“Los testimonios confirman que Pía Cardoso reclutaba a los indigentes”
Carlos Gonella es el fiscal en el juicio federal que se está siguiendo contra la reconocida exfuncionaria y otros 13 implicados por asociación ilícita fiscal. Los monotributistas que testificaron coincidieron en el rol de la abogada.
Pasaron más de 12 años pero, finalmente, la causa conocida como el escándalo de los cheques, que desnudó una extendida red delictiva que usaba a indigentes para permitir la evasión de millones de pesos en la venta de cereales, llegó a juicio. En Córdoba ya hubo tres audiencias y, según señaló el fiscal de la causa, Carlos Gonella, la hipótesis de que existió una asociación ilícita que tenía ramificaciones en Río Cuarto, Córdoba y Río Tercero se está corroborando.
María Pía Cardoso, la reconocida abogada y exfuncionaria municipal que hoy vive en Buenos Aires, aparece comprometida: los testimonios, según dijo Gonella, están confirmando que actuaba como la reclutadora de personas humildes y las hacía inscribir en la Afip como monotributistas. Esas personas aparecían después “comercializando” cereales que en realidad no les pertenecían sino que habrían sido, en su mayoría, de las empresas del grupo Mengo. Atilio, el dueño de las firmas FLG y Soybens, es uno de los sindicados como coautores. En esa misma categoría aparecen Cardoso, Luisina y Francina Mengo (hijas de Atilio), Sergio Bertoni y Sebastián Barreiro. Los demás acusados están procesados como partícipes.
Gonella declaró que el juicio llevará al menos un mes y medio más y que la hipótesis inicial de la Fiscalía a su cargo se está confirmando a medida que se exponen las pruebas y se escuchan los testimonios.
“Estamos hablando de una asociación ilícita fiscal llevada adelante por un grupo de personas que prestaban distintos servicios con la finalidad de posibilitar delitos de evasión fiscal, defraudar al Estado nacional en la percepción de tributos en torno al comercio de granos. Esto salta a la luz a raíz de un escándalo sucedido en el Banco Francés de Río Cuarto, cuando María Pía Cardoso, junto con indigentes a los que habían inscripto bajo engaño como monotributistas, intentaban cobrar cheques cuyo destinatario final era otro de los involucrados en esta maniobra, que era Mengo, integrante de las empresas del grupo Mengo. Tenemos 14 acusados, una instrucción bastante compleja, larga, una nutrida prueba documental y la intervención de la Afip”, describió el fiscal federal.
Gonella detalló que la organización delictiva podría haber provisto el servicio a otras empresas, no sólo las de Mengo, y que un universo de unos 500 monotributistas fueron utilizados en las maniobras. “Los hacían aparecer como vendedores de cereal pero eran las empresas del grupo Mengo las que se beneficiaban”, dijo.
Con respecto a María Pía Cardoso, Gonella precisó: “Lo que dice la acusación y lo que está surgiendo en la prueba es que Cardoso aprovechaba su situación de funcionaria municipal. Hemos escuchado en las audiencias a personas que fueron usadas como monotributistas y destacan eso, que María Pía Cardoso, a partir de su rol como jefa del área de saneamiento de títulos del Municipio, hacía un recorrido por el territorio, por distintos barrios vulnerables, y una vez que establecía ese contacto después solicitaba a la gente inscribirla como monotributista con la promesa de pagarles 150 pesos. Esas personas ratificaron esa situación y contaron que ella misma los acompañaba para que se inscribieran en la Afip. En cuanto a su rol, se va corroborando”.
- ¿Es comprometida la situación de los implicados?
- Lo que puedo decir en esta instancia es que la hipótesis de la Fiscalía se va corroborando. Ya tuvimos la segunda audiencia de testimonios e, incluso, han declarado funcionarios de la Afip que contaron cómo luego de inspeccionar las empresas del grupo Mengo empiezan a detectar documentación importante relacionada con monotributistas que eran utilizados en las maniobras. Faltan muchos testimonios de monotributistas, de personal de Afip, pero hasta ahora lo que hemos escuchado corrobora la hipótesis acusatoria.
Gonella planteó que es demasiado pronto para pensar en la magnitud de la pena que podría solicitar, pero que el delito contempla de 3 años y medio a 10 años de prisión y que, por lo tanto, no es excarcelable.
