Cuando se observa el mapa de la Argentina en general y se lo cruza con la tendencia del voto que mostró el último domingo, claramente los sectores productivos del país le dieron la espalda al Gobierno nacional. La franja central se expandió incluso hacia La Pampa, Entre Ríos y el litoral. Ya no fueron sólo Córdoba, Mendoza y Santa Fe las que no acompañaron con su voto al oficialismo. Y allí se cruza fuertemente la producción agroindustrial que sigue planteando una variada agenda de temas a la Casa Rosada para potenciar a ese sector que es uno de los motores encendidos de la economía nacional.
De hecho, Tranquera Abierta había desarrollado el listado de temas pendientes de resolución que aparecían en los primeros lugares de la agenda agropecuaria y que las entidades pretendían discutir tras los comicios. Allí se encontraba el cepo a la exportación de carne, retenciones, carga tributaria, ley de semillas, biocombustibles, seguridad, tipo de cambio e intervenciones en los mercados. Un cúmulo de temas a resolver.
Por eso, esta semana la Mesa de Enlace presentó formalmente al ministro Julián Domínguez un pedido de reunión para comenzar a buscar soluciones. Hay en el listado temas más prioritarios. por ejemplo el de la brecha cambiaria. Los dirigentes explican que hoy cobran por las exporaciones de granos un dólar de casi 70 pesos pero que los insumos deben afrontarlos con uno de 210. Tres veces es la diferencia entre el cambio cuando cobran y cuando pagan. Eso los lleva a advertir que ese escenario “es insostenible en el tiempo” y de allí que pretendan alguna respuesta. Lo primero que plantean es retenciones, porque es el primer factor por el cual cobran menos por cada dólar que reciben.
De todos modos la discusión no será sencilla en un contexto de escasez de billetes verdes y un Banco Central que hace malabares para sostener reservas.
En una primera mirada política, Jorge Chemes, presidente de CRA, destacó que “más allá de las lecturas internas que hagan los partidos sobre ganadores y perdedores, aspiramos a que este resultado sea definitivamente el punto de inflexión para que oficialismo y oposición trabajen en la búsqueda de soluciones a los graves problemas comunes que tienen todos los argentinos”.
En esa línea, Elbio Laucirica, titular de Coninagro en reemplazo de Carlos Iannizzotto que participó en las elecciones legislativas en Mendoza y que este lunes renovó su licencia hasta el 29 de noviembre, planteó que entre los temas a tratar, “pondremos énfasis en discutir una reforma fiscal que propicie los impuestos equitativos (Ganancias) y no los regresivos (Derechos de Exportación e Ingresos Brutos)”.
A su turno, Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de CRA, remarcó que es necesario discutir “de inmediato la reapertura de los mercados, las correcciones de distorsiones económicas que tenemos en Argentina porque así es muy difícil producir”. Por lo cual, parte de la agenda no sólo mira al Ministerio de Agicultura y Ganadería, sino también al de Economía.
En tanto, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria, adelantó que volverán a reiterarle a Domínguez la necesidad de que el próximo 31 de diciembre se terminen definitivamente las limitaciones para exportar carne vacuna. Además, le solicitarán que también haya “fluidez” en la comercialización de granos, en medio de los rumores de intervenciones en los mercados de trigo y maíz.
Por otra parte, el dirigente federado remarcó que le solicitarán que haya “un mínimo no imponible” en las retenciones, para que hasta las 400 toneladas por productor no se paguen en trigo, maíz, ni soja, para favorecer en un principio a los pequeños productores.
En ese sentido, precisó que de esa manera se haría de manera automática, a diferencia del sistema de reintegros de los derechos de exportación, que el Gobierno no cumplió en su totalidad, según indicó.
“Nunca pagaron los reintegros a los que vendieron entre octubre y diciembre del 2020, y tampoco lo van a hacer. Nuestra idea es que haya un escalonamiento, con un mínimo no imponible, y que las primeras toneladas no paguen para favorecer a los pequeños, medianos y gradualmente a los grandes. La idea es que sea para todos los granos, porque si es solamente para soja se llevaría al pequeño productor hacia el monocultivo”, comentó Achetoni, quien aseguró que en el primer encuentro con Domínguez ya le había planteado esto, y recibió la negativa del ministro.
Por otra parte, Laucirica destacó que “los resultados del domingo pasado indicaron un rechazo a las políticas centralizadas del Gobierno nacional y la alianza kirchnerista. Perdieron en gran parte del país y fue un reclamo del interior para que cambien las medidas. Deben abocarse a combatir la pobreza, la inseguridad, la inflación y la alta carga fiscal que agobia al conjunto de la sociedad. Hoy debemos tener en agenda los temas trascendentes que demanda la ciudadanía”, pidió el cooperativista.
Y señaló que desde el sector demandan “reglas claras que den previsibilidad a la inversión, la generación de empleo, el desarrollo de los emprendedores y el crecimiento de las pymes. Junto a políticas de infraestructura y calidad de vida. Además debe ponerse en debate una reforma fiscal y una reconversión desde el punto de vista laboral, dado los cambios que hubo con las innovaciones tecnológicas. Esas deberían ser las prioridades del Gobierno”.
Por último, Achetoni comentó que desde Federación Agraria le presentarán además una propuesta de políticas públicas, respaldadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como ya lo hicieron con su antecesor Luis Basterra. “Esa propuesta estamos reimpulsándola para volver a presentarla. Es sobre financiamiento y la generación de un banco de tierras fiscales para la agricultura familiar. También se plantea un circuito de comercialización virtual para darle mayores posibilidades a las economías regionales”.
La agenda en detalle
Tal como se mencionó, son casi una decena los puntos centrales de la agenda que el campo espera poder plantearle al Gobierno nacional y para lo cual pidió la reunión con el ministro Domínguez. Entre los temas más calientes sigue vigente el de la carne, ahora revitalizado por la suba de los cortes en el mostrador, aún cuando persisten las restricciones parciales a las exportaciones. Como se recordará, el Gobierno avanzó en mayo en el cierre de exportaciones de carne vacuna con el objetivo de volcar mayor volúmen de mercadería en el mercado interno y así permitir una baja en la góndola. Pero en las últimas semanas el impulso de los precios volvió a encenderse y con eso revivió la polémica.
Es que todavía persiste el impedimento a exportar 7 cortes que son considerados clave por el Gobierno y que constituyen la matriz del consumo interno, entre ellos el asado; y la posibilidad para los frigoríficos de comercializar en otras categorías aún sigue condicionada a no superar el 50% de lo embarcado en 2020. Ese esquema tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, pero nadie confirmó que ese día sea el último de las restricciones vigentes y por eso en el agro hay temor de alguna prórroga.
Por otra parte las retenciones siguen siendo un tema de discusión, en particular en combinación con la brecha cambiaria. Es que los exportadores cobran al dólar oficial menos retenciones y entonces terminan percibiendo 70 pesos por cada dólar. Pero además, hay economías regionales que siguen esperando por una quita o al menos una reducción de aranceles, como es el maní en Córdoba.
Por último, el capítulo de la seguridad es otro tema que el agro espera debatir y avanzar, más allá de algunas respuestas legislativas que intentaron darse el año pasado cuando, en plena pandemia, apareció una ola de vandalismo en distintos puntos del país, muchos de ellos de Córdoba. Claro que en aquel momento no fueron sólo daños a silobolsas sino que aparecieron también incendios cuyo origen no fue claramente determinado y hubo pistas que alentaron a los investigadores a sostener que fueron fruto de la intencionalidad. Por eso hoy el tema sigue en agenda con el agregado de la tensión que se vive en la Patagonia con los mapuches y la ocupación de tierras. En ese sentido, las entidades del campo siguen de cerca los planteos realizados por productores de la zona que se sienten inseguros y plantean una decidida acción por parte del Estado nacional para proteger las propiedades y las personas.