Mientras siguen apareciendo revelaciones sobre las correrías sexuales del infatigable AlbertoFernández y mientras la causa en su contra por violencia de género avanza en los Tribunales, la agenda pública enfocó más su atención en los últimos días en un tema que desató un vendaval de acusaciones cruzadas cuyas consecuencias finales todavía no pueden adivinarse. No es una cuestión tan atractiva ni morbosa como dedicarse a contar las amantes que habrían ingresado a la Casa Rosada pero la fórmula de actualización jubilatoria que el Senado acaba de convertir en ley tiene un alcance económico, social y político que puede ser decisivo para un gobierno, el de Javier Milei, que arrancó hace apenas 9 meses.
La votación del jueves en la Cámara Alta mostró al gobierno solo, políticamente solo. El número ostenta la magnitud de esa soledad:perdió por 61 a 8, una cifra que es difícil de encontrar en el Congreso desde la vuelta de la democracia. Esos 8 son apenas uno más de los 7 que originalmente tenía La Libertad Avanza. Y no es anecdótico:habla de la incapacidad que ha evidenciado el mileísmo para construir acuerdos más o menos estables con otras fuerzas políticas, incluso con las que desesperadamente han buscado razones para acompañarlo.
La Libertad Avanza llegó al poder con una característica de debilidad estructural;en las ocasiones en que consiguió trabajosos éxitos legislativos fue porque se resignó a negociar, a sondear acuerdos aunque debiera dejar en el camino sus intenciones originales. Pero parece volver a empezar cada vez, como si no aprendiera del proceso.
La discusión por la fórmula jubilatoria contiene tres componentes:el social, porque comprende a un sector vulnerable que tiene a 5 millones de personas en la pobreza; el económico, por el impacto que implica el aumento de los haberes en las cuentas públicas; y el político, porque expone al gobierno y al Presidente.
El sistema previsional representa el 45 por ciento de los gastos del Estado nacional. Obviamente, cualquier medida que opere sobre el cálculo jubilatorio incide sobre las obligaciones y, por lo tanto, sobre el estado de las cuentas. Milei, que fue autor de aquel famoso y desopilante cálculo de que la inflación viajaba al 17.000 por ciento para 2024, volvió a sus cifras estrafalarias y aseguró que el gasto que generará la nueva fórmula será de 370 mil millones de dólares. Para tener un parámetro de la desmesura, hoy la deuda externa argentina ronda los 290 mil millones.
Con ese número en la mano, después de acusar a los senadores de degenerados fiscales, el jefe de Estado anunció que vetará la ley. Es una actitud políticamente riesgosa porque implica un costo elevado que, en este caso, Milei aparece dispuesto a asumir de manera personal. “El equilibrio fiscal es irrenunciable”, dice el gobierno al unísono, que además aparece empeñado en convencer a los jubilados de que un aumento del 8,1% que les haga recuperar parte del poder adquisitivo perdido por la feroz devaluación de Luis Caputo sería en realidad perjudicial para ellos porque reactivaría el déficit y dispararía la inflación.
Sin embargo, hay posiciones que contrarrestan esas afirmaciones del oficialismo desde dos lógicas:una que aborda la propia ley y otra que postula compensaciones externas para evitar el desequilibrio presupuestario.
Osvaldo Giordano, quien dirigió brevemente la Anses en los primeros meses del actual gobierno y que es un economista especializado en el sistema previsional, respondió un tuit del ministro desregulador Federico Sturzenegger y negó los supuestos efectos nocivos de la nueva fórmula. “Fede, si se instrumenta bien, la ley aprobada es una oportunidad para darle sostenibilidad al superávit fiscal. El aumento de costos se puede compensar focalizando mejor el bono y se gana en seguridad jurídica. En este informe te lo explicamos”, dice el posteo del exministro de Finanzas de Córdoba, que adjunta a su tuit un estudio elaborado por el Ieral, el centro de estudios económicos de la Fundación Mediterránea que Giordano preside y que no es ciertamente un nido de comunistas. Del Ieral salió, por ejemplo, Domingo Cavallo.
Hay un segundo planteo que relativiza el impacto nefasto que el gobierno le adjudica a la ley. Aunque tiene un componente más político y será usado discursivamente por la oposición no kirchnerista cuando la discusión vuelva a Diputados. Bloques como Hacemos Coalición Federal, que integran los legisladores cordobeses, señalan que los fondos para financiar el aumento a los jubilados deberían salir de eliminar algunos privilegios como, por ejemplo, el régimen especial de Tierra delFuego, por el que se benefician algunas familias empresarias como, por ejemplo, los Caputo.
Y ese argumento confronta de lleno con el universo imaginario que ha venido planteando La Libertad Avanza. Porque en el caso de rechazar la eliminación de regímenes preferenciales para algunos sectores, quedará en evidencia -una vez más- la enorme distancia entre el concepto de casta que la sociedad se imaginaba y el que se está plasmando. Al final, con el recorte en términos reales a los jubilados y a otros grupos como, por ejemplo, los docentes universitarios, la casta tiene una carnadura mucho menos elitista de lo que los votantes de Milei podrían haber supuesto.
La aplastante votación en contra que sufrió en el Senado ostenta además el estado político en que se encuentra el Gobierno. Su socio natural, Mauricio Macri, pareció decidido a exteriorizar la endeblez sistémica de Milei y orquestó una jugada que terminó siendo una cumbre del cinismo político. El líder del Pro, enfurruñado por los desplantes constantes y porque los espacios políticos se le escamotean, hizo que sus senadores votaran la fórmula jubilatoria y le enviaran un mensaje contundente al oficialismo:“Mirá el daño que somos capaces de provocarte”. Hay testigos de las llamadas de Macri para alinear a la tropa.Pero ni bien el resultado estuvo puesto y Milei anunció que vetará la ley, el expresidente salió a apoyar esa decisión y a retar a los irresponsables fiscales que habitan la Cámara Alta.
Macri apuesta a un cogobierno no basado en la confianza y en el acuerdo, sino en la necesidad. En la imperiosa necesidad. Aunque en el camino haya que descalzar a sus propios senadores.
Ayer, en Río Cuarto, Luis Juez, jefe del bloque del Frente Pro, hizo malabares para explicar su voto y la postura política de su bancada. En sus ya clásicos zigzagueos, el excandidato a gobernador aseguró que jamás votaría en contra de los jubilados y, a la vez, que jamás votaría un proyecto que impacte en las previsiones presupuestarias del Gobierno. Una pirueta en el aire. A veces, como Bullrich le dijo a Macri, no se puede estar de los dos lados.
Juez aclaró que votó el proyecto en general pero que rechazó en particular tres artículos que negoció con el gobierno:el 2, el 4 y el 10. Son los más irresponsables fiscalmente, argumentó.
En realidad, ahí se introdujo además la política cordobesa, los intereses de Juez en la realidad provincial. El artículo 10 ordena, entre otros aspectos, cancelar las deudas con las cajas previsionales no transferidas, entre ellas la de Córdoba. Es decir, el senador votó en contra de que la administración de Martín Llaryora reciba los fondos que, por ley, deben garantizar el pago de las jubilaciones provinciales. Esos recursos le despejarían al gobernador el horizonte financiero y le oxigenarían las finanzas para, por ejemplo, hacer obras. No es algo que, precisamente, ansíe Juez, quien ayer admitió que volverá a insistir en 2027 con su sueño de destronar al peronismo provincial.
“Nunca votaría algo en contra de los jubilados”, dijo Juez y demostró, una vez más, que es capaz de asegurar algo en el discurso y negarlo en la acción casi al mismo tiempo.