En la demanda, la propietaria, representada por los abogados Jerónimo Trebucq y Mateo Imberti, relata que el contrato de locación con el Pami tenía una duración de tres años y que venció el 31 de octubre de 2022. Sin embargo, antes de que esa fecha llegara, las dos partes iniciaron una negociación para renovar el vínculo.
Por eso, el 12 de octubre de ese año Fernando Bossio, director de la delegación riocuartense del Pami, le envió a la propietaria una propuesta formal en la que se ofrecían distintos valores de alquiler, uno por cada año de contrato. La respuesta de la dueña del edificio, que se produjo el 24 de octubre, fue rechazar el canon ofertado por el organismo.
Ante el planteo de que para el primer año el monto debía ser mayor, el organismo nacional respondió con el silencio. Mientras tanto, la facturación del alquiler se seguía haciendo al precio del último canon establecido, a pesar del proceso inflacionario que vive el país.
La propietaria envió una nueva nota, aunque ya en esa oportunidad advirtió que, si no había una respuesta positiva, pediría el desalojo judicial porque el contrato había vencido varios meses atrás.
Carta documento
Como el Pami seguía sin contestar, el 7 de julio de 2023 la propietaria envió una carta documento en la que dio por terminado el contrato, mencionó la falta de respuesta a las notas remitidas e intimó a que el inmueble de la calle Alvear se desocupara en 30 días.
La mujer envió, después de esa carta documento, una última propuesta, a la que el Pami sí respondió pero con la pretensión de pagar por el alquiler del edificio un monto que, según la propietaria, estaba muy por debajo del valor de mercado.
En agosto de 2023 dos inmobiliarias de la ciudad señalaron que el valor de mercado para el alquiler del edificio de Alvear 842 era de 2.500.000 pesos. Como el Pami ofreció un valor muy inferior, la dueña no aceptó y envió una carta documento. Después, inició la causa de desalojo.
Dos inmobiliarias consultadas coincidieron en que el alquiler mensual de ese edificio no podía estar, en agosto de 2023, por debajo de los 2.500.000 pesos.
Ante el planteo de la propietaria, el Pami volvió a caer en el mutismo.
“Así, habiendo agotado todas las instancias posibles para continuar con la relación locativa, intentando formalizar un nuevo contrato de locación que resulte conveniente para ambas partes, pero sin haberlo logrado, no me quedó más remedio que acudir a la acción judicial de desalojo”, se lee en la demanda.
Después de la presentación, se siguieron una serie de instancias en el Juzgado Federal, que incluyeron un planteo que hizo el Pami en cuanto a la competencia. En ese punto, el juez Ochoa ratificó que es competente en materia federal y civil para entender en el litigio. Ahora, sólo queda por delante que el magistrado dicte la medida cautelar del desalojo. Ni bien se produzca esa definición, ¿el Pami tendrá alguna vía de apelación, para frenar la decisión judicial?
Los abogados de la propietaria señalaron que se trata de una medida cautelar “inaudita parte”, es decir que se produce sin escuchar en este caso al Pami.
El contrato está vencido desde hace más de 16 meses, el acuerdo nunca se produjo y el diálogo está cortado. La obra social de los jubilados está a un paso de quedarse sin sede en Río Cuarto.
