El Juzgado Federal de Río Cuarto pidió información sobre los actuales concejales Sergio San Martín, que fue secretario de Gobierno de Escudero, y Marcelo Alejandro Albelo, quien también fue funcionario del anterior intendente. Los dos, actualmente, son concejales de bloques de la oposición.
La Justicia también requirió información sobre María Eugenia López, que también fue secretaria de Gobierno de Escudero y que actualmente es jueza de Paz de Las Higueras. Otra de las personas que integran la lista que está incluida en el oficio judicial es Andrea Jurado, quien fue candidata a intendente. Además, el Juzgado pide información sobre otras personas, como por ejemplo el exrector de la Universidad Nacional de RíoCuarto, Marcelo Ruiz, Juan José Busso, Adriana Wittouck, Jorge López, Alcides Chaparro, Fernando López (docente de la UNRC) y Adriana Pairetti.
La gestión de Gian Luchessi deberá informar si esas personas fueron o son funcionarios municipales, qué cargos o funciones ocuparon en 2012/2013 y qué relación tuvieron con el programa Girsu.
Ante una consulta de Puntal, el asesor letrado Las Higueras, Gabriel Almirón, confirmó que recibieron un oficio para brindar información sobre la participación de un grupo de personas en el marco de la causa por la planta de reciclado. Detalló además que todavía no hay ninguna imputación que pese sobre ese grupo de personas.
Mientras tanto, quien sí continúa involucrado en la causa penal por administración fraudulenta es el exintendente Escudero. La investigación fue elevada a juicio en 2021, pero todavía se están presentando recursos de parte de los acusados. Además de Escudero, hay otros 53 exfuncionarios nacionales e intendentes implicados.
La causa fue investigada en Buenos Aires por el juez federal Julián Ercolini, quien imputó a más de medio centenar de exfuncionarios y jefes comunales por fondos millonarios que originalmente debían destinarse a programas de reciclado de residuos;en muchos casos, como en el de Las Higueras, no hay constancia de que las obras se hayan construido;a otros intendentes los acusaban de no haber rendido oportunamente el destino de los fondos.
A Escudero le endilgan haber recibido más de 5 millones de pesos entre 2013 y 2014, que entonces equivalían a 900 mil dólares, y no haber concretado la planta de reciclaje. El reproche de Ercolini no es sólo que la planta no se construyó, sino, además, que las facturas que se presentaron para justificar gastos son dudosas.
La causa nació a partir de una denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ambiente, que en 2016 detectó irregularidades a partir de un informe de control que realizó la Sindicatura General de la Nación. En ese documento se establecieron una serie de inconsistencias en el manejo o en la rendición de los fondos nacionales.
En el caso de Las Higueras, la Justicia determinó que la planta de reciclaje no se concretó y que el dinero no se usó para el fin que originalmente debía tener. Sólo se había comprado un tractor y se habían presentado 38 facturas por asesoramiento profesional, un ítem que no estaba en el convenio porque sólo se contemplaba la construcción de la planta de reciclado.
Cuando debió hacer su descargo, el entonces intendente Escudero manifestó que la planta no había podido construirse por un reclamo vecinal;sin embargo, cuando fue citado a declarar, se abstuvo.