El Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia tiene un conflicto con la ley. O, mejor dicho, con el Municipio. Porque desde abril de este año, el Edecom le clausuró el salón de fiestas que tiene en la exruta 36, kilómetro 2, y además se le aplicó una multa de 240 mil pesos, más gastos administrativos, que la conducción de la institución asegura que no está en condiciones de pagar.
La sanción se produjo como consecuencia de que, según el ente de control, el salón no cumple con los requisitos establecidos en el nuevo código de espectáculos públicos y, por lo tanto, allí no pueden hacerse fiestas ni casamientos. El Círculo asegura que cumplió con los trámites de reempadronamiento pero que el Municipio no le permite concretarlos hasta tanto no cancele la multa de un cuarto de millón de pesos.
Por eso, la institución de oficiales de Policía fue a la Justicia y presentó un amparo para que le permitan el reempadronamiento aunque no pague la multa.
En la demanda -iniciada por los abogados Ignacio Fernández, Dana Molina y Manuel Ángel Fernández- se detalla que el salón social fue habilitado de forma precaria el 12 de enero de 2010. El 2 de febrero del año siguiente se lo inscribió en la Secretaría de Economía del Municipio.
Dos años después, en mayo de 2014, el Concejo Deliberante sancionó después de un extenso debate el nuevo código de espectáculos públicos. Los abogados del Círculo de Oficiales relatan que el salón siguió funcionando con total normalidad porque la nueva normativa no revocaba las autorizaciones dadas con anterioridad. Pero paralelamente debía realizarse el trámite de reempadronamiento, que fue iniciado el 30 de septiembre de 2014.
Pero el 22 de abril de 2017, el Edecom labró un acta en la que señaló: “Por intermedio de la presente se les comunica a los representantes del lugar que deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de eventos (cumpleaños, casamientos, fiestas de 15, egresos, etc) hasta tanto cuenten con las habilitaciones correspondientes para realizarlas. En caso de no respetar lo solicitado, se procederá a clausurar preventivamente el lugar”.
Un día después, esa clausura se hizo efectiva. Los inspectores volvieron a ir y se encontraron con un casamiento. Como consecuencia, efectivizaron la clausura.
La sanción
En junio de este año, el juez administrativo municipal dictó sentencia y condenó al Círculo de Oficiales a pagar 300 unidades de multa por no tener certificado de habilitación. En total, 240 mil pesos más gastos.
El planteo de los abogados es que la Municipalidad no ha resuelto la solicitud de reempadronamiento que hizo con anterioridad el Círculo de Oficiales. Pero, además, en su demanda cuestiona el criterio del secretario de Gobierno, Mauricio Dova, quien señaló en una resolución que el reempadronamiento y la consecuente normalización de la situación del salón no avanzarán mientras el Círculo mantenga impaga la multa.
“Es imposible que junten 240 mil pesos. No pueden pagar esa suma. Pero además es inconstitucional que no permitan ejercer el derecho a defensa y que lo supediten al pago de una multa. Por eso presentamos el amparo”, explicaron los abogados del Círculo.
En la demanda, se argumenta: “Ahora, aludiendo irrisoriamente a la falta de pago o acogimiento a plan de pago a una sanción impuesta de una resolución que no ha quedado firme todavía. La acción de amparo resulta entonces la vía apta para demandar la supresión de ese actuar ilegal que, de modo manifiestamente arbitrario, afecta los derechos y garantías de la actora reconocidos constitucionalmente”.
Mañana, el Municipio deberá responder la demanda.
Pero, mientras tanto, el Círculo de Oficiales de la Policía debe seguir absteniéndose de realizar cualquier tipo de evento en el salón, ya sea para sus afiliados como para terceros que pretendan alquilarlo.
Por eso, la institución de oficiales de Policía fue a la Justicia y presentó un amparo para que le permitan el reempadronamiento aunque no pague la multa.
En la demanda -iniciada por los abogados Ignacio Fernández, Dana Molina y Manuel Ángel Fernández- se detalla que el salón social fue habilitado de forma precaria el 12 de enero de 2010. El 2 de febrero del año siguiente se lo inscribió en la Secretaría de Economía del Municipio.
Dos años después, en mayo de 2014, el Concejo Deliberante sancionó después de un extenso debate el nuevo código de espectáculos públicos. Los abogados del Círculo de Oficiales relatan que el salón siguió funcionando con total normalidad porque la nueva normativa no revocaba las autorizaciones dadas con anterioridad. Pero paralelamente debía realizarse el trámite de reempadronamiento, que fue iniciado el 30 de septiembre de 2014.
Pero el 22 de abril de 2017, el Edecom labró un acta en la que señaló: “Por intermedio de la presente se les comunica a los representantes del lugar que deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de eventos (cumpleaños, casamientos, fiestas de 15, egresos, etc) hasta tanto cuenten con las habilitaciones correspondientes para realizarlas. En caso de no respetar lo solicitado, se procederá a clausurar preventivamente el lugar”.
Un día después, esa clausura se hizo efectiva. Los inspectores volvieron a ir y se encontraron con un casamiento. Como consecuencia, efectivizaron la clausura.
La sanción
En junio de este año, el juez administrativo municipal dictó sentencia y condenó al Círculo de Oficiales a pagar 300 unidades de multa por no tener certificado de habilitación. En total, 240 mil pesos más gastos.
El planteo de los abogados es que la Municipalidad no ha resuelto la solicitud de reempadronamiento que hizo con anterioridad el Círculo de Oficiales. Pero, además, en su demanda cuestiona el criterio del secretario de Gobierno, Mauricio Dova, quien señaló en una resolución que el reempadronamiento y la consecuente normalización de la situación del salón no avanzarán mientras el Círculo mantenga impaga la multa.
“Es imposible que junten 240 mil pesos. No pueden pagar esa suma. Pero además es inconstitucional que no permitan ejercer el derecho a defensa y que lo supediten al pago de una multa. Por eso presentamos el amparo”, explicaron los abogados del Círculo.
En la demanda, se argumenta: “Ahora, aludiendo irrisoriamente a la falta de pago o acogimiento a plan de pago a una sanción impuesta de una resolución que no ha quedado firme todavía. La acción de amparo resulta entonces la vía apta para demandar la supresión de ese actuar ilegal que, de modo manifiestamente arbitrario, afecta los derechos y garantías de la actora reconocidos constitucionalmente”.
Mañana, el Municipio deberá responder la demanda.
Pero, mientras tanto, el Círculo de Oficiales de la Policía debe seguir absteniéndose de realizar cualquier tipo de evento en el salón, ya sea para sus afiliados como para terceros que pretendan alquilarlo.