El oficialismo apuraba anoche la media sanción del nuevo marco regulatorio de los biocombustibles que deja abierta la posibilidad de bajar el corte con biodiésel y etanol en los surtidores.
La iniciativa, impulsada por el bloque del Frente de Todos y presentada por el legislador santafesino Marcos Cleri recibió profundas críticas durante la sesión de parte de legisladores pertenecientes a distintas bancadas y diferentes provincias, especialmente por el alto nivel de arbitrariedad que deposita la nueva normativa en manos de la Secretaría de Energía para fijar precio y cupo, las dos variables clave para la industria y que en conjunto o por separado determinan la viabilidad o no de la actividad.
Omar Félix, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados, integrante del bloque oficialista, aseguró que la propuesta da más “previsibilidad y seguridad jurídica, al tiempo que alienta el cuidado del medio ambiente”. El legislador del oficialismo, que abrió el debate, afirmó que el sector de los biocombustibles ocupa a unos “80 mil puestos de trabajo y miles de millones de dólares de inversión. Todo fue tenido en cuenta y valorado durante el proceso de debate de este proyecto”, remarcó.
Sin embargo, no tardaron en llegar las críticas. Incluso horas antes de abrir la sesión, el legislador riocuartense y presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, indicó que se trata de un proyecto que atenta contra los intereses de la provincia. “Es un proyecto contra Córdoba”, consideró el legislador schiarettista.
En la provincia, las empresas productoras de etanol y buena parte del arco político provincial, advirtieron sobre consecuencias negativas importantes para la actividad que viene en expansión desde el año 2010. Córdoba es la principal productora de etanol de maíz del país, y es justamente el sector que queda en una situación más débil en el nuevo marco normativo. Es que se establece una diferenciación entre el etanol producido a partir de la caña de azúcar y el de maíz. Al primero se le garantiza que deberá aportar el 6% del corte fijado en 12%. La otra mitad debe ser cubierto por el alcohol producido a partir del cereal; sin embargo es allí donde queda un margen en manos de Energía: si la autoridad de aplicación lo cree conveniente, el 6% correspondiente a etanol de maíz puede reducirse a la mitad, al 3%.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz de la Argentina no tiene dudas: “Esa posibilidad no será por un contexto excepcional sino que estamos seguros que será casi en forma permanente y obligará a las empresas del sector a producir con un alto nivel de capacidad ociosa, y eso es inviable y empujará a las firmas a tener que cerrar porque no van a poder trabajar 3 o 4 meses por año. Es inviable”, alertó.
Adam recordó también que “actualmente la Argentina está importando combustibles y lo deberá seguir haciendo en mayor volúmen cuando la actividad económica se recupere tras la pandemia. Esos dólares que se van son los que podríamos ahorrar con un corte adecuado de biocombustibles. Pero evidentemente alguien se beneficia con esa importación, con ese esquema y perdemos la posibilidad de agregar valor a nuestros granos y evitar la salida de dólares que tanto necesita la economía nacional”, apuntó el directivo.
Sin embargo, Félix, en el recinto defendió la diferenciación de producciones: “No seríamos justos si proponemos las mismas condiciones al sector azucarero que al de maíz o de la soja. Primero el valor general y luego el de los sectores”, indicó el titular de la Comisión de Energía.
La normativa impulsada por el oficialismo tiene un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 con posibilidad de ser extendido por 5 años si el Poder Ejecutivo así lo entiende. “Estos plazos permitirán planificar y definir estrategias que facilitarán la sostenibilidad, expansión y crecimiento del sector”, agregó Félix, qué luego explicó porqué deja la posibilidad abierta de una baja en el corte: “Faculta la posibilidad de reducir al 3% el corte de biodiésel y del 3% para el etanol de maíz siempre para evitar distorsión de precios en el surtidor. Se trata de proteger la economía de todos los argentinos”.
A su turno, Jimena Latorre, de la UCR Mendoza, aseguró que la iniciativa apunta al “cortoplacismo y la mediocridad. Un traje a medida para empresarios afines al kirchnerismo. Esto no busca ni la promoción, ni el fomento. Hay un claro castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad”, dijo.
Y aseguró que se trata de una iniciativa “regresiva, intervencionista y discrecional que muestra la falta de política energética y de planificación estratégica. Sólo seguirán en pie las empresas afines al Gobierno” advirtió.
Actualizaron el valor del etanol
La Secretaría de Energía de la Nación actualizó ayer los valores de los biocombustibles, luego de que en mayo y junio se mantuvieron sin modificaciones.
A partir de ayer, el litro de etanol -tanto de maíz como de caña de azúcar- pasó a tener un precio de 55,663 en lugar de los 51,132 que regían hasta el último día del mes pasado. Eso implicó una mejora del 8,86%.
Cómo se recordará el sector de los biocombustibles atravesó el 2020 con valores congelados hasta que a mediados de octubre el precio pasó de $29,808 a $32,789 por litro. Luego, Energía dispuso un sendero de precios para los primeros cinco meses del año, en medio del debate sobre qué hacer con la ley 26093 que ayer comenzó a ser reemplazada por un nuevo proyecto aprobado en Diputados y que ahora deberá analizar el Senado. La Cámara Alta, como se recordará había decidido por unanimidad en octubre extender la vigencia del marco normativo de 2006 por otros cuatro años, hasta 2025. Pero cuando ese proyecto llegó a Diputados, comenzó a demorarse su tratamiento, aún cuando venía impulsado por el propio oficialismo.
Mientras esa discusión avanzaba, la Secretaría de Energía dispuso un valor para enero de $43,6 y un mes más tarde lo elevó a $47,8. En marzo, el litro de etanol alcanzó los $48,7 y finalmente en abril llegó a $49,6.
Ese sendero permitió a las empresas recuperar el equilibrio en sus cuentas luego de transitar un año que las empresas definieron como de quebranto. De hecho, muchas decidieron parar su producción porque eso implicaba perder menos dinero que moliendo cereal, especialmente cuando el precio del maíz comenzó a escalar y eso terminó de complicar la ecuación. Otra empresas decidieron, ante ese escenario, acudir a la Justicia y solicitar que se cumpla con la normativa vigente en ese momento que establecía la necesidad de un precio que “cubriera los costos y otorgara un margen razonable de rentabilidad”. En ese sentido se expidió en su momento el Juzgado Federal de Río Cuarto.
Ahora, Energía decidió evitar más complicaciones y recompuso el valor para el mes corriente.