Se trata de un fuerte desafío que se da en medio de la puja por la actualización de los envíos para la Caja de Jubilaciones y la Ley de Equidad Jubilatoria.
El gobernador Martín Llaryora había anunciado una suba de la mínima a 800 mil pesos.
“Antes de fin de año incorporaremos más jubilados al beneficio del 82%”, prometió el mandatario provincial en el discurso inaugural del período legislativo en Laboulaye.
En ese sentido, trascendió que en El Panal, tal como se la llama a la Casa de Gobierno de Córdoba, la intención es que al 82% llegue el 80% de los jubilados del territorio provincial.
Y también expresó: “Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”.
Llaryora advirtió que “una eventual transferencia implicaría una fuerte caída de los ingresos de los jubilados provinciales y los colocaría en una situación similar a la que atraviesan hoy muchos jubilados nacionales, con serias dificultades para cubrir necesidades básicas y acceder a medicamentos” que ellos necesitan.
En ese contexto, cabe recordar “el envío a la Legislatura de la Ley de Equidad Jubilatoria, una norma que establece un esquema de esfuerzo solidario entre trabajadores activos y pasivos, bajo el principio de que quienes más ingresos perciben, más aportan”.