Vale recordar que el Gobierno Nacional formalizó la semana pasada la apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En medio de tensiones políticas y negociaciones internas, el equipo legal intentó ganar tiempo y evitar la cesión de las acciones antes de que se resuelva la cuestión de fondo.
En Estados Unidos, la expectativa política se combinó con la preocupación por el impacto que pueda tener un eventual embargo sobre activos públicos. Este lunes era la fecha límite original para que el país depositara las acciones en custodia en un banco de Nueva York, en cumplimiento de la sentencia dictada por Preska en junio.
La administración de Javier Milei busca evitar que se materialice la entrega de las acciones de YPF, algo que según los abogados del Estado implicaría una pérdida definitiva de control sobre la compañía. La defensa resaltó que la ley argentina de expropiación de 2012 exige una mayoría de dos tercios en el Congreso para cualquier cesión de la participación estatal en la petrolera.