Un verano con dólares y conflictos

Ni vacaciones ni una pausa de verano. La política cordobesa, lejos de relajarse en el sofocante verano que siguió al intenso 2025, aceleró aún más. Los movimientos tanto del oficialismo como de la oposición indican que una campaña prematura ya empezó.

Hoy, el gobernador Martín Llaryora abrirá el período de sesiones de la Unicameral en Laboulaye. Lo hará en un contexto en el que conviven un alivio y varios conflictos. Ni sus opositores ni los gremios estatales, que se abroquelaron en contra de la ley jubilatoria, le dieron tregua: el oficialismo tiene abiertos varios frentes a la vez.

Esos frentes son todos políticos y están atravesados por la confrontación. Llaryora no se siente incómodo en ese plano. Lo que suele preocuparle más al gobernador es la caja, la disposición de fondos para que la gestión no se empantane. “Lo que no te puede faltar es plata; todo lo demás es manejable”, suelen decir en el gobierno.

Y por ese lado vino el alivio, en una coyuntura económica que está plagada de dificultades, principalmente para las provincias. La buena noticia para Llaryora llegó desde Nueva York: allí, el ministro de Economía Guillermo Acosta, que durante varios días se instaló en esa meca del poder financiero, consiguió colocar un título por US$ 800 millones que le despejaría al gobernador el camino hasta el final de la gestión. La tasa fue del 8,6%, lógica para una colocación pública argentina, y el capital recién empezará a devolverse en 2033. “Nosotros ya teníamos las cuentas ordenaditas y un plan de obras con fondos propios. Ahora, con esto, estamos hablando de otra escala”, relataron en el Panal.

Ese financiamiento no se agota sólo en la pata financiera; tuvo además un componente político porque requirió un aval expreso del gobierno de Javier Milei. Las provincias no pueden endeudarse en el exterior si la Casa Rosada no autoriza la operatoria. Por eso, en el oficialismo provincial apuntan que la nueva deuda es un indicador de que la relación con el presidente libertario no pasa por un momento tenso. “La postura que ha tomado el gobernador está lejos de perjudicar a Córdoba. Ha sido la provincia más beneficiada por Milei porque nos permitió conseguir financiamiento por 1.600 millones de dólares. Eso te resuelve tres años de gestión y de obras”, indican en el oficialismo.

Los fondos llegan en un momento en que la Casa Rosada ha activado negociaciones simultáneas para conseguir los votos que necesita en el Congreso para la reforma laboral. Y Llaryora está manteniendo en ese aspecto una postura casi diplomática: plantea que la reforma no debería implicar recortes de fondos para las provincias y que el nuevo esquema laboral no tendría que quitar derechos para quienes ya tienen trabajo sino modernizar el marco normativo para adelante y contemplar las nuevas formas de contratación.

El gobernador no se desespera por pronunciarse más allá de esas definiciones genéricas. Está decidido a esperar lo que ocurra en el Senado, que será la Cámara donde se iniciará el debate, y después verá. Pero no está en una actitud de disputa con el gobierno nacional. Por dos razones: porque cada vez que se pelea con Milei los cordobeses se lo facturan y porque la relación navega en un marco de no agresión. No es casual que hacia adentro de la provincia los libertarios cercanos a la Casa Rosada, Gabriel Bornoroni principalmente, casi no estén participando de la estrategia de desgaste que llevan adelante Luis Juez y Rodrigo De Loredo. El diputado de La Libertad Avanza, hombre de confianza de Karina y jefe de bloque en la Cámara Baja, sigue haciendo campaña en las redes con una agenda que pasa por fuera de Córdoba: sortea su dieta mensual y en salsa los logros del modelo mileísta. No tiene a Llaryora en su mira.

En el gobierno provincial concluyen que Bornoroni se está preservando y deja que Juez y De Loredo hagan el trabajo sucio. El radical viene de un raid en los canales de Buenos Aires a pesar de que ya no es diputado y el senador se enfrascó en una pelea de las que le gustan:acusó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, un exmiembro del Frente Cívico, de armar una licitación a medida en una compra de 15 drones para la Policía por 7 millones de dólares.

Juez está encarnizado desde el minuto uno con Quinteros: no le perdona que haya abandonado su partido y haya terminado desembarcando en el oficialismo.

La polémica por los drones, cuya compra el juecismo frenó en el Tribunal de Cuentas, terminó en la Justicia pero no por iniciativa de la oposición sino del gobierno: Quinteros presentó una denuncia penal con el argumento de que los tribunos se excedieron en sus funciones. En ese tema, entran en colisión dos ejes que suelen ser sensibles en la opinión pública: corrupción y seguridad. El gobierno acusa a los opositores de entorpecer una estrategia para incorporar tecnología para la Policía y el juecismo retoma su clásico rol de acusador, en un contexto en el que el discurso contra el sistema político clásico genera más repercusión e identificación.

La movida de Juez se enmarca en una estrategia para confrontar con Llaryora y reposicionarse a la vez en el escenario opositor porque a esta altura no es el candidato puesto para 2027 sino que se encuentra casi en una encerrona. Orbita en el universo Milei por conveniencia política y electoral pero, a la vez, no está entre los favoritos para recibir una nominación de parte del Presidente. Si tiene que elegir a alguien que lo represente, que sea su candidato en 2027, Milei tiene más fichas puestas en Bornoroni que en Juez. La única manera de contraponerse a ese proceso es con visibilidad.

“Juez consiguió ponerse en el centro de la escena en estos días. Pero es un esfuerzo inútil. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Macri con Milei”, diagnostican en el Panal.

El segundo conflicto que ha atravesado enero también tiene una derivación judicial. Pero esta vez no como parte de la estrategia de la Provincia sino de los gremios, que tratarán de frenar en los Tribunales la reforma jubilatoria que el oficialismo aprobó cuando el 2025 ya se iba y que le permitirá reducir un déficit del sistema jubilatorio que iba a rondar los 800 mil millones de pesos este año.

Por la arquitectura de la reforma jubilatoria, el gobierno esperaba que el frente gremial no durara demasiado. Juzgan, por ejemplo, que los docentes salieron beneficiados y que no tiene sentido que la Uepc encabezada por Roberto Cristalli se sume a la estrategia judicial. “De los 55 mil jubilados que recibieron aumentos y recuperaron el 82 por ciento, 22 mil son docentes. Están encarando una estrategia que defiende a las cúpulas”, indicaron en el Panal.

Desde el gobierno aseguran que Llaryora subió 15 puntos de imagen positiva entre los jubilados que recuperaron el 82 por ciento. Y esperan que ese proceso se consolide porque, según el oficialismo, la intención del gobernador es que cada vez más jubilados cobren el 82 y que a fin de año sean entre 75 mil y 90 mil, de un total de 120 mil pasivos.

Ante la ofensiva judicial de los gremios, en el Panal replican que la ley está bien armada, que es sólida y que existen antecedentes en la Corte que la avalan. Pero, más allá del plano judicial, el oficialismo considera que además tiene herramientas para plantear la disputa en el terreno político: cree que, en pleno auge mileísta, puede aprovechar el clima de rechazo que hay contra los sindicatos y acusarlos de defender sueldos y jubilaciones de privilegio con los recursos del Estado. “Con la nuestra”, en jerga mileísta.

Llaryora está convencido de que el 2026 es el año clave. En estos meses se juega su reelección. Por eso está embarcado en una campaña permanente. “Nos centramos en la gestión y estamos recorriendo toda la provincia”, dicen a su lado. Enfrente tiene a una oposición que cree que, después de la derrota de octubre, el oficialismo quedó estructuralmente debilitado y que, quizás, esta vez se le alineen los planetas.