Según se detalla en un comunicado emitido ayer por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, los consejos federales de procuradores, fiscales, defensores y asesores generales y de política criminal de Argentina pidieron que el Estado nacional cumpla con el envío de más recursos.
Los funcionarios judiciales participaron de las XXX Jornadas Nacionales y señalaron: “Que se dé cumplimiento al apoyo financiero previsto” para aquellas provincias que, como Córdoba, adhirieron al régimen de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico y tomaron a su cargo el seguimiento de los casos de venta minorista de droga.
En la declaración conjunta, las entidades resaltaron: “Resulta insoslayable que se llame la atención, una vez más, a la sociedad en su conjunto y a todos los poderes que integran los gobiernos nacionales y provinciales acerca de la necesidad de adoptar políticas de Estado que pongan límite al narcotráfico en nuestro país; en este sentido reclamamos que se adopte una definición acerca de la continuación y generalización o derogación del régimen de desfederalización de estupefacientes definido en la ley 26.052”.
El gobierno de Macri había fijado como una prioridad la lucha contra el narcotráfico. A la vez, se suceden las advertencias por el crecimiento del flagelo y la falta de recursos para afrontarlo. La Iglesia ha venido planteando reiteradamente el daño que la droga en términos de consumo y de negocio ilegal viene provocando en la sociedad.
Los fiscales y procuradores también puntualizaron otros reclamos, entre ellos la continuidad del programa de laboratorios regionales de investigación forense. Aseguraron que el programa está en riesgo y, por lo tanto, también solicitan que el Estado nacional incremente los fondos para garantizar la subsistencia.
Con respecto a la violencia de género, los procuradores y fiscales generales plantearon que debe iniciarse en el país un debate para implementar un régimen unificado de intervención judicial en todos los distritos.
Además advirtieron: “El sistema carcelario y poscarcelario requiere de recursos materiales y humanos para cumplir fielmente con su finalidad, y lo hacemos con el convencimiento de que, en todas las jurisdicciones, esos recursos son manifiestamente insuficientes y dejan en letra muerta los objetivos previstos en la ley 24.660, poniendo en crisis, además, la posibilidad de que se apliquen medidas cautelares privativas de libertad por falta de capacidad de alojamiento en los respectivos ámbitos institucionales”.
También detallaron que existe la necesidad de revisar los procesos de designación de fiscales, defensores y asesores que tendrían que orientarse a nuevos métodos de mayor calidad: “Creemos oportuno iniciar en nuestro país nuevas experiencias relativas a la formación de los integrantes de los Ministerios Públicos, que conduzcan a niveles de capacitación y adquisición de habilidades capaces de garantizar un desempeño de calidad de los operadores del sistema. Deben encararse urgentes gestiones para el diseño y aprobación de las respectivas carreras de posgrado con la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación”.
