Desde aquel lejano 26 de noviembre de 2006, cuando el vecino de Villa Golf Jorge Radaelli encontró el cuerpo sin vida de Nora Dalmasso en la vivienda de los Macarrón, mucha agua pasó bajo el puente. El hallazgo del cuerpo de la víctima completamente desnudo, tendido sobre la cama de su hija con las piernas abiertas y un lazo de toalla aprisionando su cuello despertó todo tipo de especulaciones. Condicionado por los rumores previos al crimen –que para el último fiscal fueron “plantados” por el propio Marcelo Macarrón-, el fiscal Javier Di Santo demoró solo tres días en imputar al abogado Rafael Magnasco.
“Fui por lana y salí esquilmado”, admitiría tiempo después el entonces joven abogado. Agobiado por el linchamiento social a que lo sometió el rumor de su romance con la víctima, se presentó en tribunales para que le sacaran sangre y demostrar así que su ADN no coincidía con el hallado en la escena del crimen. Aunque ni siquiera conocía a Nora, Magnasco fue sindicado como su amante por Silvana Masoero, Rosario Márquez y el abogado Daniel Lacase, por entonces vocero del viudo, que aprovechó para embestir contra un colaborador de su rival político Alberto Bertea, por entonces secretario de Seguridad de la Provincia.
Era tal la orfandad de pruebas contra Magnasco que en el decreto de imputación lo acusaban de ser amante de la víctima, delito que obviamente no estaba –ni está- contemplado en el Código Penal: “El 25 de noviembre de 2006 (…) la dueña de casa, Nora Dalmasso, quien se encontraba sola, fue muerta con el mecanismo mixto de compresión manual y lazo doble ajustado al cuello, habiéndose comprobado que previo al deceso mantuvo relaciones sexuales”. Así, Magnasco fue acusado de mantener relaciones sexuales con una persona que no conocía y que había resultado “muerta” (no lo acusaban de haberla asesinado). Estuvo imputado por “sospecha leve” más de tres meses.
El 26 de marzo de 2007 –día de su cumpleaños-, la Cámara Penal declaró nulo todo lo actuado por Di Santo. En octubre, Magnasco demandó a la Provincia por daño moral y pidió un resarcimiento de un millón y medio de pesos.
El 9 de febrero de 2007, con Magnasco todavía procesado, Di Santo –con el auxilio de los fiscales Fernando Moine y Marcelo Hidalgo- imputó como autor material del crimen de Nora al “perejil” Gastón Zárate, uno de los pintores que trabajaban en las remodelaciones de la residencia de los Macarrón en Villa Golf los días previos al homicidio. A diferencia de Magnasco -que se había presentado espontáneamente en tribunales-, Di Santo libró orden de detención contra Zárate.
Lo hizo justo después de la “reconstrucción” del crimen en la casona de Villa Golf, que compartió con los abogados y el vocero del viudo.
Zárate y las prueba
¿Qué pruebas tenía Di Santo para incriminar a Zárate? El testimonio de Carlos Curiotti, que después de horas de interrogatorio en la Unidad Regional N° 9 les dijo a los policías que su amigo Zárate le había confesado el crimen. Con el “perejil” preso, trascendió que Curiotti padecía un retraso madurativo importante y que su declaración era resultado de los apremios ilegales practicados por los policías al mando del comisario Rafael Sosa. Sosa llegó desde Córdoba para resolver el caso y pese a que la Policía le otorgó los viáticos correspondientes, su estadía en el hotel Opera fue solventada por el vocero del viudo. La denuncia por apremios ilegales contra Curiotti fue archivada por Walter Guzmán; Sosa y Lacase fueron sobreseídos por Julio Rivero en la causa de dádivas.
Cuando detuvieron a Zárate, su madre salió a defenderlo públicamente. Decenas de periodistas que cubrían el caso expandieron sus declaraciones al país entero. Horas más tarde, una multitud marchaba al Palacio de Justicia para exigir la liberación de lo que consideraban un “perejil”. La espontánea movilización sacudió los cimientos de tribunales y el juez de control Daniel Muñoz ordenó la liberación de Zárate. El propio gobernador José Manuel De la Sota tomó distancia del nuevo escándalo: “La gente no les cree a los fiscales y yo tampoco”, dijo, lapidario. La segunda hipótesis –la violación seguida de muerte- caía por su propia inconsistencia.
Cuando el caso parecía naufragar, de carambola, el fiscal posó por primera vez su lupa en la familia de la víctima.
Para despejar dudas sobre la presunta contaminación de la escena del crimen, ordenó la extracción de sangre a las 16 personas que estuvieron en la habitación donde encontraron el cuerpo de Nora. Y descubrió que el patrón genético de Félix Macarrón –el suegro- era idéntico a los hallados en la escena del crimen. Félix pasó la noche del 26 de noviembre en la casa de Villa Golf a la espera de su hijo, que viajaba desde Punta del Este. Di Santo intimó a todos los Macarrón que vivían en Río Cuarto –tíos, primos, sobrinos- a donar sangre para confirmar la coincidencia. Pero solo tres tenían un “alelo nulo” que los emparentaba directamente con el presunto asesino. El círculo genético se cerró sobre Félix, Marcelo y Facundo. Di Santo eligió al hijo de la víctima.
El seis de junio de 2007, en base a la única prueba científica que hay en el expediente (el ADN obtenido de restos de semen y células epiteliales recolectadas en la escena del crimen), el fiscal imputó a Facundo Macarrón como autor material del crimen de su madre. Pese a la contundencia de la prueba genética, lo imputó por “sospecha leve”, por lo que el joven no fue detenido, como había sucedido con Zárate.
Aunque era imposible que ambos asesinaran a la misma mujer de formas diferentes y sin conocerse entre sí, ambos permanecieron imputados cuatro años.
Hasta que llegaron los esperados resultados de las pruebas enviadas al FBI por Di Santo, que le pusieron nombre propio al donante del ADN hallado en la escena del crimen: Marcelo Eduardo Macarrón.
En 2011, en base a la precisión científica obtenida en Estados Unidos, Di Santo sobreseyó al “perejil” Zárate y al joven Macarrón. Pero no imputó al viudo.
Envió un cuestionario a la directora del Ceprocor –el mismo organismo incapaz de precisar a qué Macarrón pertenecía el ADN de la escena del crimen- para saber si era posible que las muestras fueran producto de la contaminación de prendas en el lavarropas familiar. No era imposible, respondió el Ceprocor.
La causa quedó a la deriva y sin imputados hasta que en mayo de 2015 el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto denunció a Di Santo por inacción.
Ante la posibilidad de ser sometido a un juicio político, el fiscal dio un paso al costado: una simple revisión del expediente mostró que en cuatro años el único acto procesal fue ordenar que se hiciera un juego de fotocopias a solicitud de la defensa de Macarrón.
Doble imputación
A diferencia de Di Santo, al fiscal Daniel Miralles le bastó analizar los resultados de la prueba genética enviada por el FBI para imputar a Marcelo Macarrón como autor material del homicidio de su esposa. Consideró que la presencia de su ADN en el cuerpo de la víctima era evidencia incontrastable de su presencia en la escena del crimen. Se dedicó a probar la existencia de una “ventana horaria” que le permitiera a Macarrón volar desde Uruguay, matar a su esposa y volver para completar su coartada perfecta. Cuando debía elevar la causa a juicio, renunció sorpresivamente a la causa. Después se arrepintió, pero fue recusado por la defensa del viudo.
Fuera Miralles, la causa recayó en una Fiscalía acéfala, que fue subrogada por el fiscal especial contra narcomenudeo Luis Pizarro.
Al igual que su antecesor, Pizarro releyó el voluminoso expediente, amplió algunas declaraciones –en especial la de Alicia Cid, la amante del viudo-, ató los cabos sueltos y concluyó que el homicidio fue planificado por el viudo, que lo encargó a uno o más sicarios, a lo que facilitó el ingreso a la vivienda familiar para cumplir su cometido.
Restricciones a la prensa y medidas de seguridad
A escasos días del comienzo del juicio oral y público contra Marcelo Macarrón, el Poder Judicial sorprendió con un par de resoluciones que apuntan a limitar el trabajo del periodismo y su acceso a los protagonistas del proceso.
A través de su oficina de prensa, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ) recordó las limitaciones vigentes para la cobertura del juicio oral y público: solo se permitirá el registro audiovisual de la apertura del debate (acusación, alegatos y lectura de sentencia), no se podrá tomar imágenes de los testigos, ni hablar con los miembros del tribunal, ni con los jurados populares. Tampoco se permitirá el ingreso de periodistas a la sala de audiencias con celulares (sí podrán hacerlo los jueces, el fiscal y los abogados de Macarrón).
Por su parte, desde la administración de los tribunales locales se informó a los trabajadores que desde mañana se cerrará la calle Corrientes (que une el Palacio de Justicia con el Centro Cívico) y habrá vallados alrededor del imponente edificio. Además, se restringirá el uso de la cochera –solo podrá ser utilizada por personal autorizado, que deberá exhibir una oblea al personal policial- y se restringirá al máximo la circulación en el predio. Pese a que las audiencias se harán de martes a jueves, el operativo regirá de lunes a domingo.
Los administradores recuerdan que siguen vigentes los protocolos contra el Covid 19 (uso de barbijo, distanciamiento y sanitización) y piden comprensión a los trabajadores: “Confiamos en que sabrán comprender las molestias que estas medidas ocasionen”, concluyen para justificar las inusuales medidas de seguridad adoptadas para afrontar un juicio penal.