El gobierno de Juan Manuel Llamosas se encontró a sí mismo en una actitud antes desconocida: supo actuar con celeridad ante la inminencia de un escándalo. Denunció públicamente la maniobra de los cheques en el Edecom y llevó el caso a la Justicia en apenas 48 horas. Tomó la iniciativa y aventajó a la oposición, que se quedó casi sin recursos discursivos y fácticos para tratar de aprovechar un robo de 155 mil pesos nada menos que en el ente de control del Municipio.
Eso fue al principio. Después, la realidad mutó. Y una de las causas fue que el gobierno se enamoró de su propia velocidad y siguió con el acelerador a fondo. En cuatro días ya había encontrado a la supuesta culpable del robo, Carolina Torres, y la había desplazado de su cargo como personal de gabinete. Pero, a veces, lo vertiginoso suele generar resultados imprevistos.
Por su afán de inmediatez, terminó generando las condiciones para que un episodio administrativo, que podría haber quedado encriptado en el Edecom, trascendiera ese escenario e impactara en una de las figuras centrales en el esquema de poder de Llamosas: Mauricio Dova, su secretario de Gobierno, su amigo desde la niñez y su principal espada política, fue denunciado por coacción.
Torres, que acaba de entrar en su octavo mes de embarazo, lo acusa de haberla presionado y de haber usado personal y bienes del Estado para obligarla a confesar que había robado los cheques.
Pero esa es la formalidad de la denuncia. Más allá de esa supuesta coacción, en su relato de los hechos la mujer de 38 años sostiene que no se robó los cheques sino que se trataba de una manera que había encontrado Dova para pagarle los seis meses que habría trabajado en negro cuando él era concejal y ella su secretaria.
La acusación, patrocinada por el mediático abogado Enrique Zabala, generó una fuerte conmoción en el Palacio Municipal, principalmente en el círculo más estrecho alrededor del intendente. Dova no es una figura insustancial; su estilo, sus formas, su manejo del poder despiertan cualquier sentimiento menos indiferencia. Él mismo admitió en una entrevista que suele tener encontronazos con sus pares del gabinete.
De ahí que su situación haya causado una reacción dual: cerca del intendente hay preocupación; pero en el resto, la enorme franja de funcionarios que son satelitales, predomina cierta satisfacción. Es que la concepción que tiene Dova de la práctica del poder es confrontativa, no sólo hacia afuera sino también hacia adentro del gobierno, y, por lo tanto, puede condenarlo a la soledad cuando afronta una situación delicada. Su fortaleza no es una urdimbre de alianzas o acuerdos sino la absoluta confianza mutua que se tienen con el intendente.
Suelen funcionar como dos polos de una misma entidad: uno encarna el sí, el otro el no; uno concilia; el otro va al choque. Esa es su dinámica.
El secretario de Gobierno fue quien instrumentó la decisión de Llamosas de ir a fondo con el caso del Edecom. Y rápido. Cerrar ese capítulo con premura implicaba erradicar el riesgo de padecer consecuencias políticas de consideración. El caso de Emilio Simón, que duró una eternidad hasta que se resolvió, martillaba en la memoria. Pero se avanzó sin darle relevancia a un dato que después manifestó su capacidad de daño: Carolina Torres había sido secretaria de Dova en el Concejo Deliberante, cuando gobernaba el radicalismo.
El secretario recolectó testimonios, buscó pruebas en el Edecom y llegó a una conclusión que, para él y para el resto del gobierno, es indubitable: desde su puesto administrativo, Torres había aprovechado el endeble sistema interno del Edecom e ideado una maniobra para quedarse con cheques al portador que después hacía cobrar a terceros. Lo hizo, señalan, mientras estaba de licencia la agente encargada de realizar las conciliaciones bancarias. Durante 6 meses, por increíble que parezca, nadie hizo esa tarea en el órgano de control.
Dova decidió llamarla a su despacho y conocer de primera mano su versión. Según declaró públicamente, la mujer habría reconocido la sustracción de los cheques. Desde el Municipio relatan que cuando el funcionario le preguntó por qué lo había hecho, Carolina habría contestado, llorando, que necesitaba la plata. Esa intervención directa del secretario de Gobierno le valió después la denuncia por coacción. El abogado de la exempleada tiene mensajes de WhatsApp en los que su clienta es convocada al despacho y fotos de un empleado municipal yendo a buscarla a su departamento.
Pero lo central de la denuncia de Torres puede no ser la supuesta coacción sino otro aspecto de su relato: dice que no robó los cheques sino que, como estuvo en negro 6 meses en el Concejo, Dova le dijo que se cobrara ese período adeudado con cheques al portador del Edecom. Cheques que, casualmente, ella misma confeccionaba. La cifra de la supuesta deuda era, declaró la mujer en la unidad judicial, de 100 mil pesos. En la entrevista que le hizo este diario no especificó el monto; dijo que retiró, más o menos, lo que le debían.
Carolina Torres es sumamente detallista cuando narra las presiones a las que se vio sometida para confesar. Dice, incluso, que Dova le planteó que debía admitir el delito pero sin mencionar que eran pagos en negro. Sin embargo, cuando se le preguntan detalles del acuerdo para que ella sacara esos cheques, pierde ese grado de precisión: no puede decir con certeza si le daban los cheques o los sacaba, quién sabía que le estaban pagando una deuda, por qué no existe ningún comprobante, ni recibo ni factura.
Su versión no es sólida: incluso si hubiera trabajado en negro y le hubiesen reconocido la deuda, el Estado habría tenido mil maneras de pagarle sin generar un faltante de caja, que iba a ser descubierto tarde o temprano. Podrían haberle pedido una factura, generarle horas extras o elevarla de categoría. Pero incluso si toda su versión fuera veraz es incomprobable: hasta el abogado Zabala admite que no hay pruebas de la supuesta instrucción que le habría dado Dova de retirar los cheques para cobrarse.
El relato de Torres tampoco es lógico desde lo político: ¿por qué iba a encauzarse intencionalmente una ofensiva contra una militante del llamosismo, en un Estado plagado de empleados puestos por el radicalismo? ¿Por qué Dova iba a direccionar sus acusaciones contra una persona ante la que era vulnerable por haber cerrado un acuerdo espurio e ilegal?
Las pruebas que aportará Zabala en Tribunales se concentran en la coacción. Sobre los cheques, por lo tanto, habrá sólo una compulsa discursiva: la palabra de uno contra otro. Y esa situación, que provocaría la imposibilidad de comprometer a Dova judicialmente por los cheques, contiene a la vez su complicación política.
Si no hay pruebas, entonces todo se reduce a una cuestión de credibilidad: habrá quienes le creerán a Torres y quienes le creerán a Dova. Y, en ese enfrentamiento, la clase política suele correr con desventaja. Por lo tanto, en el actual estado de cosas no hace falta que Dova haya dado realmente la instrucción sobre los cheques sino su capacidad de ser verosímil.
Por ahora, hay una cuestión comprobable: el secretario está dañado políticamente. Sólo resta ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Desde el Palacio aseguran que Llamosas no le soltará la mano.
Hay quienes comparan la situación de Dova con la de Simón, que dejó de ser presidente del Tribunal de Cuentas cuando se descubrió su doble rol de funcionario y proveedor del Estado a través de una empresa puesta a nombre de su pareja.
Pero hay divergencias no menores entre los dos casos. La principal es el factor económico. A Dova le reprochan abuso de poder y uso de recursos del Estado para presionar a una empleada; Simón, en cambio, estaba acusado de organizar una maniobra societaria para poder ser proveedor del Estado y beneficiarse económicamente. Esa sospecha no recae, al menos con los elementos actuales, sobre el secretario de Gobierno.
Sí existe una serie de cuestiones políticas y administrativas que ha desnudado el caso del Edecom. Primero, desde el punto de vista del manejo pragmático de la situación, el gobierno acorraló a Torres de tal manera, la dejó tan expuesta y sin red que casi la empujó a la denuncia. Ella se defendió atacando. Un error de lectura del Ejecutivo sobre la capacidad de daño que puede tener una simple empleada despedida.
Pero, además, en el caso hay un protagonista central que ni siquiera fue obligado a dar la cara: la conducción del Edecom. ¿No tienen nada para decir los directores? Torres aseguró en la entrevista con PUNTAL que llegó a ser administrativa porque así lo pidieron las autoridades del ente. Y que eran ellos quienes, entre los papeles que le daban, le entregaban los cheques que debían quedar para ella. ¿Nadie va a decir si es verdad o mentira? Se cobraron cheques al portador por 155 mil pesos y se evidenció la existencia de un sistema administrativo rudimentario y vulnerable, propio de un almacenero de principios del siglo 20, y el Edecom no da su versión ni ensaya una autocrítica.
Esa ausencia es llamativa también desde lo político. Y expresa la extrañeza que causa que un gobierno haya preservado a funcionarios de tercera y cuarta línea, los haya encapsulado para que salieran indemnes, mientras la segunda figura del gobierno ve cómo un abogado pide para él, desde un estudio de TV, no la renuncia sino la prisión.
Por su afán de inmediatez, terminó generando las condiciones para que un episodio administrativo, que podría haber quedado encriptado en el Edecom, trascendiera ese escenario e impactara en una de las figuras centrales en el esquema de poder de Llamosas: Mauricio Dova, su secretario de Gobierno, su amigo desde la niñez y su principal espada política, fue denunciado por coacción.
Torres, que acaba de entrar en su octavo mes de embarazo, lo acusa de haberla presionado y de haber usado personal y bienes del Estado para obligarla a confesar que había robado los cheques.
Pero esa es la formalidad de la denuncia. Más allá de esa supuesta coacción, en su relato de los hechos la mujer de 38 años sostiene que no se robó los cheques sino que se trataba de una manera que había encontrado Dova para pagarle los seis meses que habría trabajado en negro cuando él era concejal y ella su secretaria.
La acusación, patrocinada por el mediático abogado Enrique Zabala, generó una fuerte conmoción en el Palacio Municipal, principalmente en el círculo más estrecho alrededor del intendente. Dova no es una figura insustancial; su estilo, sus formas, su manejo del poder despiertan cualquier sentimiento menos indiferencia. Él mismo admitió en una entrevista que suele tener encontronazos con sus pares del gabinete.
De ahí que su situación haya causado una reacción dual: cerca del intendente hay preocupación; pero en el resto, la enorme franja de funcionarios que son satelitales, predomina cierta satisfacción. Es que la concepción que tiene Dova de la práctica del poder es confrontativa, no sólo hacia afuera sino también hacia adentro del gobierno, y, por lo tanto, puede condenarlo a la soledad cuando afronta una situación delicada. Su fortaleza no es una urdimbre de alianzas o acuerdos sino la absoluta confianza mutua que se tienen con el intendente.
Suelen funcionar como dos polos de una misma entidad: uno encarna el sí, el otro el no; uno concilia; el otro va al choque. Esa es su dinámica.
El secretario de Gobierno fue quien instrumentó la decisión de Llamosas de ir a fondo con el caso del Edecom. Y rápido. Cerrar ese capítulo con premura implicaba erradicar el riesgo de padecer consecuencias políticas de consideración. El caso de Emilio Simón, que duró una eternidad hasta que se resolvió, martillaba en la memoria. Pero se avanzó sin darle relevancia a un dato que después manifestó su capacidad de daño: Carolina Torres había sido secretaria de Dova en el Concejo Deliberante, cuando gobernaba el radicalismo.
El secretario recolectó testimonios, buscó pruebas en el Edecom y llegó a una conclusión que, para él y para el resto del gobierno, es indubitable: desde su puesto administrativo, Torres había aprovechado el endeble sistema interno del Edecom e ideado una maniobra para quedarse con cheques al portador que después hacía cobrar a terceros. Lo hizo, señalan, mientras estaba de licencia la agente encargada de realizar las conciliaciones bancarias. Durante 6 meses, por increíble que parezca, nadie hizo esa tarea en el órgano de control.
Dova decidió llamarla a su despacho y conocer de primera mano su versión. Según declaró públicamente, la mujer habría reconocido la sustracción de los cheques. Desde el Municipio relatan que cuando el funcionario le preguntó por qué lo había hecho, Carolina habría contestado, llorando, que necesitaba la plata. Esa intervención directa del secretario de Gobierno le valió después la denuncia por coacción. El abogado de la exempleada tiene mensajes de WhatsApp en los que su clienta es convocada al despacho y fotos de un empleado municipal yendo a buscarla a su departamento.
Pero lo central de la denuncia de Torres puede no ser la supuesta coacción sino otro aspecto de su relato: dice que no robó los cheques sino que, como estuvo en negro 6 meses en el Concejo, Dova le dijo que se cobrara ese período adeudado con cheques al portador del Edecom. Cheques que, casualmente, ella misma confeccionaba. La cifra de la supuesta deuda era, declaró la mujer en la unidad judicial, de 100 mil pesos. En la entrevista que le hizo este diario no especificó el monto; dijo que retiró, más o menos, lo que le debían.
Carolina Torres es sumamente detallista cuando narra las presiones a las que se vio sometida para confesar. Dice, incluso, que Dova le planteó que debía admitir el delito pero sin mencionar que eran pagos en negro. Sin embargo, cuando se le preguntan detalles del acuerdo para que ella sacara esos cheques, pierde ese grado de precisión: no puede decir con certeza si le daban los cheques o los sacaba, quién sabía que le estaban pagando una deuda, por qué no existe ningún comprobante, ni recibo ni factura.
Su versión no es sólida: incluso si hubiera trabajado en negro y le hubiesen reconocido la deuda, el Estado habría tenido mil maneras de pagarle sin generar un faltante de caja, que iba a ser descubierto tarde o temprano. Podrían haberle pedido una factura, generarle horas extras o elevarla de categoría. Pero incluso si toda su versión fuera veraz es incomprobable: hasta el abogado Zabala admite que no hay pruebas de la supuesta instrucción que le habría dado Dova de retirar los cheques para cobrarse.
El relato de Torres tampoco es lógico desde lo político: ¿por qué iba a encauzarse intencionalmente una ofensiva contra una militante del llamosismo, en un Estado plagado de empleados puestos por el radicalismo? ¿Por qué Dova iba a direccionar sus acusaciones contra una persona ante la que era vulnerable por haber cerrado un acuerdo espurio e ilegal?
Las pruebas que aportará Zabala en Tribunales se concentran en la coacción. Sobre los cheques, por lo tanto, habrá sólo una compulsa discursiva: la palabra de uno contra otro. Y esa situación, que provocaría la imposibilidad de comprometer a Dova judicialmente por los cheques, contiene a la vez su complicación política.
Si no hay pruebas, entonces todo se reduce a una cuestión de credibilidad: habrá quienes le creerán a Torres y quienes le creerán a Dova. Y, en ese enfrentamiento, la clase política suele correr con desventaja. Por lo tanto, en el actual estado de cosas no hace falta que Dova haya dado realmente la instrucción sobre los cheques sino su capacidad de ser verosímil.
Por ahora, hay una cuestión comprobable: el secretario está dañado políticamente. Sólo resta ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Desde el Palacio aseguran que Llamosas no le soltará la mano.
Hay quienes comparan la situación de Dova con la de Simón, que dejó de ser presidente del Tribunal de Cuentas cuando se descubrió su doble rol de funcionario y proveedor del Estado a través de una empresa puesta a nombre de su pareja.
Pero hay divergencias no menores entre los dos casos. La principal es el factor económico. A Dova le reprochan abuso de poder y uso de recursos del Estado para presionar a una empleada; Simón, en cambio, estaba acusado de organizar una maniobra societaria para poder ser proveedor del Estado y beneficiarse económicamente. Esa sospecha no recae, al menos con los elementos actuales, sobre el secretario de Gobierno.
Sí existe una serie de cuestiones políticas y administrativas que ha desnudado el caso del Edecom. Primero, desde el punto de vista del manejo pragmático de la situación, el gobierno acorraló a Torres de tal manera, la dejó tan expuesta y sin red que casi la empujó a la denuncia. Ella se defendió atacando. Un error de lectura del Ejecutivo sobre la capacidad de daño que puede tener una simple empleada despedida.
Pero, además, en el caso hay un protagonista central que ni siquiera fue obligado a dar la cara: la conducción del Edecom. ¿No tienen nada para decir los directores? Torres aseguró en la entrevista con PUNTAL que llegó a ser administrativa porque así lo pidieron las autoridades del ente. Y que eran ellos quienes, entre los papeles que le daban, le entregaban los cheques que debían quedar para ella. ¿Nadie va a decir si es verdad o mentira? Se cobraron cheques al portador por 155 mil pesos y se evidenció la existencia de un sistema administrativo rudimentario y vulnerable, propio de un almacenero de principios del siglo 20, y el Edecom no da su versión ni ensaya una autocrítica.
Esa ausencia es llamativa también desde lo político. Y expresa la extrañeza que causa que un gobierno haya preservado a funcionarios de tercera y cuarta línea, los haya encapsulado para que salieran indemnes, mientras la segunda figura del gobierno ve cómo un abogado pide para él, desde un estudio de TV, no la renuncia sino la prisión.