El fallo que sobreseyó parcialmente a Ignacio Martín, el joven con cara insípida que se hizo pasar por médico y llegó a coordinar un área del COE y a trabajar para el Municipio en el primer gran brote de coronavirus que tuvo Río Cuarto, tiene más relevancia pública y política que jurídica.
De hecho, no alivió el pesado presente de Martín, que acumula casi 13 meses de prisión preventiva, ni lo eximió de las acusaciones más graves que pesan sobre él. El pedido del fiscal Pablo Jávega, que fue aceptado por la entonces jueza de control Luciana Alba, se refiere en la superficie a lo que el joven hizo pero, en el fondo, apunta a lo que el Estado dejó de hacer.
Si Martín no necesitó adulterar y falsificar un documento público, si apenas le alcanzó con una fotocopia para burlar los controles del Estado, entonces, lo que dice la decisión judicial es que el chico de 19 años no fue especialmente hábil ni retorcido para el engaño, sino que los organismos públicos fueron particularmente negligentes.
Hay algunos datos que tal vez no sean de especial gravitación pero sí son llamativos. Alba firmó su resolución el 30 de diciembre de 2021, a horas de que se terminara el año y arrancara la feria. Desde entonces, hasta esta semana, nadie hizo pública la existencia de la resolución a pesar de que el Municipio ya la había apelado. Y, por último, cuando la noticia se conoció la jueza ya no era jueza, sino que había sido reemplazada, después de un concurso, por Diego Ortiz.
El gobierno de Juan Manuel Llamosas apeló la decisión por obligación funcional:el Estado debe llevar los casos hasta la última instancia posible, más aún en esta investigación puntual en la que es querellante particular.
Pero, en los hechos, la obligación era más política que jurídica. Porque el gobierno municipal debe inevitablemente tratar de desbaratar el razonamiento que se desprende de la decisión de Jávega y Alba. Desde el Palacio de Mójica señalan que, en el plano político, no podían dejar pasar la resolución porque implica una transferencia de responsabilidad desde Martín al Estado, y una negación del discurso municipal, que desde el inicio se declaró víctima de un estafador avezado en un contexto límite como la pandemia.
Las áreas jurídicas municipales argumentan que, más allá de que Martín haya falsificado o no un documento público o privado, el uso de la fotocopia generó el mismo resultado: simular una identidad y una calificación que no tenía.
“Nosotros hicimos todo, a pesar de que era una situación de emergencia extrema. No había médicos y al que aparecía lo recibías con los brazos abiertos. Aún así, permanentemente le pedimos la documentación original antes de contratarlo formalmente y como no la presentaba empezaron las sospechas hasta que finalmente se descubrió la verdad”, indicaron en el gobierno.
Martín y sus implicancias siguen siendo un dolor de cabeza para la política. Aunque no sólo para la política. El caso expuso además, desde el principio, a la propia Justicia. Cuando se denunció al falso médico y los primeros datos llegaron desde Córdoba, el expediente durmió en un cajón durante un mes sin que nadie lo viera porque justo había comenzado la feria.
Ahora, la resolución más reciente también genera interrogantes. Por lo pronto, provocó repercusión pública negativa más allá de su limitada significancia jurídica. Los funcionarios judiciales parecen desligarse en muchas ocasiones del efecto de sus decisiones. Ahora, el sobreseimiento parcial disparó la sospecha sobre la suerte final de la causa.
Los cuestionamientos a la Justicia riocuartense no se limitan a la esfera local. La pauta la da la reciente visita del Tribunal Superior de Justicia a la ciudad;el TSJ no estuvo sólo por una cuestión protocolar sino fundamentalmente para advertir por los largos tiempos que se toman algunos fueros. “Hay causas que tardan 5, 6 hasta 10 años para llegar a juicio. Los vocales reprocharon esas demoras”, relató un funcionario.
Si algo no necesita Llamosas en la etapa actual es que el caso Martín vuelva a ganar exposición de la forma en que lo hizo, con un traslado de la responsabilidad desde el estafador al Estado.
El intendente se encuentra en la antesala de su operativo provincial. Comenzará a desplegarlo una vez que termine el proceso interno en el peronismo, es decir después del 27 de marzo.
Llamosas buscará consolidarse primero en el sur y después proyectar su figura a la provincia. Apunta a un logro inicial pero no menor:sentarse en la mesa de las decisiones político-electorales con el schiarettismo y con dirigentes como Martín Llaryora, número puesto para ser el candidato a gobernador del oficialismo, y Natalia de la Sota.
En el Palacio aseguran que la normalización del PJ en la ciudad no acarreará conflictos. Llamosas dirigirá el partido y en los circuitos Centro, Banda Norte y Alberdi habrá un esquema de reparto entre el schiarettismo y el llamosismo:si un circuito queda en manos del sector interno alineado con el gobernador, el adjunto le corresponderá al intendente y viceversa.
Pero Llamosas decidió darle una vuelta de tuerca a ese acuerdo:cederá algunos de sus cargos a otros núcleos internos para que todos estén adentro. “Juan Manuel quiere repetir la lógica de la última elección. Hasta sectores kirchneristas como el de Gabi Estévez tendrán lugar, aunque por supuesto no van a ser visibles ni estarán en la conducción”, relataron en el gobierno.
Junto con la cuestión partidaria, en el llamosismo coinciden en que no hay posibilidad de proyección provincial sin una gestión con resultados. De ahí que el gobierno haya prometido que 2022 será el año de la obra pública. En paralelo, también los servicios cumplen un papel en ese sentido.
En su última sesión, el Concejo Deliberante, más específicamente el oficialismo, aprobó el llamado a licitación para el transporte urbano. Según la oposición, el resultado que se desprende del pliego es que la ciudad tendrá un servicio disminuido a partir de la nueva adjudicación.
Sin embargo, el gobierno y el propio Llamosas no podrían ni deberían permitirse ese escenario que describe Juntos por el Cambio. El transporte es un servicio sensible y al Ejecutivo no le alcanzará como argumento haber sido la primera gestión en llamar a una licitación. También tendrá que mostrar avances en el servicio.
“El pliego implica mejoras indudables. Pero, además, ya la licitación en sí misma cambia el panorama:no hay muchas chances de conseguir financiamiento para comprar unidades nuevas si tenés un contrato precario. Con una concesión de 83 meses es distinto”, señalaron en el Palacio.
El Municipio, en ese tema específico, se anotó un primer punto. Las acusaciones de la oposición no se instalaron en la agenda y la licitación salió sin ruido. Ahora, la pelota quedó por completo de su lado.