A principios de mes, la Legislatura de Córdoba aprobó la denominada Ley 10.978, de actividades con metales no ferrosos, con el objetivo de “prevenir el robo de cables, transformadores, canillas, flexibles y elementos que contengan cobre, bronce, estaño, plomo, níquel, cobalto, cromo y aluminio”.
Esa misma norma crea el “Registro de actividades vinculadas a la comercialización de metales no ferrosos” en todo el ámbito de la provincia de Córdoba, con el fin de prevenir hechos delictivos y controlar su comercialización.
El proyecto de adhesión es una iniciativa que impulsan tanto desde el bloque oficialista Hacemos Unidos por Río Cuarto (HPC) como el opositor de La Fuerza del Imperio del Sur.
Al respecto, la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina (HPC), explicó que “fue una presentación que surgió de otro bloque, y nosotros presentamos un proyecto de adhesión con el concejal Ignacio Biga, entendiendo que es una nueva modalidad de actos delictivos”.
Más herramientas
Medina destacó que lo central del proyecto es dotar al Municipio del poder de policía y control en la materia, con el objetivo de desalentar este tipo específico de robos.
Buscan facultar al Municipio para habilitar, clausurar e inspeccionar.
En el mismo sentido, detalló que se busca atacar a los comercios “ilegales en lo que hace la venta de estos de estos metales, porque hemos visto que, en el último tiempo, todos estos actos delictivos con relación al robo de canillas de bronce o de cables se han multiplicado en la ciudad”.
La iniciativa apunta a que sea el Municipio el que se involucre directamente en el control sobre el comercio que trabaja con este tipo de metales y aleaciones, con la idea de complementar de algún modo el trabajo de la Policía.
En rigor de verdad, la norma provincial establece criterios mucho más especifícos para abordar la problemática.
La idea de los concejales oficialistas y de la segunda minoría es darle al Estado local herramientas que hoy no tiene para controlar y abordar la problemática del tráfico de estos materiales, para atacar indirectamente su robo.
La idea es que el Ejecutivo Municipal pueda dictar una reglamentación vinculada con la habilitación de los comercios del rubro, en forma paralela a las inspecciones.
