El presidente Mauricio Macri "no" vetará la ley de aborto legal, seguro y gratuito en caso de que sea aprobada por el Senado, ratificó ayer el Gobierno luego del reclamo de la Iglesia en ese sentido.
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El mensaje fue enviado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras la reunión que los ministros del gabinete mantuvieron con el Presidente en la Casa Rosada y en respuesta al pedido formulado por el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor “Tucho” Fernández.
"El Presidente ha sido claro en su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano, que implica respetar el resultado y por supuesto no vetar la ley", remarcó Peña ante la prensa, tras el encuentro del que participaron la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dos detractores de la controvertida iniciativa.
La relación con la Iglesia
Asimismo, el funcionario definió como "muy buena" la relación "institucional" que mantiene el Gobierno con la Iglesia Católica, así como con otros cultos, y afirmó que en la gestión de Cambiemos han sido "muy respetuosos" de la posición contra el aborto que han expresado autoridades eclesiásticas.
Incluso, a pesar de las críticas internas, Peña dijo que en la Casa Rosada no sienten "que haya un conflicto" por haber promovido el debate del proyecto de ley sobre despenalización del aborto, porque -sostuvo- la discusión forma parte del "desarrollo de la vida republicana del país".
"Y el Presidente ha sido claro en el sentido de que su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano implica respetar el resultado de ese acuerdo y no vetar la ley", enfatizó.
Y completó: "No encontramos con que tiene que haber una razón de fricción por algo que está dentro del normal desarrollo de la vida republicana".
Este lunes 9 de julio, en su primer tedeum desde que está al frente del Arzobispado de La Plata, monseñor Tucho Fernández había pedido al jefe de Estado imitar al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, que en 2008 vetó la ley de despenalización del aborto.
Empezó el debate en comisión en el Senado
El Senado realizó ayer la primera audiencia pública sobre la legalización del aborto con la presencia de referentes de los ámbitos médico y legal, que se expresaron a favor y en contra del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
Los expositores se presentaron ante el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales, que volverá a reunirse hoy a partir de las 10 para continuar el debate.
La senadora de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, contraria al proyecto, preguntó a varios de los expositores a favor si recibían financiamiento de la organización Planned Parenthood y sólo obtuvo respuesta afirmativa de Mariana Romero, médica y referente del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).
Los senadores Alfredo Luenzo y Pamela Verasay, que están a favor del proyecto, interrogaron a los críticos sobre su visión respecto de la criminalización de la mujer y todos se expresaron en contra.
Voces a favor
El director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Cahn, se refirió a la objeción de conciencia que se plantea frente a la legalización del aborto y afirmó: "Es similar a la objeción de conciencia de hecho que muchos practicaron con las personas HIV positivas en el comienzo de la epidemia. Era casi abandono de persona".
"Cuando el aborto sea ley, las mujeres no sólo accederán a una práctica más segura, también a métodos anticonceptivos que permitan evitar embarazos no deseados", agregó Cahn, quien justificó el plazo de las 14 semanas de gestión para realizar un aborto legal.
En este sentido, explicó: "Una mujer notará un embarazo recién en la semana cuatro" y precisó: "Si acortamos el plazo, menos mujeres, fundamentalmente las más jóvenes y las más vulnerables, van a poder acceder a la práctica".
La exdirectora del Consejo de la Mujer María Lucila Colombo consideró que el aborto "no es un derecho de las mujeres", pero que "las mujeres no deben ser penalizadas" por recurrir a esa práctica, al tiempo que subrayó que "el voto de rechazo no da ninguna respuesta a la realidad" que se vive.
El abogado Martín Farrell sostuvo que "la autonomía es un principio liberal" y que "las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución están sustentadas en la ideología liberal", por lo que "el proyecto, que menciona la autonomía, está armonizando la Constitución con la legislación".
La médica y psicoanalista Martha Rosenberg destacó "el inmenso movimiento social hasta ahora obturado por fuerzas conservadoras y clericales" y agregó: "Somos las únicas derechohabientes a considerar".
En un sentido similar, el jurista Marcelo Alegre subrayó que "el artículo 19 de la Constitución protege las decisiones privadas que no afecten a terceros" y afirmó que "el aborto en las primeras 14 semanas es una acción privada porque el feto no tiene intereses y derechos", tras lo cual acotó: "Asimilar el feto a un niño no es un principio aceptable".
Voces en contra
El abogado Manuel García Mansilla afirmó: "El derecho a la vida está reconocido en normas de máxima jerarquía. El aborto es un delito con algunas causales de no punibilidad. Pretenden garantizarlo como si fuera un derecho, pero ese supuesto derecho no existe".
A su turno, el urólogo Fernando Secin también se expresó en contra y manifestó: "Los médicos pensamos que la legalización del aborto podría ocasionar un descalabro en la salud pública y expresamos un rechazo absoluto a este proyecto de ley".
La primera polémica de la jornada llegó cuando Secin comparó el aborto con la desaparición forzada de personas, una declaración que fue objetada por el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, quien le pidió "criterio prudencial para usar las palabras".
"Respeto los derechos de la mujer, pero creo que la mujer no puede decidir sobre otra persona", precisó a su turno Eduardo Young, ginecólogo y miembro de la Academia Nacional de Medicina, quien apuntó además que el feto "no es una persona" sino "una persona en potencia" y valoró los métodos anticonceptivos como "el mejor instrumento para prevenir abortos".
La abogada María Angélica Gelli aseguró que "hasta un niño en situación de calle puede esquivar su situación terrible, pero el niño no nacido, si su madre decide terminarlo, no tiene defensa alguna", al tiempo que señaló que el proyecto "consagra un derecho subjetivo de la mujer" mientras "ignora en términos absolutos el tercero en cuestión, que es el concebido".
"El Presidente ha sido claro en su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano, que implica respetar el resultado y por supuesto no vetar la ley", remarcó Peña ante la prensa, tras el encuentro del que participaron la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dos detractores de la controvertida iniciativa.
La relación con la Iglesia
Asimismo, el funcionario definió como "muy buena" la relación "institucional" que mantiene el Gobierno con la Iglesia Católica, así como con otros cultos, y afirmó que en la gestión de Cambiemos han sido "muy respetuosos" de la posición contra el aborto que han expresado autoridades eclesiásticas.
Incluso, a pesar de las críticas internas, Peña dijo que en la Casa Rosada no sienten "que haya un conflicto" por haber promovido el debate del proyecto de ley sobre despenalización del aborto, porque -sostuvo- la discusión forma parte del "desarrollo de la vida republicana del país".
"Y el Presidente ha sido claro en el sentido de que su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano implica respetar el resultado de ese acuerdo y no vetar la ley", enfatizó.
Y completó: "No encontramos con que tiene que haber una razón de fricción por algo que está dentro del normal desarrollo de la vida republicana".
Este lunes 9 de julio, en su primer tedeum desde que está al frente del Arzobispado de La Plata, monseñor Tucho Fernández había pedido al jefe de Estado imitar al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, que en 2008 vetó la ley de despenalización del aborto.
Empezó el debate en comisión en el Senado
El Senado realizó ayer la primera audiencia pública sobre la legalización del aborto con la presencia de referentes de los ámbitos médico y legal, que se expresaron a favor y en contra del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
Los expositores se presentaron ante el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales, que volverá a reunirse hoy a partir de las 10 para continuar el debate.
La senadora de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, contraria al proyecto, preguntó a varios de los expositores a favor si recibían financiamiento de la organización Planned Parenthood y sólo obtuvo respuesta afirmativa de Mariana Romero, médica y referente del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).
Los senadores Alfredo Luenzo y Pamela Verasay, que están a favor del proyecto, interrogaron a los críticos sobre su visión respecto de la criminalización de la mujer y todos se expresaron en contra.
Voces a favor
El director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Cahn, se refirió a la objeción de conciencia que se plantea frente a la legalización del aborto y afirmó: "Es similar a la objeción de conciencia de hecho que muchos practicaron con las personas HIV positivas en el comienzo de la epidemia. Era casi abandono de persona".
"Cuando el aborto sea ley, las mujeres no sólo accederán a una práctica más segura, también a métodos anticonceptivos que permitan evitar embarazos no deseados", agregó Cahn, quien justificó el plazo de las 14 semanas de gestión para realizar un aborto legal.
En este sentido, explicó: "Una mujer notará un embarazo recién en la semana cuatro" y precisó: "Si acortamos el plazo, menos mujeres, fundamentalmente las más jóvenes y las más vulnerables, van a poder acceder a la práctica".
La exdirectora del Consejo de la Mujer María Lucila Colombo consideró que el aborto "no es un derecho de las mujeres", pero que "las mujeres no deben ser penalizadas" por recurrir a esa práctica, al tiempo que subrayó que "el voto de rechazo no da ninguna respuesta a la realidad" que se vive.
El abogado Martín Farrell sostuvo que "la autonomía es un principio liberal" y que "las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución están sustentadas en la ideología liberal", por lo que "el proyecto, que menciona la autonomía, está armonizando la Constitución con la legislación".
La médica y psicoanalista Martha Rosenberg destacó "el inmenso movimiento social hasta ahora obturado por fuerzas conservadoras y clericales" y agregó: "Somos las únicas derechohabientes a considerar".
En un sentido similar, el jurista Marcelo Alegre subrayó que "el artículo 19 de la Constitución protege las decisiones privadas que no afecten a terceros" y afirmó que "el aborto en las primeras 14 semanas es una acción privada porque el feto no tiene intereses y derechos", tras lo cual acotó: "Asimilar el feto a un niño no es un principio aceptable".
Voces en contra
El abogado Manuel García Mansilla afirmó: "El derecho a la vida está reconocido en normas de máxima jerarquía. El aborto es un delito con algunas causales de no punibilidad. Pretenden garantizarlo como si fuera un derecho, pero ese supuesto derecho no existe".
A su turno, el urólogo Fernando Secin también se expresó en contra y manifestó: "Los médicos pensamos que la legalización del aborto podría ocasionar un descalabro en la salud pública y expresamos un rechazo absoluto a este proyecto de ley".
La primera polémica de la jornada llegó cuando Secin comparó el aborto con la desaparición forzada de personas, una declaración que fue objetada por el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, quien le pidió "criterio prudencial para usar las palabras".
"Respeto los derechos de la mujer, pero creo que la mujer no puede decidir sobre otra persona", precisó a su turno Eduardo Young, ginecólogo y miembro de la Academia Nacional de Medicina, quien apuntó además que el feto "no es una persona" sino "una persona en potencia" y valoró los métodos anticonceptivos como "el mejor instrumento para prevenir abortos".
La abogada María Angélica Gelli aseguró que "hasta un niño en situación de calle puede esquivar su situación terrible, pero el niño no nacido, si su madre decide terminarlo, no tiene defensa alguna", al tiempo que señaló que el proyecto "consagra un derecho subjetivo de la mujer" mientras "ignora en términos absolutos el tercero en cuestión, que es el concebido".