En un momento en que la circulación de noticias falsas a través de las redes sociales se ha transformado en una problemática de primer orden, dado que su potencial de daño tiende a incrementarse en tiempos de crisis sanitaria, ha generado un breve pero intenso revuelo el anuncio de que en el Gobierno se planea una regulación de los portales de Internet. Más allá de la inmediata y tajante desmentida de la existencia de una iniciativa en ese sentido, y de la atribución del malentendido a una mala interpretación del medio que le dio difusión, resulta oportuno recordar los límites que debe reconocer el Estado a la hora de lidiar con este desafío para que las soluciones que ofrece no sean peores que el mal que aspira a conjurar.
La supuesta regulación de contenidos fue anunciada por la televisión pública a partir de una entrevista con el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, referida a la creciente preocupación oficial sobre la proliferación de las llamadas “fake news” en sitios web informativos, reproducidas además por Twitter, WhatsApp o instrumentos similares. Apenas horas después, un comunicado firmado por el presidente del mismo organismo negó que estuviera en estudio algo semejante, y el mismo López aclaró que nunca había dicho lo que el medio estatal le atribuyó.
La afirmación de que se trató de un error resulta en alguna medida tranquilizadora, pero no alcanza a despejar del todo las suspicacias, cuando es evidente que la vocación por controlar en la medida de lo posible el flujo informativo está en el ADN de muchos de los integrantes del actual oficialismo. Si bien el presidente Alberto Fernández se ha empeñado en dar señales de apertura y tolerancia -más allá de alguna reacción destemplada-, los antecedentes de las administraciones de las que se dice heredero y continuador le juegan en contra: basta recordar la transformación, intervención del Indec mediante, de la mentira en política de Estado, que incluyó la persecución de quienes difundían información que contradijera las cifras de inflación y pobreza que dibujaba el organismo.
En ese marco, si desde una fuente oficial -y la televisión pública lo es, aun cuando López no haya dicho exactamente eso- se habla de regular contenidos, no puede evitarse cierto erizamiento de piel. Esto es, el temor de que una supuesta preocupación por asegurar, en el marco de la presente “infodemia”, que al público le llegue información veraz, encubra la intención de garantizar exactamente lo contrario, a través del amordazamiento de cualquier voz disidente.
Sin duda, es abrumadora la cantidad de mentiras, muchas de ellas delirantes, que circulan por Internet, y algunas pueden resultar realmente peligrosas en un contexto como el actual, al inducir a la población a actuar de manera inadecuada frente a la amenaza del Covid-19. En consecuencia, nunca será excesiva la reiteración de la advertencia de que siempre será un error guiarse por posteos emitidos por fuentes no reconocidas, dado que la falta de un editor responsable las habilita a decir prácticamente cualquier cosa.
Sin embargo, si se aceptara una normativa oficial para “regular” lo que circula por las redes, se le estaría dando a un gobierno la posibilidad de operar no solamente sobre las “fake news” sino sobre cualquier tipo de información molesta, y de utilizar la excusa de ir en defensa del interés público para proteger sus propios intereses. Cabe esperar que lo de ayer haya sido efectivamente producto de un error, y no un globo de ensayo sobre una idea sobre la que habrá de volverse más adelante.