El demorado inicio del diálogo

¿Juan Manuel Llamosas piensa por estas horas en convocar a elecciones para junio? Los riocuartenses, que no pudieron ir a las urnas el 29 de marzo como estaba previsto por la presencia de la pandemia, ¿deberán hacerlo dentro de un mes, con protocolos de prevención pero también con bajas temperaturas?

El intendente ejercita la ambigüedad. No ha aparecido ni ha hecho declaraciones periodísticas en los últimos días. Su silencio se produjo no casualmente en la semana en que el fiscal municipal, Julián Oberti, quien está oficiando también de operador político, planteó públicamente que una fecha de junio es una alternativa que podría ser viable.

Oberti no habló en el aire, no salió a jugar la carta de junio porque se le ocurrió. Se trató de una respuesta del Ejecutivo a la divergencia de posturas que comenzó a expresarse en la principal fuerza opositora, Juntos por Río Cuarto. Los funcionarios llamosistas se quejaban de que en las charlas telefónicas los principales dirigentes radicales seguían avalando la prórroga del mandato, tal como acordaron de palabra en marzo, pero públicamente el apoderado, Ignacio Fernández Sardina, que ya dejó de serlo, sostenía que la extensión del mandato ni siquiera era una salida que se analizara por su inviabilidad jurídica.

El oficialismo interpretó que ese doble discurso era en realidad una estrategia para intentar desgastar al intendente y, sobre todo, para condicionarlo. La réplica elegida fue recordarle a la UCR que el intendente tiene todavía entre sus manos la facultad de descongelar el proceso electoral y fijar la convocatoria para un domingo de junio, que podría ser incluso el 28, cuatro días antes de que expire su mandato y la ciudad ingrese en un inédito estado de acefalía total motivado por una cuarentena.

Ante la diversidad de versiones y especulaciones que se desgranaron desde el lunes, el intendente se llamó a silencio. Ese mutismo contribuyó a que hubiera cada vez más especulaciones y a que la oposición comenzara a tomarse en serio la amenaza de que la elección podría ser el mes próximo.

Llamosas sólo habló de la fecha en una conversación privada con Rolando Guadagna, miembro de la Junta Electoral, y apenas le habría insinuado que en junio no se votaría. Pero una insinuación no es una definición política ni discursiva y, por lo tanto, deja espacio a las interpretaciones.

Junio es el elemento de presión del que dispone el intendente para no ir a la mesa de negociaciones en una posición menos ventajosa, aunque en los últimos días ese recurso haya sido desestimado por las siete fuerzas opositoras y, principalmente, por la Junta Electoral, que advirtió que la logística de la elección que se viene no será un trámite de rutina sino que requerirá la aplicación de una serie de protocolos que insumirán, al menos, tres meses.

En el oficialismo hay funcionarios y dirigentes que sostienen que la negociación con la oposición no debería ser ni siquiera una instancia y que Llamosas tendría que llamar a la elección para junio. Argumentan que el escenario sanitario es propicio, que Río Cuarto lleva un mes y medio sin casos y que, incluso si los hubiera, la situación aparece controlada. “Si podemos salir a comprar ropa, ¿por qué es descabellado votar con ciertos protocolos?”, es la pregunta que se escucha en los pasillos del Palacio.

El primer inconveniente es operativo: si bien se puede ir a comprar, todavía no están habilitadas por el COE las reuniones de personas, ni siquiera las familiares, y una elección implicaría necesariamente, incluso atenuada, una aglomeración de gente.

Pero la dificultad más desafiante que debería sortear Llamosas no sería práctica sino discursiva. ¿Cómo compatibilizar la apelación permanente al cuidado, a proteger lo que se ha logrado, con una convocatoria a elecciones en la que se juega su reelección?

Porque es consciente de esa limitación, el gobierno remarcó que sólo avanzaría si existiera una aprobación específica del COE Central, la instancia que ha monopolizado desde el inicio de la cuarentena las decisiones relativas a la salud y a las actividades permitidas y a las vedadas.

Pero además del guiño de los expertos, Llamosas necesitaría aplicar adicionalmente una estrategia discursiva potente, agresiva, destinada a culpar a la oposición por hacer fracasar las negociaciones y obligar a organizar una elección a las apuradas sólo como consecuencia de sus especulaciones. Pero no es un comportamiento que se corresponda con su estilo, siempre reticente a la confrontación.

Por eso, el gobierno tensó la cuerda a principios de semana pero el viernes la soltó un poco. Ese día, después de que el candidato a intendente de Juntos por Río Cuarto, Gabriel Abrile, declarara en televisión que era necesario crear un ámbito para sentarse a dialogar y encontrar un acuerdo, la actitud fue otra. El Municipio interpretó que esas palabras eran una señal y, por la tarde, los operadores radicales recibieron una llamada para sentarse por fin a negociar, después de una demora de 60 días.

Otros candidatos opositores recibieron la misma llamada; a algunos de ellos les sorprendió la vaguedad de la conversación, la carencia de una propuesta específica de los enviados del gobierno.

Hasta ahora, no se ha conocido públicamente, ni lo han escuchado los negociadores opositores, cuál es la intención oficial: ¿prorrogar por seis meses, nueve, un año?

Esperan que la incertidumbre comience a despejarse en las próximas horas, cuando unos y otros se vean las caras y expongan sus pretensiones. El foco de atención está puesto, por supuesto, en las conversaciones con el radicalismo, por tratarse de la principal fuerza de oposición. Pero el gobierno tampoco puede soslayar los otros frentes porque, para darle fortaleza a una decisión que no aparece en ninguna normativa, tiene pretensiones de unanimidad.

De un lado y otro aguardan que en este fin de semana las distancias se acorten y comience a discutirse la especificidad de un posible acuerdo.

Desde el gobierno provincial alientan esa alternativa, a la que despojan además de cualquier riesgo jurídico. No ven con simpatía ni una elección a las apuradas ni una intervención que dejaría al Municipio atado de manos ante una pandemia y con un plazo máximo de 90 días.

“Los radicales saben que la única esperanza de vida que les queda es una prórroga para Llamosas y apostar a que durante ese período la situación económica o sanitaria lo desgaste y que empiece a crecer algo su candidato”, indicaron desde el oficialismo provincial.

En el radicalismo, en la semana, alentaron la lectura de que Llamosas sufrió una pérdida de imagen y una consecuente caída en la intención de voto y que, por eso, blande la posibilidad de votar en junio. Desde la Provincia lo niegan tajantemente: “Terminamos una encuesta el lunes y Juan Manuel está mejor que antes del inicio de la cuarentena. Las diferencias se estiraron”. Aunque a la vez admiten que, en este contexto extremo y desconocido, cualquier liderazgo es precario y cualquier ventaja es inestable.

El coronavirus ha sometido a los gobernantes, incluido por supuesto a Llamosas, a una enorme presión pero, a la vez, les ha dado una absoluta centralidad. Ahí se concentra su fortaleza y, a la vez, su potencial debilidad.