Tiempos peores

Quinteros eligió hacer un diagnóstico social para anticipar lo que pasará en materia de delito. “Muchas veces uno se come ese discurso que estamos bárbaro y que estamos repuntando de manera increíble en materia económica. Yo no lo veo en la calle. Veo cada vez más marginalidad, más gente en situación de calle, más violencia urbana, más intolerancia”, describió.

No suena precisamente tranquilizador en boca del ministro de Seguridad, pero al menos tiene el mérito de la sinceridad. En Río Cuarto, en el gabinete de Guillermo De Rivas, comparten la lectura: los índices que diariamente promociona el gobierno nacional hablan de una economía en recuperación pero parece estar costando el traslado del Excel a la realidad. “Ya estamos asistiendo a 12 mil o 13 mil personas todos los días. Nosotros vemos esa misma fragmentación y violencia latente de la que habla Quinteros”, señalaron. Es decir, para los dos gobiernos hay un correlato casi directo entre la economía a nivel social y familiar, las perspectivas y las expectativas y lo que ocurre en la calle en términos de inseguridad.

La explicación puede tener un origen nacional pero los costos políticos no se distribuyen con el mismo criterio: la seguridad, la lucha contra el delito es de competencia provincial, policial, y en los últimos meses también se ha transformado en una mochila para los intendentes. Guillermo De Rivas viene de enfrentar cuatro marchas que se convirtieron en su crisis de gestión más importante y que implicaron un desgaste de imagen.

Desde que asumió el gobernador Martín Llaryora, una de las grandes innovaciones en la política de seguridad, al menos la más visible, fue la creación de la Guardia Urbana, un cuerpo de agentes municipales pensado para colaborar con la Policía pero que rápidamente se convirtió en un problema en dos sentidos para los intendentes: les implica un gasto gigantesco -$ 400 millones por mes en Río Cuarto- y les transfirió ante la opinión pública la responsabilidad de la seguridad a los municipios. En una época de crecimiento del delito, los jefes comunales de las ciudades más importantes -Córdoba y Río Cuarto- empezaron a pagar rápidamente una factura doble: económica y política.

En el primer caso, la suerte parece estar echada: la gestión de De Rivas pidió asistencia provincial para solventar parte del gasto de la Guardia Urbana y recibió un no como respuesta. Pero en el plano político están empezando a insinuarse cambios.

Un indicio es lo que ocurrió en Córdoba capital, donde en medio de una reestructuración de gabinete, el intendente Daniel Passerini aprovechó para mover una ficha clave:hizo que Seguridad dejara de ser una Secretaría y pasó la Guardia Urbana a la órbita de la Justicia de Faltas. Es decir, decidió atenuar el componente político y potenciar el administrativo. Al depender del Juzgado de Faltas, la Guardia Urbana será más un área de control municipal, de infracciones y contravenciones, que un instrumento de lucha contra el delito.

El objetivo es devolver la seguridad a su ámbito de origen:la Provincia. El costo para los intendentes estaba siendo demasiado alto y la capacidad de actuación, sumamente limitada.

Algo similar está ocurriendo en Río Cuarto. Menos público, menos anunciado, pero también se encuentra en marcha:la intención del gobierno de De Rivas es que aquí también la Guardia Urbana pase a ser un órgano dedicado principalmente a la prevención y al control de las disposiciones municipales.

Que la Guardia Urbana se haya convertido en una especie de chivo expiatorio para la gente no fue inocuo en el plano político: los mensajes en las redes le apuntaban a la Guardia pero le pegaban a De Rivas. Ahora la pretensión del gobierno municipal, que en la campaña alentó la idea de que iba a encargarse de la seguridad, es que haya una reversión: que las áreas municipales vuelvan a enfocarse en obligaciones que le corresponden a la ciudad.

Porque lo contrario podría significar no solamente asumir una responsabilidad política creciente sino además un gasto cada vez más alto: si, como dice Quinteros, no se aproximan tiempos plácidos, la seguridad insumirá cada vez más recursos y, evidentemente, la Municipalidad no está en condiciones de aportarlos.

La semana pasada, Llaryora convocó a 400 intendentes para lanzar el Fondo Federal Cordobés, que implica la cancelación de deudas de los municipios por 13 mil millones de pesos -4.000 mil millones corresponden a Río Cuarto- y la creación de un mecanismo de financiamiento de obras por 113 mil millones.

El gobernador dijo que quiere una obra en ejecución en cada pueblo y ciudad. Lo presentó como un instrumento de asistencia a los jefes comunales pero contiene, por supuesto, también una dosis de cálculo propio: la infraestructura es un actor central en los años electorales.

Pero si bien los intendentes siempre quieren sumar obras, muchos de ellos, sobre todo los de los municipios de mayor tamaño, se encuentran ante una urgencia mayor: el día a día, los fondos que necesitan para funcionar, para pagar los sueldos, la luz, la higiene.

Passerini viene de anunciar en Córdoba un ajuste profundo porque el panorama económico-financiero para el resto del año es crítico. Algo no muy distinto ocurre en Río Cuarto: la gestión de De Rivas, que planteó como uno de los objetivos centrales de 2025 el equilibrio fiscal, está atravesada por un déficit mensual de 800 millones de pesos. Con el agravante de que tiene una espada pendiendo sobre su cabeza:si el Banco Nación le gana la pelea en la Justicia Federal y deja de pagar la tasa de Comercio e Industria ese rojo sumaría entre 1.100 y 1.200 millones de pesos por mes.

La Municipalidad emitió en abril una letra de Tesorería por 2.900 millones de pesos que le dieron la liquidez que necesita para funcionar; en junio está previsto que vuelva a salir al mercado. Pero para después hay incertidumbre:¿cómo se llegará a fin de año si la situación no mejora, si la economía que la gestión de Javier Milei juzga tan floreciente sigue sin ver reaccionar datos clave como el consumo y el poder adquisitivo?Si los sueldos siguen perdiendo contra la inflación, como ocurrió en el primer trimestre, cae el poder de compra y, por lo tanto, la recaudación de impuestos.

En la semana, De Rivas convocó a una reunión de gabinete para terminar de delinear un recorte de gastos de entre 500 y 600 millones de pesos. Y, sobre todo, para fijar prioridades de gestión. El esquema con que el intendente llegó al Palacio de Mójica hace 9 meses ya no existe: ahora hará foco en la contención social, la salud, la prevención, que considera prioritarias, y perderán peso áreas como Deportes, que en los 8 años de Juan Manuel Llamosas fue central, Educación y Cultura.

De Rivas ansía poner en marcha las obras que prometió en campaña pero lo hará al ritmo que permita la caja;lo mismo ocurrirá con el Presupuesto Participativo, uno de sus emblemas. A la vez habrá algunas señales para alinearse con los tiempos:se recortarán horas extra del personal, viáticos y teléfonos de los funcionarios.

Ese será el esquema de ajuste que regirá siempre y cuando el cuadro de financiamiento no empeore. Y mientras el Banco Nación, que pretende pagar sólo el 9% de lo que tributa actualmente, no se imponga en la Justicia. Si la situación se deteriora más, De Rivas ya lo advirtió ante la Cámara Federal de Córdoba:algunos servicios que hoy presta el Municipio no podrán seguir.