La normativa que se busca modificar es la Ley 26.659, sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011 durante el primer mandato de Cristina Kirchner y conocida como "Ley Pino Solanas" en reconocimiento al cineasta y dirigente Fernando "Pino" Solanas, quien la impulsó. En su redacción actual, esa ley solo contempla sanciones vinculadas a la actividad hidrocarburífera.
Desde la Casa Rosada explicaron que la idea es apuntar no solo a endurecer las sanciones a empresas y sujetos que operen en Malvinas, sino también ir más allá de las vinculadas a hidrocarburos, alcanzando al resto de los negocios en el área, entre ellos el de la pesca. En ese sentido, el Ejecutivo analiza especialmente la situación de empresas relacionadas de forma directa o indirecta con quienes operan bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.
Un régimen que ya existe pero nunca se aplicó
La Argentina cuenta desde 2008 con herramientas legales para sancionar vínculos con la pesca sin permiso argentino en Malvinas. El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca obliga a quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura en el país a declarar que no tienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional. Si se comprueba una violación, pueden caducar los permisos, las cuotas y las autorizaciones de captura de la empresa alcanzada. Sin embargo, esa norma nunca fue aplicada en la práctica.
La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) había reclamado en las últimas horas que los recursos pesqueros queden incluidos en el mismo esquema que los hidrocarburíferos.
"Si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos"
señaló la fundación en un comunicado.
El objetivo inmediato: el proyecto Sea Lion
El blanco principal del nuevo régimen es Sea Lion, el proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Desde que el presidente Javier Milei realizó el anuncio el jueves 3 de septiembre por cadena nacional, el Gobierno ya aplicó dos tandas de sanciones: primero a 45 empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas en las islas, y luego a 15 actores más. Además, se presentó una denuncia penal ante el juzgado federal 12 de Comodoro Py contra Navitas y otras empresas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El nuevo proyecto también contempla darle más facultades al Consejo de Seguridad Nacional, que se conformará a partir de la ley, y cuyo principal lineamiento será la definición de una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado.
La redacción del texto está en manos de la Secretaría Legal y Técnica, bajo la órbita de María Ibarzábal; de la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno; y del Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti. El asesor presidencial Santiago Caputo también participa de lleno en el proyecto.
Tres empresas de servicios petroleros —SLB, Baker Hughes y Halliburton— ya anticiparon en comunicados que no participarán de proyectos de exploración en las islas en disputa, lo que el Gobierno considera un resultado concreto de su estrategia de presión sobre el sector.
