni de cómo seguirá el ente de ahora en más.

En el conflicto se mezclaron, en realidad, factores políticos, internos y funcionales. Desde Servicios Públicos y la conducción del Ente aseguran que no hay un vaciamiento, que se trató de una declaración desmesurada e intencionada de Carranza. Lo que sí ocurrió, admiten, es que en los últimos meses se produjeron traslados de inspectores a la órbita del EPU (Ente de Prevención Urbana) para reforzar la vigilancia en el centro. En sintonía con la Provincia y ante el crecimiento de los delitos, la Policía se dedicaría más a los patrullajes en los barrios y el EPU al casco céntrico.

Es decir, el Edecom fue perdiendo personal. Además, había quejas por la falta de equipamiento y apoyo. El acuerdo al que llegó la conducción es que se contratará a más inspectores y se proveerá de los elementos que reclaman quienes deben afrontar las noches de los fines de semana.

El episodio avivó además la interna en el Municipio. Hay quienes le reprochan a Bressan y a Márquez un estilo de conducción verticalista y cerrado. La acumulación de malestar derivó, señalan, en la crisis de los últimos días.

Pero, además, otro elemento que contribuyó fue el proceso electoral que afronta Carranza. El titular del gremio reaccionó ante lo que interpretó como un vaciamiento de uno de sus dos pilares de sustentación política: el ex-Edecom y el Corralón. De ahí que armó un hecho político a partir de una crisis que se venía macerando.

En la situación hubo elementos llamativos: uno es que Carranza es un aliado incondicional del intendente Juan Manuel Llamosas; el otro, es que tiene una extensa relación con Bressan, de larga permanencia como abogado del gremio. Por eso hay quienes interpretan que podría ser una jugada acordada para cobrarse algunas facturas internas. De todos modos, si así fuera, el precio fue demasiado alto: si la intención era remover a la cúpula del ente, se podría haber sondeado otro camino que no le generara un costo político al gobierno en su conjunto.

Oficialmente, en el Palacio desestiman de plano esa versión. Adjudican por completo la situación a una movida de Carranza destinada a su reelección.

El gobierno asegura que es prescindente en la elección del gremio pero, por lo bajo, admiten que mantienen una sociedad afianzada con Carranza. Nadie se lamentaría, ni mucho menos, si vuelve a ganar. El sindicalista ostenta cifras que avergonzarían a cualquiera de sus colegas: cuando Llamosas llegó al gobierno, en 2016, los sueldos de los empleados representaban el 43,7% de los ingresos corrientes; hoy esa cifra se ubica apenas en el 17,6%. Se trata de un gobierno peronista con un sindicato en manos de un peronista que tiene en su perfil de WhatsApp una foto con Saúl Ubaldini.

“La verdad, es un desastre. Pagamos los sueldos más bajos del país”, se sinceró un funcionario.

Con ese cuadro de situación, lo lógico sería que Carranza no pudiera ni ser candidato. Sin embargo, tiene las chances intactas para conseguir un período más. No por sus méritos sino por el simple hecho de que la oposición va dividida. Una jugada de manual.

Una de las listas opositoras está encabezada por Diego Pintos, un dirigente de 41 años. En la otra va Jorgelina Fernández, que es directora del Registro Civil.

Fernández cultiva un perfil combativo contra el gobierno municipal y ha organizado marchas de “autoconvocados” indignados por los sueldos; sin embargo su posición genera suspicacias: la Dirección del Registro Civil es un cargo político; es decir surge de una decisión del oficialismo.

Y aunque su discurso esté revestido de ultrakirchnerismo y repudie a las gestiones de Llamosas y Carranza, en el plano fáctico su candidatura y su empecinamiento por quebrar a la oposición son abiertamente funcionales tanto al sindicalista como al gobierno. Si el actual titular del gremio vuelve a ganar será por obra y gracia de una oposición fracturada.

“A nosotros nos conviene”, dijo socarronamente un funcionario de Llamosas.

Como siempre, en política no todo es lo que parece.