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El caso González, los privilegios y el riesgo

El accidente de quien hasta ayer fue presidente provisorio de la Legislatura se convirtió en un hecho político no sólo para el PJ sino para la oposición. Los riesgos de anticipar la campaña

El caso Oscar González, que en el origen fue un trágico accidente de tránsito, pero que con el paso de los días fue convirtiéndose en un hecho político, opacó el lanzamiento de campaña que el oficialismo había planificado para poner en cancha a Martín Llaryora antes que nadie y para configurar así el escenario inaugural de la pelea por la gobernación.

El choque en las Altas Cumbres que protagonizó González, quien finalmente se vio forzado ayer a renunciar como presidente provisorio de la Unicameral, desencadenó una extendida discusión en Córdoba sobre los privilegios de la política. En el plano policial aún se investiga si efectivamente el legislador, un histórico del peronismo provincial, cruzó la doble línea amarilla en una ruta de montaña y fue el responsable del accidente que le costó la vida a una docente de 56 años y dejó a dos adolescentes con lesiones muy severas.

Lo que extendió el efecto de lo que podría haber sido únicamente un desgraciado choque como los que ocurren a diario fueron los componentes adicionales de la historia: el legislador conducía un auto de alta gama, un BMW X1, secuestrado por la Justicia y entregado al poder político, había tramitado su carnet de conducir en el municipio de Las Tapias, donde no reside, porque allí no chequean las infracciones cometidas con anterioridad y González acumulaba varias, y finalmente hay imágenes que muestran a colaboradores cercanos del dirigente llevándose bolsos de la camioneta alemana en lo que sería la alteración de una escena que debió permanecer resguardada.

Es decir, el accidente que igualó a González con cualquier otra persona a la vez cristalizó una diferenciación: él pudo hacer lo que el resto no. Con el correr de las horas los efectos se extendieron hacia otros actores de la política, incluso de la oposición, que también recibieron autos para uso personal o funcional. El veterano oficialista disponía de cuatro vehículos, pero también tienen el suyo Orlando Arduh, Darío Capitani y Juan Jure, con puestos de conducción en la oposición.

Capitani ya lo devolvió; Jure lo hará en las próximas horas.

Los mismos hechos suelen disparar lecturas diferentes de acuerdo al contexto. Y en una situación como la actual, atravesada por una crisis económica y social cada vez peor, los márgenes de tolerancia hacia la política son cada vez más acotados. Tal vez en otra coyuntura los autos de lujo hubieran quedado como un elemento anecdótico de la política. Ahora fueron interpretados como un privilegio difícil de digerir.

Dentro de la Legislatura, el episodio González generó un proceso que enrareció la relación entre el oficialismo y la oposición. Desde Hacemos por Córdoba le reprochan al bloque Juntos UCR que preside Jure el intento por despegarse ahora del escándalo con un proyecto para modificar la ley 8.550, que habilita al Tribunal Superior a ceder vehículos judicializados a organismos públicos.

“Salieron a pedir la renuncia de González después de que ellos mismos votaron en el recinto una licencia. Y se escandalizan por los autos a pesar de que vienen usándolos desde hace años”, indicaron desde el oficialismo.

El PJ señala que hay voluntad política para cambiar la ley y que no existe intención de proteger a González, pero recrimina a la vez lo que considera una sobreactuación de la oposición. “En Córdoba no hay fueros, así que la situación de Oscar dependerá de lo que defina la Justicia y tendrá que responder como un ciudadano más”, señalaron en la Unicameral.

El accidente de González, que ocurrió horas antes del lanzamiento de Llaryora, condensa no sólo un hecho policial y político sino, además, el riesgo de una estrategia electoral que consiste en acelerar los tiempos. La situación del legislador es un ejemplo reciente de que una campaña extensa en paralelo con el ejercicio de la gestión encierra un peligro constante: la aparición de un costo político imposible de prever y, por lo tanto, de exorcizar ¿Quién podía imaginarse que un accidente de tránsito iba a transformarse en un hecho político justo en el inicio de la campaña?

Hacemos por Córdoba es consciente de esa potencialidad, pero a la vez, en la balanza de los elementos a considerar interpretó que era preferible aventurarse y gestar una campaña prematura antes que dejar correr el tiempo.

Hay dos razones que explican el apuro del justicialismo por oficializar la candidatura de Llaryora siete meses antes de la fecha que la ley habilita para la elección. Si la normativa no se modifica, Córdoba no podría elegir gobernador antes de junio.

La primera explicación que esgrimen en el peronismo no contempla la alteración del calendario electoral, como sí ocurrió en 2019: se basa en la dinámica de la construcción de una candidatura nueva después de 24 años del binomio José Manuel de la Sota - Juan Schiaretti. Argumental que si bien Llaryora es un dirigente con un elevado índice de conocimiento, aún hay bolsones en los que debe crecer. Eso lleva tiempo.

Pero, además, porque el oficialismo pretende configurar una campaña que no se asiente exclusivamente en las personalizaciones sino en una contraposición de concepciones y proyectos sobre la provincia. Ahí, el PJ considera que le lleva ventaja a Juntos por el Cambio, más específicamente a Luis Juez, que expresa su deseo de ser gobernador, pero no ha planteado, al menos hasta ahora, qué quiere hacer con la provincia. El propio Llaryora le lanzó unos dardos al líder del Frente Cívico en su lanzamiento del lunes: sin nombrarlo dijo que dejó tierra arrasada cuando fue intendente de Córdoba.

La segunda razón del apresuramiento depende de la evolución de la primera. Ahí sí se contempla la posibilidad de adelantar las elecciones. Si la campaña de Llaryora se desarrolla como el oficialismo espera, entonces Hacemos por Córdoba intentará aprovechar las complicaciones que padece Juntos por el Cambio.

Los tiempos pueden ser una trampa para la oposición: en dos semanas arranca el Mundial, después están las Fiestas y las vacaciones. Es decir, la política quedará suspendida casi hasta marzo. Si Luis Juez y el radicalismo no llegan a un acuerdo y se ven obligados a ir a una interna, entonces el peronismo sí podría disponer de un adelantamiento de la fecha. Es mejor enfrentarse a un adversario aquejado por las heridas de una interna que dejarlo reacomodarse.

Es decir, hoy no está definida la modificación del calendario, pero el oficialismo tampoco lo descarta. Todo dependerá de la evolución del escenario político.

En ese contexto, el reclamo de los intendentes para que la Legislatura habilite excepcionalmente una nueva reelección en 2023 parece destinado al fracaso. Si tiene que pagar un costo, Schiaretti prefiere hacerlo por la fecha de la elección, que puede ser un aspecto definitorio en 2023.

El oficialismo pretende expandir o contraer el tiempo para tratar de hacerlo jugar a su favor. Y también se concentra en mostrarse monolítico: el que conduce es Schiaretti y la estrategia es una sola. De ahí que Juan Manuel Llamosas haya expresado en las últimas horas que ansía ser candidato a vice, pero que estará donde lo defina Hacemos por Córdoba. Nadie quiere tocar una nota desafinada.

En Juntos por el Cambio, el lanzamiento de Llaryora no actuó como un ordenador: la UCR sigue enviándoles mensajes a sus socios pero tampoco tiene una estrategia unívoca hacia adentro. La demora exaspera y desespera a Juez, quien en una visita que hizo ayer a Monte Buey dijo, sin filtro: “Ellos ya arrancaron y tienen los presupuestos provinciales y municipales para hacer lo que quieran. Mientras, nosotros todavía estamos viendo qué hacemos”.

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