Córdoba se puso a la vanguardia cuando, después de la controvertida elección de 2007, avanzó en una reforma política que instauró la boleta única de sufragio y eliminó la sumatoria de votos. Fue el fruto del trabajo de una comisión de notables, que destacó los avances que implicaban aquellos cambios para ir erradicando los vicios y las trampas de un sistema de votación que era confuso. Ahora, una década después de aquel logro, el mismo actor, Unión por Córdoba, ideó y aprobó tres proyectos electorales que, al igual que los de 2008, no fueron acompañados por la oposición. En aquella oportunidad hubo una sesión escandalosa en la que el radicalismo y el juecismo se retiraron del recinto; el miércoles pasado, Cambiemos ni siquiera bajó a debatir para no legitimar con su presencia la avanzada oficialista.
Pero la diferencia sustancial estuvo en las motivaciones y las repercusiones. La anterior reforma nació a partir de una necesidad de legitimación: el gobernador Schiaretti debió lidiar en su primer mandato con la denuncia de Luis Juez de que el oficialismo había recurrido al fraude para ganar la elección. En esta ocasión, se produjo un movimiento en la dirección contraria porque ya no está en discusión la legitimidad de un gobernante sino la posibilidad de conservar el poder. Ante ese riesgo, el PJ prefirió pagar un costo político, con la esperanza de que dentro de un año sea irrelevante, y restaurar algunos instrumentos que puedan significarle una ventaja.
Otra diferencia no menor fueron las repercusiones. Aquella vez, los especialistas idearon y elogiaron las reformas; en esta, no hubo un solo notable que valorara positivamente los cambios introducidos por Unión por Córdoba. Ni siquiera la regulación del financiamiento de campaña fue leída positivamente; menos aún, por supuesto, las dobles candidaturas o la alteración del calendario electoral.
Hacia afuera, la reforma sólo cosechó reprimendas. Pero, aún así, en términos políticos el schiarettismo puede apuntarse un dato positivo en medio de tanta negatividad: consiguió abroquelar detrás de sus polémicos proyectos a todo el peronismo cordobés. Fue la primera expresión pública de que la relación con el delasotismo ya parece haber dejado atrás sus momentos más tensos y de que ambos bandos han privilegiado como objetivo superior el mantenimiento del poder.
El delasotismo no se limitó a levantar la mano en el recinto, como ocurrió con otras leyes: hizo una encendida defensa pública de la reforma y hasta apareció, con Adriana Nazario incluida, firmando una solicitada que destacaba las supuestas bondades de los cambios y fustigaba a la oposición por negarse a aprobarlos.
“La situación es distinta con el schiarettismo. Abrieron el juego, tenemos más participación y ahora nos sentimos parte. Ya no están cerrados en sí mismos como venía pasando hasta ahora”. Palabra de delasotista. Es un indicio de que los dos caciques del peronismo cordobés han firmado el armisticio interno porque existe una amenaza externa que resulta más peligrosa.
Pero la sumatoria no se limitó al delasotismo. También el kirchnerismo cordobés aportó lo suyo, aunque más tímidamente. Dio un apoyo parcial a la reforma y ofreció así los primeros indicios de que podrían ir juntos en la elección de 2019. Ese es uno de los objetivos principales de Schiaretti: evitar la dispersión peronista mientras incentiva, a través de las candidaturas dobles, la atomización de la oposición
Cuando todavía no había procedido a aprobar la reforma, el oficialismo puso en marcha una maniobra clásica: modificar la agenda pública. Por eso tiró sobre la mesa lo que formalmente se denomina “nuevo marco regulatorio eléctrico provincial” pero que en su plano más concreto apunta a atenuar al menos una serie de beneficios, algunos inexplicables, de que gozan los 4 mil empleados de Epec.
Las condiciones laborales que están en discusión son las horas extras y el control de los ausentismos, pero fundamentalmente el bono por eficiencia, que en una provincia con cortes de luz constantes y servicio carísimo es indigerible por la mayoría de la sociedad, la gratuidad del servicio eléctrico para los empleados y la increíble disposición que les otorga un plus de días de licencia si eligen para sus vacaciones un destino que se encuentre a más de 100 kilómetros de distancia.
El gobierno está decidido a avanzar con los cambios por dos razones. Una es mediática: necesita dar vuelta la página de la reforma electoral, por la que sólo ha recibido críticas. La otra es simbólico-política: las encuestas le indican al oficialismo que Epec es un motivo de malhumor para los cordobeses y que sólo provoca desgaste. La intención es revertir esa situación y tomar decisiones que generen acompañamiento del electorado.
De ahí que la gobernación haya definido hace tiempo dar la pelea para eliminar los privilegios de los empleados de Epec. Espera que esa sigla ya deje de causarle daño y se convierta en un eje del que puedan obtenerse réditos políticos y electorales.
Ante la sociedad, el gobierno lleva las de ganar. Cualquier avance que logre en ese aspecto será recibido con simpatía por una ciudadanía que está convencida de que sus facturas astronómicas encuentran en parte su explicación en el régimen privilegiado de los empleados de Epec.
Sin embargo, es una pelea que conlleva un riesgo no menor: la reacción de los gremios de Luz y Fuerza y la posibilidad de que un plan de lucha derive en cortes del servicio. La electricidad es equivalente en sensibilidad a la basura: la mayoría de la gente puede ver con simpatía una ofensiva para modificar algunas condiciones laborales a las que el resto no accede; pero ese sentimiento benevolente desaparece cuando las consecuencias se manifiestan. Nadie soporta durante demasiados días que la basura se acumule en la calle; nadie soporta los cortes de luz.
Y si algo no necesita el gobierno provincial en una época preelectoral es el malhumor que podría disparar un conflicto con los empleados de la empresa de energía.
De ahí que el Ejecutivo y la conducción de Epec hayan ingresado en una etapa de negociación con los gremios, que debería arribar al resultado de eliminar algunos privilegios sin que necesariamente se desate un período de enfrentamiento con los sindicatos.
Una consecuencia de la avanzada para modificar las condiciones en Epec es que el gobierno provincial se ha mostrado retomando la iniciativa. Había pasado las semanas anteriores defendiéndose de las denuncias de Cambiemos, que armó puestas en escena para denunciar inequidades en el reparto de los fondos y discriminación a los intendentes encuadrados en esa fuerza política.
Los jefes comunales, encabezados por Ramón Mestre, reconocen haber arriado momentáneamente esa bandera. Es que no recibieron desde la Casa Rosada guiños alentadores. Más bien todo lo contrario: el propio Mauricio Macri reclamó que se agote la vía del diálogo y se evite llevar el enfrentamiento a una disputa judicial.
Además, el Presidente recibió a Schiaretti y le dio un trato privilegiado. Aunque un día después también se mostró con Mestre. Un juego de equilibrios que apunta a sostener una sociedad que les da resultados sin desairar por completo a los aliados territoriales de Cambiemos.
En esa fuerza se multiplican los precandidatos a gobernador. Ya se cuentan siete, con la inclusión reciente de Laura Rodríguez Machado. Sin embargo, aseguran que han firmado un pacto de no agresión: cada uno hace su juego sin cuestionar a sus competidores internos. Las críticas se dirigen al exterior, al polo de poder que representa Unión por Córdoba.
En Cambiemos hay tantas opciones que ninguna se destaca sobre el resto. De todas formas, en ese frente, que representa una anomalía para el estado de la política actual, la gravitación de la marca se impone por sobre los productos individuales.
Otra diferencia no menor fueron las repercusiones. Aquella vez, los especialistas idearon y elogiaron las reformas; en esta, no hubo un solo notable que valorara positivamente los cambios introducidos por Unión por Córdoba. Ni siquiera la regulación del financiamiento de campaña fue leída positivamente; menos aún, por supuesto, las dobles candidaturas o la alteración del calendario electoral.
Hacia afuera, la reforma sólo cosechó reprimendas. Pero, aún así, en términos políticos el schiarettismo puede apuntarse un dato positivo en medio de tanta negatividad: consiguió abroquelar detrás de sus polémicos proyectos a todo el peronismo cordobés. Fue la primera expresión pública de que la relación con el delasotismo ya parece haber dejado atrás sus momentos más tensos y de que ambos bandos han privilegiado como objetivo superior el mantenimiento del poder.
El delasotismo no se limitó a levantar la mano en el recinto, como ocurrió con otras leyes: hizo una encendida defensa pública de la reforma y hasta apareció, con Adriana Nazario incluida, firmando una solicitada que destacaba las supuestas bondades de los cambios y fustigaba a la oposición por negarse a aprobarlos.
“La situación es distinta con el schiarettismo. Abrieron el juego, tenemos más participación y ahora nos sentimos parte. Ya no están cerrados en sí mismos como venía pasando hasta ahora”. Palabra de delasotista. Es un indicio de que los dos caciques del peronismo cordobés han firmado el armisticio interno porque existe una amenaza externa que resulta más peligrosa.
Pero la sumatoria no se limitó al delasotismo. También el kirchnerismo cordobés aportó lo suyo, aunque más tímidamente. Dio un apoyo parcial a la reforma y ofreció así los primeros indicios de que podrían ir juntos en la elección de 2019. Ese es uno de los objetivos principales de Schiaretti: evitar la dispersión peronista mientras incentiva, a través de las candidaturas dobles, la atomización de la oposición
Cuando todavía no había procedido a aprobar la reforma, el oficialismo puso en marcha una maniobra clásica: modificar la agenda pública. Por eso tiró sobre la mesa lo que formalmente se denomina “nuevo marco regulatorio eléctrico provincial” pero que en su plano más concreto apunta a atenuar al menos una serie de beneficios, algunos inexplicables, de que gozan los 4 mil empleados de Epec.
Las condiciones laborales que están en discusión son las horas extras y el control de los ausentismos, pero fundamentalmente el bono por eficiencia, que en una provincia con cortes de luz constantes y servicio carísimo es indigerible por la mayoría de la sociedad, la gratuidad del servicio eléctrico para los empleados y la increíble disposición que les otorga un plus de días de licencia si eligen para sus vacaciones un destino que se encuentre a más de 100 kilómetros de distancia.
El gobierno está decidido a avanzar con los cambios por dos razones. Una es mediática: necesita dar vuelta la página de la reforma electoral, por la que sólo ha recibido críticas. La otra es simbólico-política: las encuestas le indican al oficialismo que Epec es un motivo de malhumor para los cordobeses y que sólo provoca desgaste. La intención es revertir esa situación y tomar decisiones que generen acompañamiento del electorado.
De ahí que la gobernación haya definido hace tiempo dar la pelea para eliminar los privilegios de los empleados de Epec. Espera que esa sigla ya deje de causarle daño y se convierta en un eje del que puedan obtenerse réditos políticos y electorales.
Ante la sociedad, el gobierno lleva las de ganar. Cualquier avance que logre en ese aspecto será recibido con simpatía por una ciudadanía que está convencida de que sus facturas astronómicas encuentran en parte su explicación en el régimen privilegiado de los empleados de Epec.
Sin embargo, es una pelea que conlleva un riesgo no menor: la reacción de los gremios de Luz y Fuerza y la posibilidad de que un plan de lucha derive en cortes del servicio. La electricidad es equivalente en sensibilidad a la basura: la mayoría de la gente puede ver con simpatía una ofensiva para modificar algunas condiciones laborales a las que el resto no accede; pero ese sentimiento benevolente desaparece cuando las consecuencias se manifiestan. Nadie soporta durante demasiados días que la basura se acumule en la calle; nadie soporta los cortes de luz.
Y si algo no necesita el gobierno provincial en una época preelectoral es el malhumor que podría disparar un conflicto con los empleados de la empresa de energía.
De ahí que el Ejecutivo y la conducción de Epec hayan ingresado en una etapa de negociación con los gremios, que debería arribar al resultado de eliminar algunos privilegios sin que necesariamente se desate un período de enfrentamiento con los sindicatos.
Una consecuencia de la avanzada para modificar las condiciones en Epec es que el gobierno provincial se ha mostrado retomando la iniciativa. Había pasado las semanas anteriores defendiéndose de las denuncias de Cambiemos, que armó puestas en escena para denunciar inequidades en el reparto de los fondos y discriminación a los intendentes encuadrados en esa fuerza política.
Los jefes comunales, encabezados por Ramón Mestre, reconocen haber arriado momentáneamente esa bandera. Es que no recibieron desde la Casa Rosada guiños alentadores. Más bien todo lo contrario: el propio Mauricio Macri reclamó que se agote la vía del diálogo y se evite llevar el enfrentamiento a una disputa judicial.
Además, el Presidente recibió a Schiaretti y le dio un trato privilegiado. Aunque un día después también se mostró con Mestre. Un juego de equilibrios que apunta a sostener una sociedad que les da resultados sin desairar por completo a los aliados territoriales de Cambiemos.
En esa fuerza se multiplican los precandidatos a gobernador. Ya se cuentan siete, con la inclusión reciente de Laura Rodríguez Machado. Sin embargo, aseguran que han firmado un pacto de no agresión: cada uno hace su juego sin cuestionar a sus competidores internos. Las críticas se dirigen al exterior, al polo de poder que representa Unión por Córdoba.
En Cambiemos hay tantas opciones que ninguna se destaca sobre el resto. De todas formas, en ese frente, que representa una anomalía para el estado de la política actual, la gravitación de la marca se impone por sobre los productos individuales.