La imputación que les atribuyó la fiscal cordobesa Graciela López de Filoñuk, el pasado 15 de mayo, es por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba argumentó que "el ilícito en cuestión deberá ser investigado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que allí es donde las personas denunciadas prestaban sus funciones, en representación del Estado nacional, y donde se habría consumado el posible delito".
Los exfuncionarios ejercían sus cargos durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando se desarrolló el acuartelamiento de los efectivos policiales, el 3 y 4 de diciembre de 2013, que derivó en hechos de violencia, saqueos y disturbios en la provincia que era gobernada entonces por José Manuel de la Sota, quien estaba de viaje.
La acusación está basada en que los entonces funcionarios nacionales no respondieron a la solicitud de ayuda que hizo la Provincia durante la protesta de los policías.
Por ese motín la Justicia provincial condenó con penas de entre un año y seis meses a 52 efectivos.
