En su alegato, Carlos Nayi solicitó la pena de prisión perpetua para Brenda Agüero, a quien considera responsable directa de los homicidios y tentativas de homicidio. En cuanto a los funcionarios, pidió seis años de prisión para el exministro de Salud, Diego Cardozo, y la misma pena para Liliana Asís, exdirectora del hospital. Para otros imputados como Claudia Ringelheim, Pablo Carvajal, Alicia Ariza, Adriana Moralez, Alejandro Escudero Salama, Marta Gómez Flores y Alejandro Gauto, reclamó condenas de entre cuatro y seis años de prisión efectiva, según el grado de responsabilidad. En el caso de María Alejandra Luján, solicitó una pena de tres años y medio de prisión, además de una multa económica e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Nayi también pidió que el hospital sea declarado responsable institucional por ejercer violencia contra las madres, tanto por los ataques como por las omisiones posteriores. Las familias nunca fueron informadas de que sus hijos formaban parte de un patrón de muertes anormales.
Por su parte, la defensora oficial Ana Pagliano, representante de otras tres madres y una bebé lesionada, se sumó al pedido de perpetua para Agüero y reclamó penas "severas" para los funcionarios. Fue más allá y solicitó al tribunal que, en caso de condena, se ordene su detención inmediata para evitar riesgos procesales y de entorpecimiento, señalando maniobras encubridoras y destrucción de pruebas.
Las penas solicitadas por Nayi y Pagliano superan las del fiscal de Cámara Sergio Ruiz Moreno, quien si bien también pidió perpetua para Agüero, reclamó penas condicionales o más leves para algunos funcionarios de mayor jerarquía. Esta diferencia generó malestar entre los familiares de las víctimas, quienes denunciaron un trato desigual.
Pagliano: “El encubrimiento fue sistemático”
En su extenso alegato, Ana Pagliano desmenuzó los planteos de la defensa de Agüero, refutando una a una las hipótesis de sesgo en la investigación, ensayos clínicos no autorizados o desorden organizacional.
“La prueba directa más un cúmulo de prueba indiciaria coherente nos conducen a un estado de certeza más allá de toda duda razonable”, aseguró Pagliano. También remarcó que Agüero presenta “perturbaciones psicológicas” que si bien no configuran una enfermedad mental, fueron detectadas por peritos oficiales.
Respecto a los funcionarios, la defensora oficial fue categórica: “El argumento de que todos creyeron que ya se había denunciado se cae por sí solo. Los hechos seguían ocurriendo. Nadie hizo nada. Nadie fue citado. No hubo allanamientos. Nadie denunció”.
Sobre el exministro Cardozo, lo acusó de mentir. En su declaración dijo haberse enterado de solo cuatro casos el 7 de junio, pero Pagliano demostró que ya en abril había sido notificado del cambio del lote de Vitamina K y de la comunicación con ANMAT debido a cuadros clínicos abruptos e inexplicables. “¿Cómo puede sostener que no sabía lo que pasaba?”, cuestionó.
Pagliano también habló de violencia institucional, que definió como un mecanismo que se irradia desde las máximas autoridades hacia los rangos inferiores, basado en el ocultamiento y la omisión sistemática.
Un juicio sin precedentes
El proceso, que lleva más de 40 audiencias, busca determinar responsabilidades no solo individuales sino también estructurales. En total son once los imputados: una enfermera por homicidios y tentativas, y diez exfuncionarios por su presunto rol encubridor o negligente.
Las claves del caso se remontan a junio de 2022, cuando dos neonatólogas alertaron sobre muertes sin explicación médica clara. A pesar de las señales, la denuncia formal recién se realizó el 4 de julio, tras la intervención del esposo de una médica.
Los análisis de los celulares revelaron conductas sospechosas: varios teléfonos fueron reseteados justo después de que la fiscalía pidiera información clave, lo que para los querellantes confirma el encubrimiento.
Las madres, entre el dolor y la indignación
Durante la audiencia, familiares de las víctimas manifestaron su indignación con el fiscal Sergio Ruiz Moreno, especialmente por sus palabras al referirse a Cardozo como “el ministro de la pandemia”. Vanessa Cáceres, una de las madres, calificó el gesto como un “homenaje fuera de lugar”.
Las familias insisten en que se trató de un encubrimiento deliberado, no solo por parte de individuos sino del sistema de salud provincial en su conjunto.
Etapas finales
El cronograma del juicio prevé que el 7 de mayo alegue la defensa de Agüero, seguida por los defensores de Liliana Asís y Marta Gómez Flores. El 14 de mayo será el turno de la defensa de Cardozo. Las “penúltimas palabras” de las madres están previstas para el 26, 27 y 28 de mayo, antes de que los imputados ejerzan su derecho a la última palabra.
La sentencia se espera para finales de mayo o principios de junio. Más allá del veredicto, este proceso ha dejado al descubierto una red de omisiones institucionales que marcará un antes y un después en la historia judicial de Córdoba.
