Para argumentar estas dos definiciones dio como ejemplos que el Inta cuenta con 110 mil hectáreas de campo en distintas partes del país y más de 6 mil trabajadores y unos de 2.400 vehículos. Allí apuntó que, en la gestión anterior hubo un ingreso compulsivo de empleados. Sin embargo, eso no es lo que ocurrió en las dependencias que el organismo técnico del agro tiene en Córdoba.
En la provincia, hay actualmente 336 trabajadores en el Inta, en todas sus sedes. Pero el dato destacado es que en 2015, hace 10 años, había 434. Es decir, que, de acuerdo a las cifras oficiales que están disponibles en el organismo, hubo un recorte de personal del 23%.
Al tomar los datos por segmento de trabajadores se observa que en 2015 había 300 de planta permanente contra los 303 actuales, lo que se mantuvo sin cambios de punta a punta. En el medio hubo un crecimiento con un pico de 340 en 2023, el último año de gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, en ese período, el total de empleados alcanzó los 378, menos que en 2015. Presumiblemente hubo un pase de planta no permanente a planta. En 2023, hubo sólo 26 trabajadores temporales contra los 90 de 2015, una cifra que se mantuvo en esos valores -alcanzó los 108 en un momento- hasta 2020. A partir de allí comenzó un descenso brusco.
Finalmente, con respecto a los becarios, estos pasaron de 27 en 2015 a sólo 11 este año.
Los otros cambios
En el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, además se dispone la transformación del Inta en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto es, pasa a ser una dependencia más de esa cartera que a su vez depende del Ministerio de Economía de la Nación. Pierde así su autonomía de gestión.
A su vez, reemplaza su conducción colegiada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo que será asistido por un Consejo Técnico ad honorem que preservará la representación de los productores y definirá los lineamientos científicos-técnicos del organismo. Ya no tendrán participación los representantes de las facultades de Agronomía y Veterinaria del país. Uno de esos asientos perdidos lo ocupaba el riocuartense Guillermo Bernardes, por las facultades de Veterinaria. Algunos de esos puntos fueron rechazados por las entidades del campo que reclamaban la continuidad de la autarquía del Inta, su conducción colegiada y la estructura de centros experimentales.
“La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el Inta contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación”, remarcó el ministro Sturzenegger.
Esta estructura que se extiende a lo largo de todo el país es la que las entidades del campo querían sostener para garantizar el respaldo a productores de las más variadas actividades agropecuarias que van desde Jujuy a Ushuaia. Y allí resta resolver además qué ocurrirá con esa estructura: ¿continuarán las agencias de extensión rural como la de Río Cuarto?
Según indicó el funcionario, “su presupuesto de gastos anuales es de $224.000 millones, mientras que los recursos asignados al organismo son de $411.000 millones, provenientes de una contribución sobre las importaciones y una parte de la recaudación de la tasa estadística. ¿El dato que expone el absurdo? Que los $411.000 millones asignados en recursos al Inta equivalen al 47,5% de lo recaudado por retenciones al maíz”, indicó Sturzenegger.
En un párrafo aparte, el ministro destacó “un dato revelador: el Inta posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país. De ese total, solo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos. En el resto no sabemos qué ocurre”, deslizó el funcionario nacional.
