En lo que va del año y en menos de dos meses, 59 mujeres fueron asesinadas en la República Argentina, según el Observatorio Lucía Pérez.

En la mayoría de los casos existían denuncias previas contra el femicida, lo que expone una vez más las fallas en las políticas públicas de prevención y que las mismas siguen siendo insuficientes, a pesar de los avances del último tiempo.

En los casos recientes, como el de Úrsula Bahillo, en la ciudad de Rojas, o el de Guadalupe Carual, en Villa la Angostura, sus familias reclamaron la pasividad de la Justicia y de las comisarías para evitar los femicidios, ya que existían varias denuncias en contra de los asesinos.

Por otra parte, esta semana también se conoció que entre los años 2017 a 2019, al menos 52 víctimas de femicidio directo y vinculado tenían medidas de protección, que no evitaron su asesinato.

Los datos surgen de un informe que difundieron el viernes las oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Se trata del 'Estudio sobre denuncias de violencia de género/doméstica y medidas de protección en víctimas de femicidio', que se realiza por primera vez, y brinda un panorama general a nivel país, con datos más específicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte tiene su sede.

La investigación "busca contribuir al diseño de políticas públicas que faciliten el acceso a justicia, eviten la revictimización y prevengan desenlaces fatales", se explica en el documento.

Otro objetivo citado fue "evaluar el cumplimiento de la debida diligencia desde el inicio de las denuncias hasta la resolución de las causas judiciales".

La OVD y la Oficina de la Mujer, que están a cargo de la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, tomaron como base el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (Rnfja), único registro oficial sobre femicidios.

El informe de la Corte especificó que el registro identificó 821 víctimas letales de la violencia de género entre 2017 y 2019.

De ese total, 757 fueron víctimas de femicidios directo y 64 de femicidios vinculados, que son los homicidios cometidos contra una o varias personas a fin de causarle sufrimiento a una mujer o porque intentaron protegerla.

Entre las víctimas de femicidio directo, 743 eran mujeres y 14 eran mujeres trans/travesti, mientras que las víctimas de femicidio vinculado eran 33 mujeres y 31 varones.

En base a este detalle, el estudio identificó que 52 víctimas tenían medidas de protección: 33 por restricción/prohibición de acercamiento del agresor, y 7 sumaron además exclusión del hogar.

Sólo 5 tenían botones antipánicos, dispositivos cuestionados por no ser efectivos, ya que requieren un monitoreo que no está resultando.

La investigación llega hasta 2019, ya que aún no se sistematizaron los asesinatos de mujeres en contexto de violencia de género, del año pasado ni de éste.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió en su cuenta de Twitter al papel de la Justicia y de la Policía tras los femicidios de Úrsula y Guadalupe: "Cada femicidio es un dolor irreparable. Seguimos exigiendo a los Poderes Judiciales que no haya más impunidad ni administración de justicia ni fuerzas de seguridad sin perspectiva de género. Trabajamos todos los días y alzamos la voz para que no haya ni una menos, nunca más".

Esta semana y en declaraciones a la prensa, la ministra aseguró que "la intervención del Estado no alcanza, pero desde Nación se hace lo posible para que la coordinación con los estados nacionales y provinciales se fortalezcan".