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Rige el aborto legal: advierten fuerte objeción de conciencia en privados

Mientras aguardan por la reglamentación, desde las clínicas ya piensan en el aspecto administrativo de la derivación o atención con profesionales externos. En el sector público, hay confianza para garantizar la práctica.

A las 00 horas de este domingo, Argentina se convirtió en el país número 67 del mundo y el tercero en América del Sur en tener de forma legal el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde hoy, la Ley 27.610 entra en vigencia en todo el territorio nacional. La objeción de conciencia se presenta como uno de los principales puntos a seguir para que el acceso realmente se cumpla.

En el sector privado de Río Cuarto se impone este derecho que pueden ejercer los profesionales de la salud. Sin embargo, los establecimientos médicos “deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”, según establece la propia ley.

Desde el sector público señalan que están preparados y capacitados como equipo, ya que, por ejemplo, en el Hospital hace tiempo que trabajan para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Además, según pudo saber Puntal, afirman que no han tenido problemas de insumos, con lo cual hay recursos para contener la demanda. Por estas horas, las primeras de la IVE, el Ministerio de Salud de la Provincia trabaja para realizar la coordinación necesaria de implementación de la ley. Lo central, indican, pasa por adecuar el nuevo marco legal. Aunque puede haber incertidumbre desde lo estrictamente administrativo, aseguran que la atención va a estar, porque el sistema ya está preparado y consideran que ahora resta simplemente ampliar la prestación. De esta manera, pensando en la práctica en sí en el sistema de salud, desde Córdoba no toman esto como un antes y un después, en virtud de que el personal de primera línea está preparado.

“El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia”, determina el décimo artículo.

Para graficar lo que ocurre en nuestra ciudad en este primer momento de la IVE, la Clínica Regional del Sud posee 7 médicos ginecólogos y obstetras y los 7 adhieren a la objeción de conciencia.

En el Policlínico San Lucas son 4 y también todos ellos se niegan a realizar la práctica.

En el Sanatorio Privado hay 7 y en la Neoclínica hay 9 y, en principio, no todos serían objetores de conciencia.

En el Instituto Médico los especialistas son 5 y aún no se conoce qué posicionamiento predomina entre los profesionales.

“Hemos puesto en manos de nuestros abogados el tema de la ley para ver cómo hay que implementarla, tenemos que conocerla y saber a qué atenernos. Los 4 obstetras han adherido a la objeción de conciencia, ya han presentado su nota”, comenta Eduardo Matos, director médico del San Lucas. Y agrega: “Están en su derecho de no hacer abortos. Les pedimos que armen un protocolo para derivar a esos pacientes a gente que acceda a hacerlo, ya sea en nuestra institución o en otra”.

En tanto, desde la Clínica del Sud dicen que realizarán el contacto para la correspondiente derivación de los pacientes o realización dentro de la institución con otros profesionales.

Vale señalar que en el mismo artículo 10, la ley agrega que a los fines del ejercicio de la objeción de conciencia, el profesional de la salud “deberá:

a) mantener su decisión en todos los ámbitos, público, privado o de la seguridad social, en los que ejerza su profesión;

b) derivar de buena fe a la paciente, para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones;

c) cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas”.

Se destaca también que “el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable”.

Así, los establecimientos privados sostienen que tienen como rector a la ley y ese marco general es el que les brinda las obligaciones y responsabilidades que tienen frente a esta nueva etapa.

Por otro lado, expresan que para ellos “es muy importante ser responsables en cuanto a la información que le proveemos a las personas que quieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, a la familia que acompaña”.

“Esto no es bajo un juicio de valor sobre qué va hacer, sino respecto a los riesgos de esto, lo que implica exponerse a una situación semejante”, agregan las fuentes.

También reconocen que, como clínicas, durante el año 2020, debieron adaptarse con el covid sí o sí y que con la interrupción voluntaria del embarazo será igual. “Es algo que se viene y que es una realidad para nuestro país. El problema son los sistemas de coberturas médicas. Esperamos que se aggiornen y estén a la altura de las circunstancias. Es ley, con lo cual no deberíamos tener problemas. Pero el acceso por ahí se ve limitado a esto”, deslizan.

En cuanto a este asunto, la ley también es clara al detallar que las obras sociales y “todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda”.

Esto se debe a que “estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo”.

Luciano Oberto, delegado de la obra social Osecac en Río Cuarto, explica que “hay diferentes casos a evaluar, por lo que abarca la ley. Hasta la semana 14 de embarazo, es obligación de la obra social cubrirlo. Después de esa semana hay que ver si es un caso por violación o si corre riesgo la salud de la persona. También hay que tener en cuenta si la persona es mayor o menor de 16 años, para saber cómo proceder. Sí o sí la obra social tiene la obligación de responder en diez días”.

De este modo, los casos de interrupción voluntaria del embarazo previstos en la ley que hoy entra en vigencia serán cubiertos al 100% y dispondrán de acompañamiento psicológico después de realizada la práctica.

Otro de los datos que aporta Oberto es que poseen un “sistema capitado”. Sin embargo, por ser algo nuevo, con las IVE se manejarán por “presupuesto”. “No van a entrar dentro de la cápita, sino que se va a manejar con módulos por fuera de la cápita”, detalla.

Al igual que los privados, quienes están a la espera de los detalles d ela reglamentación, el delegado de Osecac dice que aún “no está coordinado con el sistema de salud, ya que es todo muy repentino”.

“Había muchos grises en la ley, esta semana nos han empezado a informar bien. No ha habido comunicación con los prestadores. De manejarnos, por un tiempo, va a ser pagándolo por fuera de la cápita, pero a partir de hoy la obra social no puede incumplir, la cobertura la tenemos que dar”, sostiene en diálogo con este diario. Así, las personas que desde hoy soliciten una IVE tendrán este derecho, primero conquistado y ahora garantizado.

¿Cómo se procederá? Por ahora, las clínicas hablarán con sus especialistas, ya que deben dar respuesta institucional. Si no la encuentran en ellos, deberán garantizarlo en menos de diez días, con algún profesional que pueda llevar adelante este tipo de práctica. Desde la Neoclínica también llevan tranquilidad en cuanto a que las personas van a tener acceso al servicio. “Al principio, se tratará cada caso puntual, pero siempre garantizando el acceso”. Resta coordinar la prestación con las empresas de salud y las entidades involucradas.

“Al Municipio le compete la prevención y difusión de información”

Una de las que siguió siempre de cerca los casos, que hasta hace horas estaban penalizados y ahora son respaldados por el Estado, es la exconcejala de Respeto, Patricia Muñoz García.

Respecto a lo que ocurre en la ciudad, afirma que todavía “hay un vacío de información”. “Los casos nos siguen llegando en la misma cantidad que antes de la ley. Ni aumentaron ni disminuyeron. Y hay una zona gris, en relación con que los cuerpos gestantes no saben si ir a un dispensario, al hospital o a una clínica. No hay nada implementado aún”, dice la referente feminista.

“En un momento, en Córdoba, habían hecho una compra grande de misoprostol para distribuir a través de los dispensarios y eso acá ni llegó. Eso tiene mucho que ver con los funcionarios que tenemos actualmente. Lamentablemente, Río Cuarto es uno de los casos que va a ser una lucha bastante jodida en cuanto a lo municipal, porque ya nos ha pasado con hechos públicos, como lo de la Maternidad Kowalk”, ejemplifica la dirigenta social en alusión al caso Grippo. “Son cuestiones que dejan ver su lado conservador y que no entienden que esto va a seguir sucediendo, que los abortos van a seguir sucediendo, pese a que no lo quieran hacer”, añade.

Sin embargo, deja en claro que ahora el tema es diferente, porque hay una ley que está promulgada y tiene que ser garantizada.

Por otro lado, se refiere a la objeción de conciencia, que tiene peso fuerte en los privados de la ciudad, y manifiesta que “en realidad, quienes son hoy objetores de conciencia resulta que en sus clínicas privadas trabajan cobrando esas interrupciones”. “Tienen una falsa objeción de conciencia. Son objetores en lo público. En sus clínicas lo hacen a partir de 60 mil pesos en adelante”, apunta Muñoz García y señala a la Justicia como la que debe intervenir al respecto.

Enfatizando con la importancia de lo que hoy se pone en marcha, insiste en que “ahora tenemos una ley y lamentablemente siempre nos toca a organizaciones que trabajamos ad honorem y tratamos de acompañar estas situaciones de desigualdad, de violencia, de derechos que se nos han negado”.

Y no olvidó marcar la responsabilidad local: “Al Municipio le compete la prevención, la difusión en materia de derecho, pero a esa información tiene que proveerla a través de los dispensarios y que se provea todo el acompañamiento a una persona que quiere interrumpir su embarazo”.

Con estos argumentos, vaticina que el que se viene “va a ser un tiempo de mucha lucha para que esto se garantice, pese a que hay una ley”.

Por último, la expresidenta de Respeto en el Concejo Deliberante alerta que actualmente tienen demanda todo el tiempo, y son las propias organizaciones las que tienen que salir a buscar información y, en general, ésta siempre es suministrada por profesionales mujeres. “Tiene que dejar de ser algo tabú, esto tiene que ser un paso más para concientizar y sensibilizar en cuanto a materia de derechos. No puede ser que un cuerpo gestante vaya a un dispensario y no se le provea esa información, que no se le entregue la pastilla del día después o que no sepa a dónde recurrir. Ahora, hay una ley y debe ser garantizada”, concluye de modo contundente.