José Luis Oberto, el secretario general del gremio de empleados de comercio y director nacional de Osecac, será indagado el mes que viene como imputado en la causa en que se investiga una maniobra de fraude por al menos 53 millones de pesos en contra de la propia obra social. El riocuartense está implicado junto a otros cinco directivos, entre los que se incluye el poderoso Armando Cavalieri, que enfrentan la acusación de defraudación y administración fraudulenta.
Según confirmaron ayer desde la Justicia Federal, Oberto deberá presentarse a indagatoria el próximo 19 de junio, junto con Cavalieri, quien había pedido retrasar la presentación, y todos los demás imputados.
En su última aparición pública, el sindicalista riocuartense había señalado que su imputación no estaba oficializada, que sólo se trataba de rumores porque nadie le había notificado ninguna acusación desde el juzgado federal de Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Las imputaciones habían sido adelantadas por el fiscal Enrique Senestrari y fueron confirmadas luego por el juez. Ahora, además, hay fecha de indagatoria y, por lo tanto, Oberto y los demás directivos están formalmente imputados.
El secretario general de Agec, que además es el sindicalista más gravitante de la ciudad, tiene un imporatante cargo en la conducción de Osecac en el país: es uno de los directores nacionales.
Según la acusación original de Senestrari, Oberto habría formado parte de los dirigentes que emitían cheques para ejecutar maniobras irregulares, que consistían en que Osecac pagaba por prestaciones que no se concretaban.
El caso surgió como uno de los derivados de la causa CBI, la financiera cordobesa que se había convertido en una mesa de dinero para los poderosos de Córdoba.
La maniobra que el fiscal describió en la acusación implicaba que los directivos de Osecac le habrían hecho pagar a la propia obra social que administraban prácticas inexistentes. Esos fondos iban a pagar a la financiera CBI. Según la estimación de Senestrari, el fraude habría alcanzado los 53 millones de pesos entre septiembre de 2010 y agosto de 2012. En el relato de los hechos, la Fiscalía planteó que se habrían creado empresas fantasma, entre ellas Halabo SA y Jotemi SA, que cobraban las prestaciones pero, en realidad, no hacían nada. Los fondos iban a la financiera y habrían sido entregados a Bruno Cricco, otro imputado, que les daba un destino distinto al que aparecía en los registros de Osecac.
Senestrari había señalado públicamente que los cheques emitidos por los directivos de Osecac no cumplían con las correctas técnicas bancarias definidas para esos casos. Por ejemplo, los valores debieron salir cruzados o no a la orden, para poder seguir su ruta y garantizar que el destinatario es quien figura en los documentos y nadie más.
Lavado de activos
“Era una maniobra de lavado de activos. Hacían circular los cheques y los hacían aparecer como pagos de operaciones lícitas como la venta de camionetas, cuando en realidad era dinero que tendría que haber ido a parar al pago real de prestaciones médicas que se realizaban para afiliados de la obra social. La maniobra que vimos es que los cheques no cumplían con los requisitos de técnica bancaria, que indica que este tipo de pagos tienen que hacerse con cheques cruzados o no a la orden, que es una modalidad que impide que un cheque circule por cualquier mano y permite que se haga una auditoría en la que se pueda ver que lo que salió de la obra social llegó efectivamente al prestador que hizo la práctica de salud a un afiliado”, había declarado el fiscal federal a este diario.
La participación de Oberto surgía a partir de que era uno de los directores que firmaban los cheques de Osecac. En su defensa, públicamente dijo que firmaban 12.000 documentos por mes y que les era imposible garantizar el recorrido. La postura de Senestrari es la contraria: que adrede se evitaron modalidades de cheques que habrían sido más seguros.
Cuando surgió la acusación Oberto manifestó que podría tratarse de una maniobra política.
En su última aparición pública, el sindicalista riocuartense había señalado que su imputación no estaba oficializada, que sólo se trataba de rumores porque nadie le había notificado ninguna acusación desde el juzgado federal de Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Las imputaciones habían sido adelantadas por el fiscal Enrique Senestrari y fueron confirmadas luego por el juez. Ahora, además, hay fecha de indagatoria y, por lo tanto, Oberto y los demás directivos están formalmente imputados.
El secretario general de Agec, que además es el sindicalista más gravitante de la ciudad, tiene un imporatante cargo en la conducción de Osecac en el país: es uno de los directores nacionales.
Según la acusación original de Senestrari, Oberto habría formado parte de los dirigentes que emitían cheques para ejecutar maniobras irregulares, que consistían en que Osecac pagaba por prestaciones que no se concretaban.
El caso surgió como uno de los derivados de la causa CBI, la financiera cordobesa que se había convertido en una mesa de dinero para los poderosos de Córdoba.
La maniobra que el fiscal describió en la acusación implicaba que los directivos de Osecac le habrían hecho pagar a la propia obra social que administraban prácticas inexistentes. Esos fondos iban a pagar a la financiera CBI. Según la estimación de Senestrari, el fraude habría alcanzado los 53 millones de pesos entre septiembre de 2010 y agosto de 2012. En el relato de los hechos, la Fiscalía planteó que se habrían creado empresas fantasma, entre ellas Halabo SA y Jotemi SA, que cobraban las prestaciones pero, en realidad, no hacían nada. Los fondos iban a la financiera y habrían sido entregados a Bruno Cricco, otro imputado, que les daba un destino distinto al que aparecía en los registros de Osecac.
Senestrari había señalado públicamente que los cheques emitidos por los directivos de Osecac no cumplían con las correctas técnicas bancarias definidas para esos casos. Por ejemplo, los valores debieron salir cruzados o no a la orden, para poder seguir su ruta y garantizar que el destinatario es quien figura en los documentos y nadie más.
Lavado de activos
“Era una maniobra de lavado de activos. Hacían circular los cheques y los hacían aparecer como pagos de operaciones lícitas como la venta de camionetas, cuando en realidad era dinero que tendría que haber ido a parar al pago real de prestaciones médicas que se realizaban para afiliados de la obra social. La maniobra que vimos es que los cheques no cumplían con los requisitos de técnica bancaria, que indica que este tipo de pagos tienen que hacerse con cheques cruzados o no a la orden, que es una modalidad que impide que un cheque circule por cualquier mano y permite que se haga una auditoría en la que se pueda ver que lo que salió de la obra social llegó efectivamente al prestador que hizo la práctica de salud a un afiliado”, había declarado el fiscal federal a este diario.
La participación de Oberto surgía a partir de que era uno de los directores que firmaban los cheques de Osecac. En su defensa, públicamente dijo que firmaban 12.000 documentos por mes y que les era imposible garantizar el recorrido. La postura de Senestrari es la contraria: que adrede se evitaron modalidades de cheques que habrían sido más seguros.
Cuando surgió la acusación Oberto manifestó que podría tratarse de una maniobra política.
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