Los hermanos Matías, Pablo y Ariel Márquez, junto al contador Ramiro Nieva, fueron detenidos esta semana por orden del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, acusados de asociación ilícita y estafas reiteradas. La medida se tomó luego de múltiples allanamientos en domicilios particulares y oficinas de la firma, en los que se incautaron elementos que serían clave para la causa.
“Esto no es un incumplimiento contractual, es una defraudación masiva”
Uno de los abogados que encabezan la causa penal, Rubén Sánchez Quinteros, quien ha intervenido en resonantes casos de estafa en Córdoba (Ribeiro, Marieschi, Euromayor), habló con Puntal y fue tajante: “Analicé las primeras denuncias y entendí que estábamos ante una verdadera defraudación. No era un simple incumplimiento de contrato: había una estructura montada para engañar. En solo dos semanas ya recibimos más de 400 personas entre consultas y nuevos clientes”.
El letrado presentó denuncias por estafa y asociación ilícita, convencido de que se trata de una organización delictiva que operó durante años en varias provincias del país.
“Estamos hablando de personas que entregaron los ahorros de toda su vida, y en muchos casos no recibieron absolutamente nada. En otros, una obra a medio hacer o viviendas inhabitables. Hay lotes con un baño químico y una casilla de obra, sin ningún avance”.
Sánchez Quinteros también reveló que la empresa habría ocultado y desviado fondos, e incluso poseen propiedades en countries de lujo, autos de alta gama y departamentos en el exterior.
“Tienen propiedades en Miami. Estamos siguiendo el rastro de los bienes, y creemos que habrá novedades. Hoy haría falta un castillo de dólares para reparar el daño”, describió Sanchez Quinteros.
“Una cadena de contratos diseñados para postergar y frustrar el derecho a la vivienda”
En el plano civil, el abogado Agustín Fernández Reuter representa a decenas de damnificados que iniciaron demandas civiles por incumplimiento contractual, violación a la Ley de Defensa del Consumidor y daño punitivo, una sanción que podría implicar cifras multimillonarias.
“La empresa violó el deber de información y el trato digno. Nos encontramos con contratos tramposos que establecían condiciones abusivas, plazos que la misma empresa podía modificar a su antojo y cláusulas que impedían a los clientes reclamar. Es una estructura diseñada para no construir”.
Según detalló Fernández Reuter, la empresa exigía firmar un "acta de inicio de obra" adicional al contrato, cuya firma dependía exclusivamente de Márquez y Asociados.
“Mientras la empresa no citara al cliente para firmar el acta, no se activaban los plazos para construir. Es un artilugio que les permitió postergar indefinidamente las obras” indicó a Puntal.
Durante las mediaciones judiciales, la empresa ofrecía comenzar las obras recién entre 2027 y 2029, o la rescisión del contrato reteniendo el 40% del dinero aportado. “No solo es abusivo, es ilegal. Es evidente que hubo intención de no cumplir. La esperanza está en recuperar el dinero de las familias, ajustado al valor actual del metro cuadrado, con intereses y daños”.
Una causa sin precedentes
Ambos abogados coinciden en que se trata de una de las estafas habitacionales más grandes registradas en Argentina.
“Este caso triplica en magnitud el peor de los que hemos llevado en este estudio”, dijo Sánchez Quinteros, quien destacó que ya han recibido denuncias desde Santa Cruz hasta Jujuy.
Uno de los damnificados es Juan Pablo Rodríguez, integrante del seleccionado argentino de fútbol para ciegos, “Los Murciélagos”, quien relató que perdió todos sus ahorros confiando en la empresa. También se conoció el caso de un hombre que se encadenó a las oficinas de la firma en calle Batlle Planas.
Pese a las detenciones, en redes sociales la empresa sigue activa. En Instagram publicaron recientemente un video donde varias familias muestran sus contratos y expresan apoyo a la firma con el lema: "Elijo creer. Elijo Márquez". Para los abogados, esta es una nueva forma de presión psicológica hacia quienes ya pagaron, buscando que sigan aportando dinero bajo la promesa de futuras obras.
“Estamos recomendando que dejen de pagar inmediatamente”, afirmó Sánchez Quinteros. “El estafador es hábil. Te hace ver lo falso como verdadero. Tiene un poder de convicción que lleva a la gente a entregar todo”.
La investigación continúa
El fiscal Gavier ordenó profundizar la investigación, que ahora se centra en determinar la operatoria en otras provincias y rastrear los bienes de los imputados.
“Estamos recién empezando a desenredar la madeja. Vamos a tejer muchos sweaters”, graficó Sánchez Quinteros. La causa avanza y, con ella, la esperanza de cientos de familias de recuperar, al menos en parte, lo que perdieron: no sólo dinero, sino la ilusión de un hogar propio.
