Como suele ocurrir cuando llegan a su fin vidas de personalidades de actuación pública vasta y controvertida, en las reacciones desencadenadas por la muerte de Carlos Menem predominan las que intentan poner de relevancia sus aspectos más luminosos, en el entendimiento de que una instancia semejante invita a la discreción y a la generosidad, incluso a los más acérrimos detractores. En su caso, sin embargo, el puñado de significativas excepciones refleja no sólo la gravedad de algunas de las faltas que se le atribuyen, sino la incapacidad de las instituciones para saldar en tiempo y forma esas cuentas que dejó pendientes.
La negativa de la Municipalidad de Río Tercero a sumarse al duelo dispuesto desde la Nación es, dentro de esos pronunciamientos disruptivos, el que resulta más familiar y cercano a la sensibilidad de los habitantes de esta región. El hecho de que la muerte del expresidente se haya producido apenas diez días antes de la fecha fijada para el comienzo del juicio en su contra incrementa la justificada frustración de una comunidad que, años después de haber sido víctima de un crimen abominable -tal como tardíamente lo estableció una investigación demasiado parsimoniosa y obstaculizada permanentemente por el encubrimiento institucional y la desidia judicial-, vieron burlada su pretensión de que se hiciera justicia con el principal responsable.
Igualmente comprensible es la toma de posición de la Daia, cuya conducción, como representante de la comunidad judía, entendió que la responsabilidad del gobierno encabezado por Menem en la falta de esclarecimiento del atentado a la sede de la Amia de 1994 es tan grave que no podía menos que recordarla, aún en un momento en que su titular reconoció como inoportuno, pero con la explicación de que “tampoco había otro”. Si bien la propia Amia fue más moderada, está claro que ni el conjunto de decisiones políticas que pusieron al país como blanco del terrorismo internacional, ni las manipulaciones posteriores de una investigación que deliberadamente o no pareció destinada a asegurar que la verdad jamás saliera a la luz, son comportamientos que puedan ser excusados fácilmente, como tampoco lo son los indultos a los jerarcas de la dictadura militar que habían sido condenados por violaciones a los derechos humanos.
"Menem falleció amparado hasta el último día por sus fueros de senador que impidieron que estuviera preso”, reza el mismo comunicado de la Daia, que insiste en que “nunca pagó por su responsabilidad en el encubrimiento del atentado”. Tampoco lo hizo -cabría agregar- por los demás delitos cometidos desde su condición de jefe de Estado, incluida la venta ilegal de armas por la que fue condenado en dos instancias, justamente la maniobra que no sólo violó las leyes locales, sino mandatos expresos de la ONU, para cuyo ocultamiento habían sido planificadas las explosiones de Río Tercero.
En esta falta de sanción, precisamente, puede encontrarse la explicación de la actitud de quienes decidieron no mostrarse piadosos ni diplomáticos, pese a la sensibilidad del momento y a la catarata de insultos que recibieron de allegados al fallecido.
Optaron, en cambio, por recordar que “la muerte no indulta” ni mucho menos proporciona coartadas a quienes no se vuelven mejores por el “mérito” de haber logrado esquivar durante décadas la rendición de cuentas que en un mundo más justo se les habría exigido.