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El Gobierno le pidió la renuncia al gerente general de Nación Seguros

Según la documentación que obra en el expediente judicial Mauro Tanos ofició como contacto con la firma San Ignacio, una empresa que cobró millonarias comisiones por la contratación de la póliza de la ANSES

El gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, fue imputado y allanado por la Justicia en el marco de la causa que investiga el escándalo de las pólizas de ANSES, tras lo cual el Gobierno le pidió la renuncia.

El funcionario de la aseguradora está sospechado de ser el nexo con la firma productora de seguros San Ignacio, una de las que intermedió en la millonaria póliza del organismo previsional.

Durante la administración de Alberto Fernández, Tanos se había desempeñado como gerente comercial del sector público en Nación Seguros y luego, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, fue ascendido a gerente general de la compañía.

También quedó imputado el actual gerente de compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio.

La documentación que obra en el expediente judicial muestra que Tanos ofició como contacto con la firma San Ignacio, una empresa que cobró millonarias comisiones por la contratación de la póliza de la ANSES.

En la serie de allanamientos ordenados por la Justicia también se incluyeron los domicilios de Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi, presidente y director suplente de San Ignacio.

Ante las novedades judiciales, el Gobierno del presidente Javier Javier le pidió la renuncia a Tanos, por lo que se espera que en los próximos días se oficialice su salida del cargo.

Días atrás, Alberto Fernández había salido a referirse al escándalo a través de sus redes sociales y en algunos reportajes, afectado por la destrucción de su principal caballito de batalla, la honestidad de su gestión.

Para eso, además de desmentir las versiones públicamente, levantó el teléfono y se comunicó con Milei, quien - aseguran- lo escuchó y aceptó los argumentos técnicos que ofreció ante cada una de las acciones que lo llevaron a la firma y la instrumentación del cuestionado decreto 823/21.