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Ordenar las cuentas en un año electoral, un arduo desafío para Martín Guzmán

Cómo empezar a ordenar las cuentas con el fin de enviar señales a los agentes económicos y al Fondo Monetario Internacional, en un escenario incierto sobre la salida de la pandemia y con una presión mayor sobre el gasto que siempre provocan los años electorales, será el monumental desafío que afrontará el equipo económico en 2021.

Si bien la expectativa por la llegada de vacunas contra el Covid-19 puede esperanzar a la Argentina en que no se producirá un rebrote como está ocurriendo en Europa y los Estados Unidos, por ahora son muchas las incertidumbres en materia sanitaria y su impacto sobre el aparato productivo.

El gobierno nacional sostiene que en términos de actividad económica la Argentina ya se acerca a los niveles prepandemia, aunque si se analiza en detalle la matriz industrial y comercial, aún se está lejos de esa meta.

Si bien en septiembre la actividad fabril se recuperó 3,4 por ciento interanual, el sector aún sigue muy golpeado por una pandemia que trastocó toda su operatoria y dejó un tendal de suspendidos.

En el plano comercial, el panorama es más oscuro aún: sólo en la emblemática peatonal porteña de la calle Florida cerraron 250 locales en los últimos siete meses.

Ese panorama negro, que implica la pérdida de miles de puestos de trabajo, se replica en todo el AMBA, pero también tiene datos negativos en el interior: en Mar del Plata, más de 200 comercios bajaron la persiana; en Rosario, 300 locales cerraron en la zona de las peatonales; y en Córdoba cesaron su actividad otros 820.

Es un panorama complejo de revertir, incluso si durante los primeros meses del año próximo la Argentina consigue empezar a dominar la pandemia.

Por eso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya transmitió que para salir de esta coyuntura delicada hacen falta transformaciones de fondo, que incluyan una proyección de aquí a varios años.

El funcionario trazó un esquema de reducción gradual del desequilibrio fiscal, que arranca con un rojo del 4,5 por ciento del PIB durante 2021.

¿Podrá convencer al FMI de que esa meta alcanza para hacer frente a los compromisos de deuda? Políticamente es posible, técnicamente habrá más discusión.

Pero Guzmán también promete duplicar en 2021 la inversión en infraestructura productiva y social respecto de 2019, a partir de una inversión proyectada en $ 835.000 millones o 2,2% del PBI, una meta al menos ambiciosa.

Cayó bien en el mercado el anuncio de que hasta fin de año no habrá más pedidos de plata al Banco Central, pero no se pierde de vista que a cambio el ministro está colocando deuda a un ritmo cada vez más acelerado.

Lo del BCRA contribuyó a restar presión sobre la cotización del dólar, justo cuando la divisa se encaminaba a negociarse a 200 pesos por unidad en el circuito informal, un nivel de pánico.

Esta semana arrancó con la licitación de bonos por 750 millones de dólares para terminar de desahogar, espera Guzmán, el escenario cambiario.

Y semana tras semana se licitarán instrumentos de deuda en pesos para hacer frente a vencimientos por $ 340.000 millones en noviembre y unos $ 400.000 millones en diciembre.

Desde enero, Guzmán proyecta una caída en las erogaciones, sobre todo porque desaparecerían los planes IFE y ATP, que se llevan buena parte de los fondos.

Sólo en ATP, el Estado ya desembolsó $ 230.000 millones desde que comenzó la pandemia, y otros $ 270.000 millones por los tres IFE ya otorgados, mientras se debate qué hacer con un posible cuarto pago de ese subsidio de $ 10.000, que sumaría otros $ 90.000 millones, ya que lo reciben alrededor de 9 millones de personas.

Es decir, la pandemia ya costó medio billón de pesos, sin contar el enorme gasto en salud y el tendal de más de 33 mil muertos.

Al ajuste en el gasto social, Guzmán sumará una reducción de subsidios a las tarifas, que se aplicará a partir de enero y caerá sobre las espaldas de lo que queda de la clase media, teniendo en cuenta que la pobreza ronda el 45 por ciento.

Las familias del AMBA pasarán a pagar más por los servicios de electricidad y gas, sin contar los enormes gastos que ya tienen por agua y cloacas -las facturas de AYSA son las que más subieron en los últimos cuatro años, algo inexplicable- y erogaciones cotidianas por expensas, seguros y otros.

Este escenario refleja una certeza: por más que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, asegure que en la Argentina "no hay espacio para ajustes", los recortes de gastos ya comenzaron, y serán cada vez más indisimulables en los próximos meses.