Legisladores, tras los datos de la UNRC que reactivaron la causa Gutiérrez

Fue una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Legislatura, cuyo vicepresidente es el riocuartense Leandro Carpintero (Hacemos porCórdoba). Propiciaron este encuentro con el objetivo de obtener información sobre los resultados de la apertura de los expedientes de la UNRC, de los que surgieron pruebas categóricas para la Causa Gutiérrez.

Además de Carpintero estuvieron los legisladores de Río Cuarto Juan Jure (Juntos UCR); Benigno Antonio Rins (Juntos UCR) y Franco Miranda (Hacemos por Córdoba); a quienes se sumaron María Adela Guirardelli (Hacemos por Córdoba), de Villa María; Adrián Scorza (Hacemos por Córdoba), del Departamento Tercero Arriba, de Amafuerte; Liliana Abraham (Hacemos por Córdoba), de Marcos Juárez; Milena Rosso (Hacemos por Córdoba), de Suco; y María Victoria Busso (Hacemos por Córdoba) de Laboulaye.

Esta causa comprende múltiples delitos, como privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos, abusos deshonestos agravados, violaciones, tormentos seguidos de muerte. Hay 60 víctimas y son más de cien los imputados por hechos criminales cometidos hace más 40 años, de los cuales sólo 53 quedan con vida.

Los resultados de esta investigación fueron presentados a los legisladores, con detalles tratados como confidenciales, a los fines de no entorpecer el proceso judicial en el que la causa está a punto de ser elevada a juicio.

A los visitantes los recibió el rector Roberto Rovere. Estuvieron el vicerrector Jorge González; el secretario general de la UNRC, Enrique Bérgamo; el secretario académico, Sergio González; la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Daniela Wagner; y la subsecretaria de Planeamiento y Relaciones Institucionales, Viviana Macchiarola. Además, tomaron parte Maximiliano Luna, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Río Cuarto, que estuvo acompañado por el abogado Martín Alonso y la Secretaria de Educación de la Municipalidad de Río Cuarto, Mercedes Novaira, entre otros delegados municipales; además del abogado Daniel Olartecoechea, quien representa a la querella del Municipio local. Se sumó Alberto Levi, ex-preso político e integrante de la Comisión Municipal de la Memoria; el delegado provincial de Justicia y Derechos Humanos para el sur de Córdoba, Gustavo Ávila; y Magalí Rojo, vocal de Córdoba Joven.

El rector de la UNRC, Roberto Rovere, al momento de darles las bienvenida a los visitantes, expresó: “Es un honor para nosotros poder contar con la presencia de los legisladores de la región sur de la Provincia. Les agradecemos, como así también a los familiares de desaparecidos, representantes de la Comisión de Derechos Humanos y a quienes trabajan en la Subsecretaría de Derechos Humanos”.

Agregó: “Nos sentimos muy complacidos por ser parte de este proyecto que pusimos en marcha a través de un convenio que firmamos con la Municipalidad de Río Cuarto. Comenzamos a trabajar en esto que nos dio la posibilidad de abrir los archivos de la Universidad y conocer nuestra propia historia”.

El rector sostuvo: “Queremos ofrecerles a los legisladores los resultados que se han alcanzado en cuanto a las investigaciones en el marco de la causa Gutiérrez. Se les mostrará la situación. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad”.

El vicepresidente de la comisión, Leandro Carpintero, dijo: “Hemos venido a visitar a la UNRC legisladores de distintos lugares de la geografía de la Provincia para tomar conocimiento del trabajo de la Universidad, la Comisión Municipal de la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos en esta investigación que está siendo muy importante para la megacausa Gutiérrez por delitos de lesa humanidad; pronto vamos a tener el juicio”.

Acotó: “Queríamos recibir de primera mano los resultados de esta investigación que tiene una implicancia muy concreta para la megacausa Gutiérrez, por delitos de lesa humanidad, que reúne a la mayoría de los delitos que se cometieron en esta parte de la Provincia. Quisiéramos que este sea el comienzo de una agenda de trabajo conjunto sobre este tema”.

Los legisladores compartieron un almuerzo de trabajo en el Rectorado y luego hicieron una recorrida por el campus.

El abogado Daniel Olartecoechea destacó: “Esta parte querellante ha incorporados dos casos emblemáticos de Río Cuarto, un secuestro con resultado de muerte, encontrándose el cadáver quemado y atado con alambre en una localidad cercana, cuya documentación consta en un dossier elaborado por Hijos Río Cuarto, como así también la detención y/o secuestro de un profesor universitario y su compañera, con resultado de muerte de uno de ellos en dependencias policiales de la Policía de la Provincia”.

“Asimismo, se incorporó un nuevo imputado desconocido hasta la fecha, que trabajaba en el Rectorado, solicitaba el legajo de estudiantes, profesores, no docentes, para luego pasarlos a las patotas con los resultados ya conocidos”.

“Ha sido muy importante el trabajo realizado en el archivo de la UNRC, en cuanto se localizaron documentos que se incorporaron en la causa probando los nuevos hechos y las nuevas víctimas incorporados por esta parte querellante, como así también para describir el contexto de época en los años anteriores a la dictadura militar, fundamentalmente a partir del Navarrazo, como así también ese contexto ya en dictadura”, sostuvo.

En el encuentro, el abogado querellante Daniel Olartecoechea ofreció un pormenorizado resumen de la causa Gutiérrez, que se tramita ante el Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Córdoba.

Dijo: “En la actualidad se está terminando la Instrucción de la causa y existe la posibilidad de elevarla a Juicio oral en el segundo semestre del presente año 2023, todo ello según conferencia telefónica que tuve con el doctor – Facundo- Trotta, fiscal de la causa”.

Olartecoechea actúa como abogado en representación de la querella. Fue preso político en la D2 de la Policía Provincial de Córdoba y luego exiliado por atentado perpetrado también por la Triple A.

El letrado puntualizó que la causa engloba la mayoría de los hechos delictivos que se encuadran como delitos de lesa humanidad, tanto en Río Cuarto como en su zona de influencia.