El gobierno de Javier Milei anunció que denunciará penalmente a Karina Andrade, la jueza que ordenó la liberación de los detenidos en la marcha de los jubilados en el Congreso por falta de pruebas. La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.) emitió un comunicado en respaldo de su accionar y en contra de un juicio político.
"Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial", comienza el comunicado.
Y continúa: "Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico preveé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso. La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales".
"Se enfatiza que en la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional", agrega.
Y finaliza: "En este sentido, la Junta Federal reitera su compromiso con la defensa de la independencia judicial y la protección de las garantías constitucionales exhortando a que el debate sobre las resoluciones judiciales se mantenga dentro de la órbita institucional consagrada por la normativa".
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