Hay que pasar el verano, decíamos cuando arreciaban los agoreros que veían en cada esquina un foco de incendio, y parece que hasta ahora vamos bien. El riesgo país no para de caer, el dólar volvería a costar treinta pesos si el Banco Central no saliera de lástima a contener a los que ahora corren para sacárselo de encima y la cotización de las empresas argentinas en Wall Street pega unos saltos que asustan más que las citaciones a sus CEOs provenientes del juzgado de Bonadio. La recuperación de los números de la producción industrial, de los patentamientos o de las ventas en supermercados y shoppings, es cierto, todavía te la estoy debiendo, pero bueno, algunos rebotes tenemos que dejar para el segundo semestre, no vaya a ser cosa que las tarifas de gas nos congelen las ganas de votar por la continuidad del cambio. Lo bueno es que la tranquilidad que se verifica en la economía nos da la oportunidad de abordar otras cuestiones que los medios de comunicación somos tan proclives a minimizar, como por ejemplo esas noticias sobre la inseguridad, que tan relegadas han estado de la agenda pública en los últimos años, pese a la seriedad con que acostumbran abordar la problemática sus responsables políticos, judiciales y policiales.
El caso del motochorro colombiano liberado después de pagar 700 pesos, por ejemplo, ha dejado múltiples aristas para el debate, particularmente a partir de la intervención del Presidente de la Nación, esclarecedora como todas las que realiza Mauricio cuando puede distraer un instante de sus importantes obligaciones de gestión -y no menos importantes deberes de descanso, que nadie lo quiere estresado y falto de sueño a la hora de tomar decisiones- para opinar en modo “ciudadano común”. Porque dígame usted, ciudadano común, cuando ocurre algo que lo indigna, ¿qué es lo que espera de un político, más que escucharlo aclarar que él también está indignado? Si es así, podemos quedarnos tranquilos, porque con Mauricio en la Presidencia se me hace que tenemos mucho por delante para seguir indignándonos juntos.
La salida al ruedo del tipo tiene un mérito adicional, aunque por ahí un poco indignante. Después de dejar trascender que no tenía nada que decir porque “los jueces hablan sólo a través de sus sentencias”, la jueza a cargo del caso, la recién presentada en sociedad Patricia Guidanchut, se vio impulsada a salir a brindar explicaciones adicionales, y qué más quiere el ciudadano indignado que acceder al pensamiento de una mente jurídica privilegiada como la actuante en este caso. Tanto más cuando sus oscuras aclaraciones multiplican los ángulos de enfoque del debate, por ejemplo así:
1) En primer lugar nos impresionó su argumento de que le había impuesto al colombiano una multa de 700 pesos porque es una suma acorde con “las posibilidades del acusado”. Una manera de decir que la calle está verdaderamente dura para los motochorros, que la recesión también llegó a una actividad en otro momento próspera a la que numerosos jóvenes argentinos, o extranjeros de buena voluntad que quieran habitar nuestro suelo, podían recurrir para concretar sus sueños de forjarse un futuro. Se alienta así la sospecha de que se trata de una jueza kirchnerista: sólo le faltó decir que antes de que el pueblo se dejara engañar por los globos amarillos y los cantos de sirena del neoliberalismo, salir a la calle en moto a cazar incautos garantizaba un ingreso digno para el grupo familiar, otro derecho conculcado por este modelo forjado por y para los ricos.
2) También nos vemos obligados a abordar su respuesta oportunista al hecho de que la crítica apuntara no sólo a la liberación del colombiano, sino a la de otro motochorro, uruguayo él, que tenía pedido de expulsión del país. Claro, como acá parece que no tenía a mano una buena explicación, se limitó a aclarar que en ese caso no había intervenido para nada, como si ese detalle menor fuera suficiente para descalificar la validez de una opinión tan calificada. La sugerencia de que el Presidente no se ocupa debidamente de informarse sobre los temas acerca de los que opina, concurrente con la de que no dispone de un equipo que le avise antes de que entierre una de sus extremidades –o las dos- en el barro, es otra chicana evidentemente kirchnerista. Que podría volverse macrista, es cierto, si se recordara que también a Cristina, en los dorados tiempos en que derramaba sus mieles el modelo nacional y popular, se le ha escuchado criticar a los jueces que “liberan y liberan” a los delincuentes atrapados gracias a la incansable labor de la policía. Pero claro, el modo “ciudadano común” (“ciudadane común” habría que decir ahora) lo ejercía de una manera mucho más discreta: en lugar de usar las redes sociales como Mauricio les pegaba por cadena nacional, con lo cual los latigazos pasaban virtualmente inadvertidos para el resto de los ciudadanes comunes.
3) Finalmente, queda la aclaración de que los jueces no son legisladores y si no les gustan sus fallos son los políticos los que deben modificar las leyes en las que se basan. Ajá. Como vemos, en su afán de chicanear, la jueza deja de lado la sofisticada línea argumental precedente, plena de vericuetos y circunvoluciones, para derrapar en un simplismo ramplón y pedestre. Claro, si no se quiere que los delincuentes sorprendidos in fraganti salgan en libertad antes de que sus víctimas terminen los trámites de la denuncia, por qué no sancionar una ley que disponga que, por ejemplo, los motochorros sorprendidos in fraganti (por tercera o cuarta vez, ponele, tampoco vamos a ponernos tan rigurosos con los muchachos que puedan haber cometido un error) permanezcan detenidos hasta el juicio. Sin embargo, esta idea tiene dos fallas que la vuelven impracticable: en primer lugar, da por sentado que los legisladores no tienen nada mejor que hacer que sancionar leyes semejantes. Y segundo, que si así se hiciera, ¿de qué hablarían los gobernantes cuando no quisieran aburrir a la gente hablando de economía, sobre todo en un año electoral?
La salida al ruedo del tipo tiene un mérito adicional, aunque por ahí un poco indignante. Después de dejar trascender que no tenía nada que decir porque “los jueces hablan sólo a través de sus sentencias”, la jueza a cargo del caso, la recién presentada en sociedad Patricia Guidanchut, se vio impulsada a salir a brindar explicaciones adicionales, y qué más quiere el ciudadano indignado que acceder al pensamiento de una mente jurídica privilegiada como la actuante en este caso. Tanto más cuando sus oscuras aclaraciones multiplican los ángulos de enfoque del debate, por ejemplo así:
1) En primer lugar nos impresionó su argumento de que le había impuesto al colombiano una multa de 700 pesos porque es una suma acorde con “las posibilidades del acusado”. Una manera de decir que la calle está verdaderamente dura para los motochorros, que la recesión también llegó a una actividad en otro momento próspera a la que numerosos jóvenes argentinos, o extranjeros de buena voluntad que quieran habitar nuestro suelo, podían recurrir para concretar sus sueños de forjarse un futuro. Se alienta así la sospecha de que se trata de una jueza kirchnerista: sólo le faltó decir que antes de que el pueblo se dejara engañar por los globos amarillos y los cantos de sirena del neoliberalismo, salir a la calle en moto a cazar incautos garantizaba un ingreso digno para el grupo familiar, otro derecho conculcado por este modelo forjado por y para los ricos.
2) También nos vemos obligados a abordar su respuesta oportunista al hecho de que la crítica apuntara no sólo a la liberación del colombiano, sino a la de otro motochorro, uruguayo él, que tenía pedido de expulsión del país. Claro, como acá parece que no tenía a mano una buena explicación, se limitó a aclarar que en ese caso no había intervenido para nada, como si ese detalle menor fuera suficiente para descalificar la validez de una opinión tan calificada. La sugerencia de que el Presidente no se ocupa debidamente de informarse sobre los temas acerca de los que opina, concurrente con la de que no dispone de un equipo que le avise antes de que entierre una de sus extremidades –o las dos- en el barro, es otra chicana evidentemente kirchnerista. Que podría volverse macrista, es cierto, si se recordara que también a Cristina, en los dorados tiempos en que derramaba sus mieles el modelo nacional y popular, se le ha escuchado criticar a los jueces que “liberan y liberan” a los delincuentes atrapados gracias a la incansable labor de la policía. Pero claro, el modo “ciudadano común” (“ciudadane común” habría que decir ahora) lo ejercía de una manera mucho más discreta: en lugar de usar las redes sociales como Mauricio les pegaba por cadena nacional, con lo cual los latigazos pasaban virtualmente inadvertidos para el resto de los ciudadanes comunes.
3) Finalmente, queda la aclaración de que los jueces no son legisladores y si no les gustan sus fallos son los políticos los que deben modificar las leyes en las que se basan. Ajá. Como vemos, en su afán de chicanear, la jueza deja de lado la sofisticada línea argumental precedente, plena de vericuetos y circunvoluciones, para derrapar en un simplismo ramplón y pedestre. Claro, si no se quiere que los delincuentes sorprendidos in fraganti salgan en libertad antes de que sus víctimas terminen los trámites de la denuncia, por qué no sancionar una ley que disponga que, por ejemplo, los motochorros sorprendidos in fraganti (por tercera o cuarta vez, ponele, tampoco vamos a ponernos tan rigurosos con los muchachos que puedan haber cometido un error) permanezcan detenidos hasta el juicio. Sin embargo, esta idea tiene dos fallas que la vuelven impracticable: en primer lugar, da por sentado que los legisladores no tienen nada mejor que hacer que sancionar leyes semejantes. Y segundo, que si así se hiciera, ¿de qué hablarían los gobernantes cuando no quisieran aburrir a la gente hablando de economía, sobre todo en un año electoral?