Juicio por el motín policial: cuestionaron la conducta de los efectivos
“Córdoba se había convertido en la ciudad del vale todo, pero no todo vale”, sostuvo el fiscal Carlos Antuña en el comienzo del debate por jurado popular contra 56 policías. “Decidieron no cumplir con su función", reprochó.
La Cámara 12º del Crimen, con la participación de jurados populares, puso en marcha esta mañana el proceso de enjuiciamiento contra 56 efectivos policiales que, el 3 y 4 de diciembre de 2013, se acuartelaron por reclamos salariales y como consecuencia de la inseguridad en las calles la protesta dejó como saldo un muerto, centenares de heridos, numerosos comercios y viviendas saqueadas.
En la oportunidad, la Fiscalía cuestionó la conducta de los efectivos que impulsaron la protesta.
La audiencia, que se desarrolla en Tribunales II de la ciudad de Córdoba, comenzó con la lectura del auto de elevación a juicio y algunos planteos de las defensas que fueron resueltos por el Tribunal (Gustavo Reinaldi, Gabriela Bella y Mario Capdevila) y no tuvieron impacto sobre el normal proceso del juicio.
Previo al inicio del debate uno de los fiscales que sostienen la acusación, Carlos Antuña, reprochó la conducta que tuvieron los policías al sostener que “decidieron no cumplir con su función policial”, dejando sin seguridad a los ciudadanos, y que “Córdoba se había convertido en la ciudad del vale todo, pero no todo vale”, dijo al manifestar su desacuerdo con la sublevación en condición de funcionarios públicos.
El también fiscal en este proceso, Raúl Garzón, quien tuvo a cargo la etapa de instrucción de la causa, no descartó la posibilidad de que surjan otros responsable durante el debate que se abrió en la jornada de hoy.
Para la defensa son 56 "perejiles"
Mientras tanto el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien defiende a la mayoría de los acusados, manifestó a los medios que están sentados en el banquillo de los acusados “56 perejiles” que “no podrían haber organizado semejante caos”, y en ese sentido consideró que deberían estar también otros responsables que no son efectivos de la fuerza de seguridad, aunque evitó dar mayores detalles sobre esa referencia.
Se espera que declaren alrededor de 60 testigos, entre ellos el gobernador José Manuel de la Sota al momento del hecho, además de funcionarios policiales y del Gobierno de la provincia de esa época. A partir de mañana los imputados podrían comenzar a responder sobre las acusaciones.
Las audiencias se realizarán de lunes a miércoles y los acusados deberán responder por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de los caudales públicos e incitación de cometer delitos".
En la oportunidad, la Fiscalía cuestionó la conducta de los efectivos que impulsaron la protesta.
La audiencia, que se desarrolla en Tribunales II de la ciudad de Córdoba, comenzó con la lectura del auto de elevación a juicio y algunos planteos de las defensas que fueron resueltos por el Tribunal (Gustavo Reinaldi, Gabriela Bella y Mario Capdevila) y no tuvieron impacto sobre el normal proceso del juicio.
Previo al inicio del debate uno de los fiscales que sostienen la acusación, Carlos Antuña, reprochó la conducta que tuvieron los policías al sostener que “decidieron no cumplir con su función policial”, dejando sin seguridad a los ciudadanos, y que “Córdoba se había convertido en la ciudad del vale todo, pero no todo vale”, dijo al manifestar su desacuerdo con la sublevación en condición de funcionarios públicos.
El también fiscal en este proceso, Raúl Garzón, quien tuvo a cargo la etapa de instrucción de la causa, no descartó la posibilidad de que surjan otros responsable durante el debate que se abrió en la jornada de hoy.
Para la defensa son 56 "perejiles"
Mientras tanto el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien defiende a la mayoría de los acusados, manifestó a los medios que están sentados en el banquillo de los acusados “56 perejiles” que “no podrían haber organizado semejante caos”, y en ese sentido consideró que deberían estar también otros responsables que no son efectivos de la fuerza de seguridad, aunque evitó dar mayores detalles sobre esa referencia.
Se espera que declaren alrededor de 60 testigos, entre ellos el gobernador José Manuel de la Sota al momento del hecho, además de funcionarios policiales y del Gobierno de la provincia de esa época. A partir de mañana los imputados podrían comenzar a responder sobre las acusaciones.
Las audiencias se realizarán de lunes a miércoles y los acusados deberán responder por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de los caudales públicos e incitación de cometer delitos".