Cerca del vencimiento de la vigencia de la ley, los diputados nacionales del schiarettismo -Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Claudia Márquez y Paulo Cassinerio- presentaron un proyecto para que el régimen de promoción de los biocombustibles se extienda por un año. Así, durante ese período se debería debatir una nueva normativa para sostener y acentuar el uso de combustibles provenientes del maíz o la caña de azúcar.
El 12 de mayo vence la ley 26.093 y Córdoba viene presionando para que el Frente de Todos cumpla con su compromiso y extienda la vigencia. El Senado aprobó por unanimidad el año pasado la prórroga por 4 años, pero el tema hasta ahora no se trató en Diputados a pesar del compromiso del oficialismo nacional de debatirlo en las sesiones extraordinarias de enero.
Esta semana, el Gobierno provincial junto con 45 instituciones, organizaciones, empresas y cámaras empresarias publicaron una solicitada en la que reclamaban el urgente tratamiento y aprobación de la prórroga. Ahora, la movida se complementa con el proyecto de ley que se presentó en Diputados. ¿Por qué el schiarettismo plantea una prórroga de sólo un año si el Senado ya votó cuatro? El argumento del bloque Córdoba Federal es que, en realidad, la ley debe ser reformulada; es decir, el año de vigencia adicional permitiría generar un debate para una nueva ley “que sintetice los intereses en conflicto que existen actualmente”.
El schiarettismo sostiene que la continuidad está contemplada en la propia ley vigente.
“La participación de los biocombustibles en la matriz energética y en la industria nacional bajo el régimen de promoción de la ley 26.093 posibilitó incrementar el agregado de valor a la producción primaria en el sector agroindustrial, igualando oportunidades y promoviendo la sostenibilidad socioeconómica de innumerables pueblos y ciudades del país, incorporando fuentes de trabajo industrial de arraigo, intensivo y más calificado, además de acelerar los mecanismos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provocados principalmente por el uso de combustibles fósiles”, dice el comunicado que emitió ayer el bloque de Córdoba Federal.
La prórroga de la ley es central para una industria como la del bioetanol, que utiliza maíz para la producción de combustible y que tiene instaladas sus principales plantas del país en Córdoba.
El gobierno schiarettista viene planteando públicamente la necesidad de que el régimen vigente para los biocombustibles no se caiga. La trascendencia de la continuidad radica en que, sin ley, las petroleras ya no se verán obligadas a cortar las naftas tradicionales con biocombustibles y, por lo tanto, las empresas se exponen directamente a perder el principal mercado que hoy tienen.
Antes de que se planteara la prórroga existía la intención de modificar la ley para elevar los porcentajes de corte requeridos. Sin embargo, esa discusión quedó estancada y hoy las empresas etanoleras plantean que, a esta altura, la prórroga de la ley tal como está sería “el mal menor”. A la vez, acusan al lobby petrolero de usar sus influencias para evitar que se prorrogue la ley. Una de las versiones que apuntan en la industria de los biocombustibles es que las petroleras buscan que las empresas queden a precio de remate puedan ser absorbidas por los grandes del sector.