El gobierno de Juan Manuel Llamosas parece haber aprendido de sus propios errores. Hasta ahora, en los casi dos años que lleva en el poder, era usual que se topara con la realidad en vez de anticiparse a ella.
Pero en la semana que pasó realizó dos movimientos en los que demostró rapidez de reflejos, al menos en el plano político, aunque las consecuencias aún no puedan dimensionarse en su totalidad.
Primero, ocurrió con las facturas de gas. Llamosas no iba a poder escaparse de la doble presión que está descendiendo desde el poder nacional y el provincial.
Mauricio Macri, agobiado por el costo político que le está provocando a su gobierno el tarifazo en los servicios públicos, puso en marcha una maniobra para desprenderse al menos de parte de la responsabilidad y les reclamó a gobernadores e intendentes que reduzcan la carga impositiva en las boletas de la luz y el gas.
En paralelo, el gobernador Juan Schiaretti, también preocupado por el efecto político de las tarifas, ya había iniciado a través del Ersep una ofensiva para eliminar las tasas municipales de la boletas de Epec y también había reclamado a los organismos federales que ordenaran despojar a las facturas de gas natural de las tasas e impuestos municipales que se han ido adosando para aprovechar la altísima cobrabilidad que tienen los servicios esenciales.
En el gas, Río Cuarto empezó a cobrar en los 90 una sobretasa del 10 por ciento sobre el consumo, que alimenta al Fondo de Obras Públicas y recauda unos 3 millones de pesos al mes. Llamosas iba a tener que dejar de cobrarla; si no era ahora iba a ser dentro de una semana o diez días. Sólo era cuestión de tiempo. Por eso acertó cuando convirtió, al menos ante la gente, esa imposición en una iniciativa: el intendente anunció la eliminación de la alícuota como si fuera una decisión personal, un aporte de su gobierno para aliviar la pesada carga que las tarifas implican -e implicarán aún más- para los castigados bolsillos de los riocuartenses.
El interrogante es cómo suplirá ahora el Municipio, que no viene precisamente de un año holgado en el manejo de las cuentas, el agujero que abrirá la eliminación de la tasa.
El segundo acierto se produjo ante la prefiguración de un escándalo. En dos situaciones anteriores, el gobierno actuó con parsimonia y, consecuentemente, pagó un costo que podría haber evitado o, al menos, atenuado. Ocurrió con el caso de Emilio Simón, el expresidente del Tribunal de Cuentas, que cayó fruto de la polémica que desató su doble condición de funcionario y proveedor del Estado, pero que antes de renunciar le causó a la gestión justicialista, reacia a desprenderse de un llamosista leal, un desgaste continuo de 40 días.
El Ejecutivo también corrió desde atrás cuando Cambiemos denunció que el Edecom hacía actas mellizas y que una misma infracción motivaba dos multas. Primero se generó el impacto de la noticia; después, el gobierno se vio obligado a explicar.
Ahora, existe en el mismo ente municipal, que parece tener más rigurosidad en los controles externos y callejeros que en los que se aplica a sí mismo, un caso que no saltó a la luz pública por una denuncia opositora sino por una actuación del propio gobierno.
En el Edecom se hicieron pagos indebidos con cheques que, en teoría, debían ir a proveedores. Según el oficialismo, el monto del fraude sería de 60 mil pesos; según la oposición, rondaría los 140 mil.
Pero más allá de los resultados de una investigación que está en curso, el gobierno tuvo esta vez capacidad de anticipación. Ante el escándalo inminente, actuó: difundió el caso en los medios, reveló que había iniciado un sumario interno, describió cómo habría sido la operatoria, aseguró que iría hasta las últimas consecuencias aunque haya directivos políticos implicados y hasta utilizó un recurso que suele usar la oposición: fue a la Justicia. Hizo la denuncia penal ayer, sábado, antes de que Cambiemos reaccionara e hiciera lo mismo cuando termine el fin de semana largo.
El gobierno se ha adelantado algunos pasos. Sin embargo, la oposición apostará por una mayor politización del caso. Hasta ahora, el Ejecutivo ha encapsulado la maniobra de defraudación en los cuatro empleados que manejan la caja chica, aunque no descartó que pueda haber directivos entre los responsables. Cambiemos irá directamente por Pablo Pellegrini, titular del Edecom y un hombre que llegó desde la Policía al Municipio directamente de la mano de Llamosas.
El principal bloque opositor rememora el escándalo de los criollitos, ocurrido en la gestión de Juan Jure, como antecedente directo. Por ese caso, Gustavo Segre tuvo que enfrentar una causa judicial y dejar temporariamente su cargo de jefe del bloque de concejales del oficialismo porque la empleada encargada de la caja chica había adulterado una factura de panadería para cobrar 300 pesos de más. Sobre esa base, Cambiemos pedirá que Pellegrini, como principal responsable del Edecom, sea apartado hasta tanto se aclare cómo funcionó el circuito interno que derivó en los cobros irregulares de cheques.
En ese plano se dará la disputa política. Pero, más allá del resultado de ese tironeo, el gobierno deberá revisar inexorablemente los circuitos internos del Edecom para evitar que siga siendo un foco latente de nuevos escándalos.
Llamosas cerró la semana de la mano de Schiaretti. El gobernador, ya de campaña, estuvo en Río Cuarto, donde desplegó dos anuncios de impacto: la ruta a Córdoba tendrá un sistema de monitoreo permanente que la convertirá en la primera autovía inteligente del país y, en el plano más urbano, el cien por ciento de barrio Alberdi contará con cloacas.
Schiaretti, centrado en su intento de reelección, pivotea en dos ejes. Por un lado apuesta a la gestión y a las obras: seguirá con los gasoductos y la infraestructura y hará cada vez más anuncios relacionados con la conectividad y la tecnología para trabajar sobre el concepto de que Córdoba está a la vanguardia en el país. También insistirá, sostienen en el gobierno, en la pelea para cambiar las condiciones laborales de los empleados de Epec porque, en contra de lo que asegura el gremio, el oficialismo señala que algunos beneficios disparan costos que después impactan en el precio final que pagan los usuarios. Además, en el Ejecutivo consideran que la disputa contra Luz y Fuerza le prodiga réditos políticos a un año de las elecciones.
Por otro lado, Schiaretti se ha mostrado como el articulador del agrupamiento del Peronismo Federal, que hizo su cumbre en Córdoba y que insiste con un discurso que se diferencia de Macri pero no demasiado.
Los organizadores cordobeses del PJ Federal sostienen que el armado apunta a trascender al kirchnerismo: no tenerlo como antagonista ni como competidor por el voto peronista sino como una etapa superada. Además, se ubica también por fuera de las maquinaciones de la intervención encabezada por Luis Barrionuevo, inconcebiblemente designado como un restaurador de la normalidad en el justicialismo nacional, a quien secunda Julio Bárbaro, castigado desde que trascendió su tendencia a dar charlas de análisis político para dirigentes del Pro.
En el PJ Federal detallan que pretenden erigirse como una oposición racional, que no impulsa ni desea la salida anticipada de Macri como hace el kirchnerismo, pero que puede estar en condiciones de gobernar el país. Sus analistas creen que el actual gobierno marcha hacia un paulatino deterioro de las condiciones económicas y que llegará, por lo tanto, desgastado a la elección de 2019. Así, apuestan a forzar una segunda vuelta y allí a aglutinar el voto opositor y destronar al macrismo.
En ese análisis hay inconsistencias. Primero, los actores políticos no desaparecen por voluntarismo. El kirchnerismo es una fuerza golpeada, en retirada, desprestigiada, y tal vez incapaz de ganar una elección nacional. Pero existe. Y esa dispersión del peronismo no deja de ser una alentadora noticia para el gobierno nacional. Segundo, el propio Peronismo Federal es una incógnita. Actualmente, y al menos hasta que logre trazar su perfil, aparece como un armado autodefensivo, pensado más para proteger los intereses y los territorios de los gobernadores, que como un riesgo para el macrismo. Incluso, se asemeja más a un aliado con pinceladas críticas que a un real aspirante al poder.
Primero, ocurrió con las facturas de gas. Llamosas no iba a poder escaparse de la doble presión que está descendiendo desde el poder nacional y el provincial.
Mauricio Macri, agobiado por el costo político que le está provocando a su gobierno el tarifazo en los servicios públicos, puso en marcha una maniobra para desprenderse al menos de parte de la responsabilidad y les reclamó a gobernadores e intendentes que reduzcan la carga impositiva en las boletas de la luz y el gas.
En paralelo, el gobernador Juan Schiaretti, también preocupado por el efecto político de las tarifas, ya había iniciado a través del Ersep una ofensiva para eliminar las tasas municipales de la boletas de Epec y también había reclamado a los organismos federales que ordenaran despojar a las facturas de gas natural de las tasas e impuestos municipales que se han ido adosando para aprovechar la altísima cobrabilidad que tienen los servicios esenciales.
En el gas, Río Cuarto empezó a cobrar en los 90 una sobretasa del 10 por ciento sobre el consumo, que alimenta al Fondo de Obras Públicas y recauda unos 3 millones de pesos al mes. Llamosas iba a tener que dejar de cobrarla; si no era ahora iba a ser dentro de una semana o diez días. Sólo era cuestión de tiempo. Por eso acertó cuando convirtió, al menos ante la gente, esa imposición en una iniciativa: el intendente anunció la eliminación de la alícuota como si fuera una decisión personal, un aporte de su gobierno para aliviar la pesada carga que las tarifas implican -e implicarán aún más- para los castigados bolsillos de los riocuartenses.
El interrogante es cómo suplirá ahora el Municipio, que no viene precisamente de un año holgado en el manejo de las cuentas, el agujero que abrirá la eliminación de la tasa.
El segundo acierto se produjo ante la prefiguración de un escándalo. En dos situaciones anteriores, el gobierno actuó con parsimonia y, consecuentemente, pagó un costo que podría haber evitado o, al menos, atenuado. Ocurrió con el caso de Emilio Simón, el expresidente del Tribunal de Cuentas, que cayó fruto de la polémica que desató su doble condición de funcionario y proveedor del Estado, pero que antes de renunciar le causó a la gestión justicialista, reacia a desprenderse de un llamosista leal, un desgaste continuo de 40 días.
El Ejecutivo también corrió desde atrás cuando Cambiemos denunció que el Edecom hacía actas mellizas y que una misma infracción motivaba dos multas. Primero se generó el impacto de la noticia; después, el gobierno se vio obligado a explicar.
Ahora, existe en el mismo ente municipal, que parece tener más rigurosidad en los controles externos y callejeros que en los que se aplica a sí mismo, un caso que no saltó a la luz pública por una denuncia opositora sino por una actuación del propio gobierno.
En el Edecom se hicieron pagos indebidos con cheques que, en teoría, debían ir a proveedores. Según el oficialismo, el monto del fraude sería de 60 mil pesos; según la oposición, rondaría los 140 mil.
Pero más allá de los resultados de una investigación que está en curso, el gobierno tuvo esta vez capacidad de anticipación. Ante el escándalo inminente, actuó: difundió el caso en los medios, reveló que había iniciado un sumario interno, describió cómo habría sido la operatoria, aseguró que iría hasta las últimas consecuencias aunque haya directivos políticos implicados y hasta utilizó un recurso que suele usar la oposición: fue a la Justicia. Hizo la denuncia penal ayer, sábado, antes de que Cambiemos reaccionara e hiciera lo mismo cuando termine el fin de semana largo.
El gobierno se ha adelantado algunos pasos. Sin embargo, la oposición apostará por una mayor politización del caso. Hasta ahora, el Ejecutivo ha encapsulado la maniobra de defraudación en los cuatro empleados que manejan la caja chica, aunque no descartó que pueda haber directivos entre los responsables. Cambiemos irá directamente por Pablo Pellegrini, titular del Edecom y un hombre que llegó desde la Policía al Municipio directamente de la mano de Llamosas.
El principal bloque opositor rememora el escándalo de los criollitos, ocurrido en la gestión de Juan Jure, como antecedente directo. Por ese caso, Gustavo Segre tuvo que enfrentar una causa judicial y dejar temporariamente su cargo de jefe del bloque de concejales del oficialismo porque la empleada encargada de la caja chica había adulterado una factura de panadería para cobrar 300 pesos de más. Sobre esa base, Cambiemos pedirá que Pellegrini, como principal responsable del Edecom, sea apartado hasta tanto se aclare cómo funcionó el circuito interno que derivó en los cobros irregulares de cheques.
En ese plano se dará la disputa política. Pero, más allá del resultado de ese tironeo, el gobierno deberá revisar inexorablemente los circuitos internos del Edecom para evitar que siga siendo un foco latente de nuevos escándalos.
Llamosas cerró la semana de la mano de Schiaretti. El gobernador, ya de campaña, estuvo en Río Cuarto, donde desplegó dos anuncios de impacto: la ruta a Córdoba tendrá un sistema de monitoreo permanente que la convertirá en la primera autovía inteligente del país y, en el plano más urbano, el cien por ciento de barrio Alberdi contará con cloacas.
Schiaretti, centrado en su intento de reelección, pivotea en dos ejes. Por un lado apuesta a la gestión y a las obras: seguirá con los gasoductos y la infraestructura y hará cada vez más anuncios relacionados con la conectividad y la tecnología para trabajar sobre el concepto de que Córdoba está a la vanguardia en el país. También insistirá, sostienen en el gobierno, en la pelea para cambiar las condiciones laborales de los empleados de Epec porque, en contra de lo que asegura el gremio, el oficialismo señala que algunos beneficios disparan costos que después impactan en el precio final que pagan los usuarios. Además, en el Ejecutivo consideran que la disputa contra Luz y Fuerza le prodiga réditos políticos a un año de las elecciones.
Por otro lado, Schiaretti se ha mostrado como el articulador del agrupamiento del Peronismo Federal, que hizo su cumbre en Córdoba y que insiste con un discurso que se diferencia de Macri pero no demasiado.
Los organizadores cordobeses del PJ Federal sostienen que el armado apunta a trascender al kirchnerismo: no tenerlo como antagonista ni como competidor por el voto peronista sino como una etapa superada. Además, se ubica también por fuera de las maquinaciones de la intervención encabezada por Luis Barrionuevo, inconcebiblemente designado como un restaurador de la normalidad en el justicialismo nacional, a quien secunda Julio Bárbaro, castigado desde que trascendió su tendencia a dar charlas de análisis político para dirigentes del Pro.
En el PJ Federal detallan que pretenden erigirse como una oposición racional, que no impulsa ni desea la salida anticipada de Macri como hace el kirchnerismo, pero que puede estar en condiciones de gobernar el país. Sus analistas creen que el actual gobierno marcha hacia un paulatino deterioro de las condiciones económicas y que llegará, por lo tanto, desgastado a la elección de 2019. Así, apuestan a forzar una segunda vuelta y allí a aglutinar el voto opositor y destronar al macrismo.
En ese análisis hay inconsistencias. Primero, los actores políticos no desaparecen por voluntarismo. El kirchnerismo es una fuerza golpeada, en retirada, desprestigiada, y tal vez incapaz de ganar una elección nacional. Pero existe. Y esa dispersión del peronismo no deja de ser una alentadora noticia para el gobierno nacional. Segundo, el propio Peronismo Federal es una incógnita. Actualmente, y al menos hasta que logre trazar su perfil, aparece como un armado autodefensivo, pensado más para proteger los intereses y los territorios de los gobernadores, que como un riesgo para el macrismo. Incluso, se asemeja más a un aliado con pinceladas críticas que a un real aspirante al poder.