El desplazamiento de un juez sospechado de parcialidad
Poco después del megaoperativo que derivó en la detención de más de dos decenas de personas, entre las cuales se destaca una exfuncionaria de rango mediano muy cercana al expresidente Mauricio Macri, la separación del juez que lo había ordenado genera un fuerte remezón en el escándalo en torno de los presuntos hechos de espionaje ilegal que la administración actual adjudica a su predecesora. Independientemente de las dudas que se abren acerca del futuro de una investigación sobre la cual pesan amenazas que van desde la eventual demora en la sustanciación del expediente al regreso a fojas cero, el caso se suma a los tantos que de un modo u otro exhiben las serias perturbaciones que en la vida institucional representan los vínculos a veces explícitos y a veces ocultos entre la Justicia y la política.
La decisión de la Cámara Federal de La Plata, adoptada a pedido de las defensas de varios imputados, se basa en una “coincidencia” que ya había llamado la atención: parte de los hechos de presunto espionaje investigados por el juez Federico Villena habían sido facilita- dos por medidas ordenadas por él mismo. Así ocurrió específicamente con las tareas de inteligencia previa a las acreditaciones de periodistas para la Cumbre del G-20 de 2018, con la vigilancia en el Instituto Patria con la excusa de “proteger” a Cristina Kirchner y con las escuchas al narcotraficante Mario Segovia en el penal de Ezeiza, que permitieron registrar conversaciones luego filtradas a la prensa de exfuncionarios kirchneristas presos.
De hecho, estas disposiciones le habían valido a Villena invectivas y reproches de parte del kirchnerismo, que cuando era oposición lo acusaba de ser funcional al gobierno de Macri. Y del mismo modo, llevaron a que la hiperactividad que pasó a exhibir para avanzar en un expediente que comprometía seriamente a la administración a la que estaba sospechado de responder fuera interpretada como una sobreactuación mediante la cual buscaba lavar su imagen y congraciarse con las nuevas autoridades.
No es posible asegurar hoy si esta suspicacia tiene o no algún asidero. Pero al margen de ello, no se puede soslayar que Villena llegó a su cargo actual con el patrocinio de la ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia en tiempos de Macri, Silvia Majdalani, quien venía de cumplir un importante papel en el área durante el kirchnerismo. Por eso, el juez desplazado estaba en una posición en que cualquier camino que tomara iba a estar expuesto a ser juzgado a la luz de su conducta precedente, ya sea la que sirvió al sector político que lo promovió como la que resultó del agrado del otro: ambas tomas de posición adoptadas coincidentemente en momentos en que el beneficiario era oficialismo, y el perjudicado opositor.
Ya se había advertido que la posibilidad de que las investigaciones iniciadas en los últimos meses sobre la AFI anticiparan un verdadero cambio en la siempre turbia actividad de los servicios de inteligencia en la Argentina, y en particular en sus perversas relaciones con la Justicia Federal -las llamadas “cloacas de la democracia”- estaban acotadas por la aparente intención de limitarlas a lo ocurrido después de 2015, como si el espionaje ilegal hubiera sido una creación de Macri y sus colaboradores. Pero el peso del pasado que seguirá echando sombras sobre los procesos no sólo se remonta mucho más atrás, sino que recae muy en especial sobre muchos de quienes tienen la responsabilidad de transparentarlo.