Opinión
Las tarifas en el Congreso
Parece sumamente difícil que el éxito político logrado por la oposición al haber conseguido forzar que las tarifas se debatan en el Congreso derive en un cambio en la materia que vaya mucho más allá de los ya concedidos, en tanto las iniciativas consideradas en la sesión especial no se hacen cargo del núcleo del problema y de los motivos que lo generaron.
Con el aporte de varios sectores políticos que normalmente no comparten sus posiciones respecto de la mayoría de los temas bajo análisis, la oposición consiguió mantener el debate sobre las tarifas en primer plano a través de una sesión especial de la Cámara de Diputados en la cual dejó en evidencia la condición minoritaria de la alianza gobernante a pesar de su triunfo en las últimas elecciones legislativas. Sin embargo, parece sumamente difícil que este éxito derive en un cambio en la materia que vaya mucho más allá de los ya concedidos, en tanto las iniciativas consideradas no se hacen cargo del núcleo del problema.
La pluralidad de proyectos presentados parecen haberse condensado en uno solo, que en principio tiene todas las posibilidades de convertirse en ley luego de seguir el curso normal de discusiones en comisión hasta desembocar en el debate en el recinto, y luego un camino similar en el Senado, donde de todas formas existe otra propuesta equivalente. En lo sustancial se trata de reducir las tarifas mediante un fuerte recorte en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y fijar un régimen en que los aumentos posteriores no evolucionen más rápido que el poder adquisitivo de la población.
Sin duda, esto suena bien, y hasta es congruente con la iniciativa de que el alivio para los consumidores llegue a través de la supresión de tributos que provincias y municipios agregan a las facturas de servicios. Sin embargo, contradice la lógica que impulsa la política tarifaria del Gobierno nacional en tanto ésta tiene el impacto fiscal como uno de sus aspectos prioritarios.
Es decir, si el Gobierno instrumenta estos aumentos tarifarios para que los servicios se paguen lo que realmente cuestan no es simplemente por una cuestión de principios, sino porque quiere reducir el gasto que suponen los subsidios, y por consiguiente el déficit fiscal. Si al mismo tiempo resigna ingresos por otro lado, como sería el caso si aceptara la reducción del IVA, una cosa neutralizaría a la otra y estaría ante un problema casi idéntico al que quiere resolver. Esto es, con la misma obligación de cubrir la diferencia entre ingresos y gastos mediante un endeudamiento que quienes impulsan esta ley le reprochan con la misma virulencia con que atacan su política tarifaria.
Si hay alguna manera de salir de este encierro, es decir, si es posible que el golpe a los bolsillos que significan las nuevas tarifas se alivie significativamente y al mismo tiempo el déficit y las necesidades de financiamiento se reduzcan, ciertamente no la propone el proyecto que la oposición pretende aprobar. Por eso se lo considera más orientado a hacerle pagar al Gobierno el costo político de un veto que a brindarles un beneficio real a los ciudadanos.
La pluralidad de proyectos presentados parecen haberse condensado en uno solo, que en principio tiene todas las posibilidades de convertirse en ley luego de seguir el curso normal de discusiones en comisión hasta desembocar en el debate en el recinto, y luego un camino similar en el Senado, donde de todas formas existe otra propuesta equivalente. En lo sustancial se trata de reducir las tarifas mediante un fuerte recorte en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y fijar un régimen en que los aumentos posteriores no evolucionen más rápido que el poder adquisitivo de la población.
Sin duda, esto suena bien, y hasta es congruente con la iniciativa de que el alivio para los consumidores llegue a través de la supresión de tributos que provincias y municipios agregan a las facturas de servicios. Sin embargo, contradice la lógica que impulsa la política tarifaria del Gobierno nacional en tanto ésta tiene el impacto fiscal como uno de sus aspectos prioritarios.
Es decir, si el Gobierno instrumenta estos aumentos tarifarios para que los servicios se paguen lo que realmente cuestan no es simplemente por una cuestión de principios, sino porque quiere reducir el gasto que suponen los subsidios, y por consiguiente el déficit fiscal. Si al mismo tiempo resigna ingresos por otro lado, como sería el caso si aceptara la reducción del IVA, una cosa neutralizaría a la otra y estaría ante un problema casi idéntico al que quiere resolver. Esto es, con la misma obligación de cubrir la diferencia entre ingresos y gastos mediante un endeudamiento que quienes impulsan esta ley le reprochan con la misma virulencia con que atacan su política tarifaria.
Si hay alguna manera de salir de este encierro, es decir, si es posible que el golpe a los bolsillos que significan las nuevas tarifas se alivie significativamente y al mismo tiempo el déficit y las necesidades de financiamiento se reduzcan, ciertamente no la propone el proyecto que la oposición pretende aprobar. Por eso se lo considera más orientado a hacerle pagar al Gobierno el costo político de un veto que a brindarles un beneficio real a los ciudadanos.
