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El gobernador Martín Llaryora se sometió al análisis de narcotest

Es en cumplimiento de la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el 26 de abril pasado. En la provincia de Córdoba, es obligatorio para quienes desempeñen funciones por elección popular

El gobernador Martín Llaryora asistió al hospital San Roque para someterse al análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.

El estudio que se realizó Llaryora es en cumplimiento de la ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

El test, que puede concretarse en establecimientos públicos y privados, es obligatorio para “las personas que desempeñen funciones por elección popular, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados.

Con esta acción política, el gobernador Martín Llaryora busca mostrar el funcionamiento del nuevo modelo contra la inseguridad y el narcotráfico en Córdoba.

Funcionarios obligados

La ley indica que los funcionarios deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido habitualmente como narcotest.

En caso de incumplimiento del artículo 66, que exige el certificado negativo expedido por una institución médica que acredite la realización de estos análisis complementarios, la ley prevé la aplicación del procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor.

En tanto que la reglamentación añade que se comunicará dicha circunstancia a la autoridad competente y se dará la intervención correspondiente al Ministerio de Salud para que realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.

Qué dice la ley

La Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, aprobada en diciembre de 2023 por la Unicameral, creó guardias locales de Prevención y Convivencia, un instituto de formación de políticas de seguridad y de capacitación, habilitó el uso de armas no letales y la articulación con prestadoras de seguridad privada.

En ese marco, también estableció la obligatoriedad del narcotest para funcionarios públicos y la creación de fiscalías y juzgados de control, entre otros aspectos.

La obligación está contenida en la Ley de Seguridad Pública provincial.

En uno de los apartados específicos, la norma provincial establece la obligatoriedad, para los funcionarios prúblicos provinciales, de presentar un certificado negativo de presencia de metabolitos de drogas ilegales.

El artículo 66 de la mencionada ley determina que “las personas que desempeñen funciones por elección popular, gobernador, vicegobernador, legisladores y tribunos de Cuenta, los ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados, están obligados a presentar anualmente ante el Ministerio de Salud certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”.