"Sería importante que otras ciudades apliquen el narcotest para funcionarios"

- ¿En qué consta la ordenanza que acaba de aprobarse en Córdoba?

- Este proyecto tiene como fin la obligatoriedad de la presentación de los certificados con la negativa de metabolitos de sustancias ilegales. Alcanza al intendente, al viceintendente, a tribunos de cuentas, concejales, directores, secretarios, subsecretarios y todos los que tengan una equivalencia en el rango como funcionarios. Este proyecto surgió en 2020 luego de estudiar una iniciativa que fue presentada por el intendente Martín Llaryora cuando era intendente de la ciudad de San Francisco. Le presté atención a este proyecto y lo llevamos a cabo en la ciudad de Córdoba, con la aprobación de la mayoría. Este proyecto tiene tres aristas: una es la que dijeron los médicos que pasaron por las comisiones, que manifestaron que una persona que ejerce la función pública no puede tomar decisiones importantes si está bajo los efectos de los narcóticos. En este sentido, entendemos que tenemos que cuidar a la ciudadanía y debemos tener funcionarios lúcidos para el ejercicio de la función pública. En segunda instancia, tiene que ver con cortar la connivencia que puede llegar a existir entre el narcotraficante y el funcionario público. Imagínese lo que sería un secretario de Seguridad, un ministro de Seguridad o jefe de Policía que sea consumidor y que tenga un contacto directo con el narcotráfico. Sería un problema para ir a combatir este flagelo cuando son funcionarios de alto rango que tienen que estar en las antípodas de esta situación. Y el tercer punto tiene que ver con que no se va a discriminar al funcionario porque es un problema de salud pública, es una enfermedad. Y lejos de eso hemos incorporado otro artículo en el Código de Ética, donde va a haber un abordaje integral y vamos a acompañar a la persona que tiene esta problemática.

- Pero sería difícil que alguien continuara ejerciendo el cargo en el caso de que dé positivo.

- Se va a mantener la confidencialidad porque eso también lo manifiesta la norma y el órgano de control va a ser la Secretaría de Salud que va a propiciar el tema de hacerse los exámenes complementarios, que no solamente constan de un estudio sino que son exámenes complementarios que pueden abarcar pelo, sangre, orina, rinoscopía para hacer la cosas como corresponde. Y el fin de la normativa no es que tome estado público el resultado de los análisis.

- ¿Hay otro antecedente de una legislación similar en el país?

- Córdoba es pionera en este sentido. Han existido otras normativas, creo que en Tierra del Fuego, pero la que ha tomado estado público y ha ido hacia adelante con esta proyección normativa es la provincia de Córdoba que es el faro de Argentina.

- Ha habido críticas porque esta ordenanza se reimpulsó en pleno contexto electoral.

- No ha sido el fin porque imagínese que esta ordenanza está presentada en 2020. Después la volví a presentar en 2021. Y llevó un proceso, que fue amalgamar las posiciones, escuchar a los especialistas, avanzar en ponerse de acuerdo. No tiene nada que ver con un tinte electoral.

- Río Cuarto no tiene este tipo de legislación. ¿Cree que se tiene que imitar en otras ciudades importantes?

- Sería importante porque hay que ponerle un marco de transparencia al ejercicio de la función pública. Creo que muchos distritos que forman parte de Córdoba, ciudades grandes como Río Cuarto, Villa María, pero también los pueblos y comunas van a estar tomando esta iniciativa y la van a estar haciendo propia porque esta ya no es una iniciativa exclusiva de la ciudad de Córdoba sino que tiene que ser una normativa para toda la provincia.