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Continúa mañana el alegato de la fiscalía en el juicio "Vialidad"

Será la octava de las nueve audiencias solicitadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y se reanudará mañana desde las 8.30

Los fiscales que intervienen en el juicio oral y público en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas continuarán mañana con sus alegatos.

Se trata de la octava de las nueve audiencias solicitadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ya anunciaron que culminarán su exposición con pedidos de condena para los trece imputados de la causa, entre los que se encuentra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El juicio oral y público, que se reanudará a las 8.30, se realiza de manera semipresencial desde agosto de 2020 y está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que integran los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

En la causa se debate si las empresas de Báez resultaron beneficiadas con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas de manera irregular.

La fiscalía aseguró en las audiencias anteriores que en esas adjudicaciones hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos, mientras las defensas, que esperan su turno para alegar, plantearán que las obras fueron realizadas y que si alguna no se terminó fue por abandono atribuido al gobierno de Juntos por el Cambio.

Por el juicio pasaron todos los exjefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas, entre ellos el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, quienes descartaron que se hubiera direccionado la obra pública en favor de algún empresario en particular y detallaron cómo es el proceso de elaboración de los presupuestos nacionales y de la asignación de obra pública.

Cuando finalicen los alegatos de las fiscalía, los abogados defensores buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva mas de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.