Tras la prisión preventiva dictada por el fiscal Pablo Jávega contra el médico trucho Ignacio Martín, su par Daniel Miralles avanza sobre las responsabilidades políticas de los funcionarios públicos en el marco de una causa paralela a la principal.
Tras la preventiva, Miralles avanza con las responsabilidades políticas
El fiscal citó para mañana a la oposición, que pidió investigar la supuesta connivencia de Martín con funcionarios públicos. Jávega se apartó por prestar colaboración con el COE pero tiene que abordar los casos de mala praxis.
En efecto, Jávega se apartó de esa arista de la investigación por prestar colaboración con el COE Río Cuarto en calidad de fiscal.
En ese rol, por ejemplo, Jávega receptaba las denuncias por violación de la cuarentena.
Al apartarse de esa causa colateral, la investigación por las responsabilidades de funcionarios está bajo la órbita de Miralles.
En efecto, el citado fiscal tiene la ampliación de denuncia que presentó en su momento el bloque de Juntos por Río Cuarto.
En rigor, la oposición le pidió a la Justicia que investigue si hubo connivencia entre el imputado Martín y funcionarios provinciales o municipales.
Al respecto, Miralles citó para mañana en Tribunales a los concejales opositores Gonzalo Parodi y Marcos Curletto.
Es decir que, por un lado, Jávega investiga todo lo concerniente al falso médico y, por el otro, Miralles las responsabilidades políticas del caso en cuestión.
“El doctor Jávega investiga todo lo atinente a la actividad de Martín, en tanto que la denuncia de la oposición está en manos del doctor Miralles”, dijeron a Puntal fuentes judiciales.
Y agregaron: “Al integrar el COE como fiscal, Jávega debe apartarse de las investigaciones vinculadas con funcionarios integrantes del mismo, para evitar suspicacias”.
El viernes pasado, el Ministerio Público Fiscal informó que Jávega dictó la prisión preventiva contra Martín, con lo cual éste seguirá detenido en el Establecimiento Penitenciario N° 6 de Río Cuarto.
El médico trucho está imputado por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina.
Por esos delitos, se le dio la preventiva, desechándose de esta manera el pedido de la defensa para que se lo dejara en libertad.
Según se informó, la medida se tomó “para evitar que entorpezca la investigación”.
La defensa tiene 6 días hábiles para impugnar.
Martín integró el COE y formó parte también del COT (Centro de Operaciones Tácticas) y, como tal, atendió a pacientes, tales los casos de un joven de 29 años y de una mujer de 82 que murieron luego de recibir su atención.
Esas dos denuncias por mala praxis están radicadas en la Fiscalía y deben ser investigadas por Jávega.
De comprobarse una relación causal entre el accionar del falso médico y dichas muertes, Martín sumará más delitos y, por ende, nuevas imputaciones.
Según entendidos, la causa podría recaratularse como homicidio con dolo eventual.
A Martín no se le pudo practicar la pericia psicológica por no haber prestado colaboración.