La Justicia intimó a Cristina Kirchner y al resto de los condenados a pagar $684 mil millones
Es el monto del decomiso de los bienes que actualizaron los peritos oficiales. Tienen 10 días hábiles para hacerlo, sino se rematarán los bienes a su nombre
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py ordenó este martes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados en la causa conocida como “Vialidad” a abonar una suma de 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso, como resultado de la maniobra de corrupción comprobada durante el proceso judicial. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu fijaron un plazo de diez días hábiles para efectuar el pago, el cual se cumplirá el 13 de agosto a las 9:30, dado que durante las dos semanas siguientes se desarrolla la feria judicial y esos días no se consideran laborables.
La suma no se distribuye entre los condenados de manera proporcional: la obligación es solidaria, lo que significa que los imputados deberán acordar entre sí cuánto aportará cada uno para saldar el total, mediante el mecanismo que consideren adecuado. El monto, calculado al tipo de cambio oficial, equivale a aproximadamente 537 millones de dólares. Se prevé que algunos de los implicados intenten apelar la resolución del tribunal.
En relación a la ex mandataria, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un inventario de sus bienes, que incluye una caja de seguridad con 4,5 millones de dólares –propiedad de su hija, Florencia Kirchner–, otra caja con un millón de dólares, inmuebles en Santa Cruz y en la Ciudad de Buenos Aires, así como las empresas de la familia, entre ellas Los Sauces. Esta última figura como titular del departamento ubicado en San José 1.111, donde Cristina Kirchner actualmente cumple prisión domiciliaria por esta causa.
En su fallo, los jueces señalaron que el decomiso de los bienes se aplica como una forma de establecer el perjuicio concreto ocasionado al Estado, el cual se transformó en beneficio directo de un acto de corrupción de extrema gravedad. La sentencia determinó que entre 2003 y 2015, bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, se registraron múltiples irregularidades en la adjudicación de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.